Luis A. Villar, médico y profesor de la UIS

Han transcurrido diez años desde cuando se impuso una ley de supuesta cobertura universal en salud, que introdujo al capital financiero convirtiendo la salud en mercancía, eximió de su papel rector y de finan­ciamiento al Estado y, con la creación de los fondos de solidaridad trasladó esta última responsabilidad a los trabajadores. Los cálculos más bondadosos con el nuevo sistema estiman que 52% de la población no cuenta con ningún tipo de aseguramiento, muy a pesar de que el monto del dinero dedicado al sector no tiene antecedentes pues hoy está entre el 9% y el 11% del PIB.

En un intento por describir el panorama de la salud en Colombia, examinemos al menos cuatro aspectos que ponen al desnudo el balance negativo de la política neoliberal aplicada en la última década.

Deterioro de la salud pública

Aunque en los años noventa no estábamos bien, hoy todos los indicadores importantes señalan un retroceso en la calidad de la salud de los colombianos. Han aumentado significativamente los índices de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las mentales y las transmisibles, entre otras.

En salud mental, mientras sólo existen mil cien siquiatras registrados en todo el país, y al tiempo que desapareció del Ministerio la División de Salud Mental, doce millones de colombianos padecen algún tipo de trastorno que requiere atención especializada. A lo cual se suma la más aguda crisis financiera y técnica de todos los centros de atención siquiátrica.

La tuberculosis, enfermedad secular­mente ligada a la desnutrición y la pobreza, se ha incrementado año tras año, aumentando la resistencia a los antibióticos en niveles alarmantes.

El más notorio de los retrocesos ha ocurrido en enfermedades transmisibles como sida, tuberculosis y las transmitidas por vectores (ETV) como la fiebre amarilla, el dengue y la malaria, enfermedades que han resurgido a niveles semejantes a los observados en la primera mitad del siglo XX.

Acaba de ocurrir el más grave brote de fiebre amarilla en los últimos cincuenta años, el más delicado de la última década en toda América. Esta epidemia dejó al descubierto la fragilidad de la salud pública nacional y la débil capacidad de respuesta del Estado. Hubo que importar vacunas del Brasil después de que fuimos por décadas un país exportador, y quedó al descubierto que solamente una mínima parte de la población expuesta, el 5%, estaba vacunada al inicio del brote. Durante la primera mitad del siglo pasado, la capacidad estatal superaba con creces a la actual, el Estado colombiano era proveedor de vacuna antia­marílica para el Continente y tenía el Servicio de Erradicación de la Malaria y Control de Vectores (SEM), institución que entrenaba personal de otros países y era visitada por su interés científico. La situación revela una alta susceptibilidad de la nación a sufrir epidemias y al empeoramiento de enfermedades crónicas como las cardio­vas­culares y el cáncer.

Destrucción de la Red Hospitalaria

La Ley 100 obligó a los hospitales públicos a convertirse en Empresas Sociales del Estado y eliminó la financiación estatal a la oferta, dando paso al subsidio a la demanda para condenarlos a vender y facturar servicios. El efecto ha sido devastador para toda la Red Hospitalaria Pública, por la «cultura del no pago» del gobierno como responsable de la factura de los mal llamados «vinculados», que representan la mitad de la población, a pesar de que gran parte de los dineros para tal fin son recaudados del descuento obligatorio que se hace de los salarios de los trabajadores del Estado y de las rentas cedidas.

Además, los hospitales de pequeños y medianos municipios, muchos de ellos construidos con el esfuerzo de las propias comunidades, han sufrido un drástico recorte en la financiación del gobierno central.

En un hecho sin antecedentes en la historia del país, numerosos hospitales vienen siendo cerrados. Esto incluye grandes centros de atención para la población des­protegida como el San Juan de Dios y el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, de Bogotá, y los Hospitales Universitarios de Cartagena y de Caldas. Amenazan correr la misma suerte el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga, el de Cúcuta, el de Popayán y el San Jorge de Pereira, entre una veintena de distintos departamentos.

Para finales del 2003 la deuda de la Nación a diecinueve hospitales públicos por la atención a los «vinculados», desplazados, subsidiados y de Fisalud, era de 663.570 millones de pesos. (El Tiempo, 22 de enero de 2004). En abril, a sólo ocho de los principales hospitales de tercer nivel, el Estado les adeudaba 535 mil millones de pesos (Ámbito Salud, periódico Legis, abril 28 de 2004). En febrero, a la Red Hospitalaria del Valle se le adeudaban 74 mil millones de pesos y al Ramón González Valencia de Bucaramanga, 55 mil millones de pesos.

Ante los reclamos de distintos sectores, el gobierno uribista responde que «los hospitales son empresas no rentables» y que toca cerrarlas, pero oculta que a esos hospitales les sobran «clientes» y que el responsable de financiarlos es el gobierno, que no paga.

La Contraloría ha denunciado que en TES y CDT existen 2,5 billones de pesos del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías), captados de los salarios de los trabajadores estatales y con los cuales se podría saldar la deuda con los hospitales públicos, pero que están respaldando deuda pública con la banca internacional.

Aseguramiento, negocio del capital financiero

La Ley 100 ha sido un poderoso instrumento de enriquecimiento para el capital privado dedicado a la intermediación y al aseguramiento. Semana, al reseñar las cien empresas más grandes de Colombia, informa que se destacan Salud­coop, Coomeva, Colsánitas, Medici­na­Pre­pagada, Susalud y SaludTotal. Las cinco tuvieron ventas en 2003 por 2,02 billones de pesos, de los cuales solo Saludcoop facturó 1,3 billones, superando los ingresos operacionales de Bancolombia, el primer banco del país, que solo alcanzó1,17 billones.

