¿ES HORA DE CREAR UN SISTEMA UNIVERSITARIO

LATINOAMERICANO?

Néstor-Hernando Parra

Europa trata de recobrar tiempo en la integración de un sistema de educación superior que permita la apropiación del espacio social y cultural común por la juventud universitaria, los profesores, los investigadores y los profesionales de las naciones de la Unión Europea. En 1988 se firmó la Charta Universitatum de Bolonia. Diez años después, en La Sorbona, surge el concepto de Espacio Europeo de Educación Superior,  entrelazando calidad de la educación con calidad de vida y respondiendo a una demanda real de hacer los estudios más homogéneos, en cuanto a contenidos y títulos, que faciliten la movilidad,  integración del mercado laboral, incrementen la competitividad internacional del sistema europeo y el desarrollo global del continente. En 1999 los Ministros de Educación firman la Declaración de Bolonia, que versa sobre un sistema de títulos; adopción de dos ciclos, el primero (mínimo tres años) califica para el mercado laboral y el segundo para la especialización o la academia; un sistema de créditos, (similar al adoptado por varias universidades colombianas desde los sesenta y hoy materia de “rebelión” en la Universidad Nacional); la promoción de la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores y personal técnico-administrativo; garantía de calidad,  basada en diseños de criterios y metodologías comparables y compatibles; y al desarrollo curricular, colaboración interinstitucional, planes de movilidad y programas integrados de estudio, formación e investigación. Como la fecha límite para el funcionamiento del nuevo sistema –y la eliminación del actual- es al final de este decenio, los gobiernos -entre ellos el español- han adoptado normativas legales, a nivel central y regional, estableciendo líneas de acción para que las universidades modifiquen su actual sistema y adopten el nuevo gradualmente. Esta tarea se concentra en la revisión curricular –que tiene que replantear objetivos profesionales para el primer ciclo y objetivos de especialización o académicos del segundo- con la adopción de un sistema, en todas las instituciones europeas, de la medición del trabajo del estudiante en clase e independiente. El punto de encuentro  es el de la homologación para todos los países de la UE, con pleno respeto a la diversidad de culturas, lenguas, sistemas nacionales de enseñanza y autonomía universitaria. Así se va a poder ejercer realmente la ciudadanía  en el espacio europeo.

Los compromisos de integración Andina para el 2005 (Decisiones 503, 545 y 583) son trascendentales. Consagran la libre movilidad de los ciudadanos, inclusive de trabajadores, técnicos y profesionales. Loables acuerdos. Pero, ¿cómo se va a ejercer el derecho al trabajo de los “comunitarios”, la homologación de sus estudios, de sus títulos profesionales y académicos? ¿Las Universidades han asumido algún papel en la integración humana y laboral que se avecina? ¿El Convenio Andrés Bello  está auspiciando investigaciones y sugiriendo planes para hacer efectivo ese nuevo esquema? ¿Se han apersonado las asociaciones o colegios profesionales de los países andinos de esta próxima realidad? ¿Los gremios económicos y las fundaciones están jugando algún papel en este nuevo escenario? Y, por sobre todo, ¿los gobiernos, debidamente coordinados, han fijado pautas para que las Universidades adopten medidas curriculares, de contenidos y metodologías, de las carreras profesionales?. O, como parece, ¿se dejará todo a las oficinas de homologación que funcionan en cada país?

Una de las formas para realizar cambios internos en una nación es mediante la legislación “supranacional” expresada en Convenios o Tratados, de obligado cumplimiento para “las partes”. Parecería, entonces, que es la oportunidad para gestionar acuerdos en la Comunidad Andina, y ojalá latinoamericana, para  sentar las bases que permitan la integración educativa, eleve la calidad académica y facilite el ejercicio de competencias ciudadanas ampliadas al espacio de la región.

Sería deseable que el sistema  aprehendiera principios mínimos comunes para satisfacer el doble objetivo de contar con un sistema nacional, con clara vocación hacia la integración regional de la educación superior, tales como:

El papel del estudiante es aprender. Su aplicación permitiría acabar con el sistema pasivo del educando. Es lamentable escuchar que todavía en algunos programas de universidades de amplio reconocimiento,  el alumno llegue a clase a tomar “apuntes” y que el profesor “dicte” a sus universitarios para que ellos copien. Vergonzoso. Pero, lo peor del relato de una profesora y comunicadora social en el reciente Coloquio organizado por el Ministerio, es que el alumno se “rebela” a cambiar su rol y condene con altanería al docente que intente adoptar un método de enseñanza-aprendizaje moderno (¿?). La Universidad no está hecha para enseñar, sino para que el estudiante aprenda.

Definición de objetivos. La formación por ciclos (técnico, profesional, de especialización y académico) demanda la formulación de objetivos claros, independientes, pero encadenados.

Planeamiento curricular integrado. Los estudios superiores tienen que atender tres competencias: básicas, según el área de conocimiento,  transversales que apuntan a la formación en valores de todos los ciudadanos, y profesionales que tienen relación directa con su futura actividad laboral. Eso también permite mejor eficiencia en la administración de recursos institucionales.

Metodología para “buscar”el conocimiento. De la sociedad de la información pasamos a la del conocimiento, abundante, cambiante y disperso en cuanto a las fuentes que lo producen. Por ello, tiene razón el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios, cuando afirma (El Tiempo 8-10-2004) que: “Más importante que tener mucho conocimiento es saber cómo se llega a él, donde conseguirlo y qué hacer con él.”

Despertar el espíritu investigativo, mediante actividades conjuntas entre profesores y estudiantes, facilitando la publicación de sus logros.

Medición del trabajo (créditos académicos) que sirva para la movilidad del estudiante de un programa a otro y  reconocimiento de estudios de una institución a otra, nacional o extranjera, de la región o internacional. Esta es la expresión concreta del principio de flexibilidad curricular.

Evaluación y Acreditación que faciliten la homologación internacional, bien en forma voluntaria u obligatoria (particularmente para establecer mínimos de calidad).

Educación continuada, que ofrezca, ante el avance permanente del conocimiento, un sistema de actualización y de servicio a la comunidad en general.

¿Es hora de emprender acciones de integración latinoamericana?

Bogotá, octubre 12 de 2004