En una década Saludcoop pasó de 2.500 millones de pesos en activos a 237 mil millones. Y es ahora una de las veinte empresas más grandes del país y la tercera en número de empleados después de Almacenes Éxito.

La conversión de la salud en mercancía convirtió el aseguramiento en un gran negocio, al punto que las decisiones médicas se orientan ahora por la necesidad de las EPS y ARS de buscar rentabilidad y ganancia para sus accionistas. Bajo las acciones auspiciadas por un grupo de quinta­columnistas del sector privado que desde adentro velaron por reducir la capacidad operativa y técnica del ISS, sabotearon la afiliación de nuevos usuarios y previnieron negativamente a la población que ingresaba al ISS, todo ello para fortalecer las EPS privadas.

 Afectado gravemente el Seguro, principal regulador de los intereses privados en el sector salud, se registró la permisibilidad gubernamental para que las EPS privadas emerjan como trusts, mediante el llamado «crecimiento vertical», que no es otra cosa que la conformación de monopolios. Estas empresas de salud se venden a sí mismas la atención en clínicas propias, aspiran a crear sus propias empresas de empaques de medicamentos y a contar con sus facultades de medicina para la formación del recurso humano ajustado a sus propias necesidades de contención de costos.

Con la creación de las siete ESE del ISS parece haberse planeado la estocada final contra el Instituto. Estas deben facturar lo necesario para sostener los gastos de funcionamiento en cada región del país en una situación en la cual han disminuido los afiliados, y por ende los ingresos.

Las ARS también se han convertido en parte del monopolio de las EPS. El gobierno nacional, a partir del decreto 1804 de 1999, fijó como requisitos para administrar el régimen subsidiado tener 200 mil afiliados (50 mil en algunos casos excepcionales) y acreditar un patrimonio mínimo de diez mil salarios mínimos mensuales. Así, las ARS pasaron de ser 275 en 1999 a 41 en junio de 2001, aumentando a su vez la participación de las EPS dentro del total de ARS y eliminando casi totalmente a las ESS (Empresas Solidarias de Salud), que en muchos casos eran superiores en la calidad y pertinencia de los servicios prestados.

El gobierno les pagó a las ARS para que atendiera a 7.500.000 personas, y solamente atendieron a menos de la mitad. Como consecuencia, en 1996, las ARS se embol­sillaron el 56,58% de los recursos de la salud como gastos de administración. Para 1998, la cifra alcanzó al 40%. Es tanta la aberración que el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social, Cnsss, definió que del presupuesto que les entreguen los entes territoriales, deben gastar en atención como mínimo el 75%. Cosa que tampoco se cumple. Son conocidas también las denuncias de los hospitales porque las ARS y las EPS les niegan el pago de las cuentas o las demoran varios meses, incluso años.

 Desmejoramiento de las condiciones laborales

En asocio con los funcionarios del gobierno uribista, las EPS privadas han intentado hacer aprobar en el Congreso de la República un proyecto de ley que abra las puertas a la graduación de profesionales de la salud sin el concurso de una universidad, y contar con escuelas de formación en la que los egresados se ajusten a la concepción de una prestación del servicio de salud basada en la rentabilidad. Con iguales propósitos, el gobierno ha presentado nuevamente al Congreso su proyecto de ley, identificado con el número 226, anexándole las correspondientes adecuaciones al manejo del recurso humano dentro del TLC.

Paralelo al proceso de arrasamiento de la salud pública y de la Red Hospitalaria, el gobierno ha insistido en echarles la culpa de la crisis a los trabajadores, para lo cual ha suprimido los derechos de asociación y contratación. Igualmente el efecto sobre las remuneraciones y derechos de los profesionales ha sido devastador. Se han destruido las bases del profesionalismo, eliminando el acceso a la actualización en el conocimiento, suprimiendo la autonomía para la toma de decisiones en desmedro de la calidad de la atención, disminuido el tiempo de atención a los pacientes y recortado los medicamentos prescritos y las pruebas de diagnóstico.

Reforma uribista a la Ley 100, más de lo mismo

Ante la grave situación del sistema de salud del país, el gobierno nacional propone soluciones con más de la misma política. En el proyecto de ley presentado, mientras aumentan los recursos para fortalecer el sistema de aseguramiento favoreciendo el monopolio de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, se reducen drás­ticamente los recursos para la financiación de los hospitales. A la vez se les exigen nuevos ajustes de las plantas de personal y contratación a destajo de los trabajadores, y se sientan las condiciones para liquidarlos ante la imposibilidad de ser autosos­tenibles después de los procesos de ajuste.

El mencionado proyecto es aprovechado por el gobierno para evadir el pago de las deudas por paripassu (un peso del gobierno por cada peso aportado por los trabajadores) y por la atención a vinculados en los once años de aplicación de Ley 100, reducir en un 60% la pingüe financiación de la atención de la población no asegurada a través del SGP. Quienes no logren acceder a los carnés de las EPS, dejarán de existir para el sistema de salud.

Convocamos a conformar el más amplio frente para derogar la nefasta Ley 100, eliminar la intermediación financiera en la salud, lograr la financiación estatal de la red pública hospitalaria y el respeto a los derechos de los trabajadores y profesionales de este sector.