Carta a Francisco Santos

Bernardo Pérez Salazar

Abril 1 de 2005

Señor
FRANCISCO SANTOS CALDERÓN
Vicepresidente de la República
Cra. 8A No. 7-57
Bogotá, D. C., COLOMBIA
fsantos@presidencia.gov.co

La región del Darién colombiano, a la cual pertenece el Urabá antioqueño donde hoy se investiga la reciente masacre cometida contra integrantes de la Comunidad de Paz del San José de Apartadó, fue hasta hace poco un escenario principal de numerosas crisis humanitarias. La intensidad de estos episodios puede constatarse en las estadísticas de homicidios registradas entre 1985 y 2000 para los municipios que tiene jurisdicción sobre esta región perteneciente a los Departamentos de Antioquia y Chocó.

El origen de la violencia intensa y persistente en esta región está asociado con el establecimiento de la base productiva de la agroindustria bananera que asistió la región a partir de 1965 en las más precarias condiciones ofertas institucionales públicas o privadas para mediar en los conflictos laborales y sociales provocados por que el choque de inversión y la migración masiva que esta ultima motivo. De esta manera, se abrió el espacio para que las protestas laborales y sociales fueran subordinadas a los proyectos político-militares de los grupos insurgentes armados, justificando así la generalización de prácticas extorsivas, que primero, llevaron al fortalecimiento y desdoblamiento de la capacidad militar de esos grupos armados, y luego, a una espiral incontrolada de violencia retaliatoria contra la población civil de la zona.

Como era de esperarse, este clima de desprotección y violación fragrante de los derechos humanos a atrajo a la región a numerosos grupos de activistas defensores de los derechos humanos, los cuales, fueron fuertemente estigmatizados en la región por parte de grupos de justicia privada que finalmente “pacificaron” la región bajo la orientación ideológica y militar de las Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá. Ante el peligro inminente representado por las amenazas en contra de los defensores de los derechos humanos, la gran mayoría de estos grupos de activistas optó por abandonar la zona. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es una de las muy contadas excepciones que han permanecido en la región a pesar del ambiente hostil hacia su actividad. Y desde 1997 los integrantes de Justicia y Paz han sido señalada reiteradamente por las autoridades como “sospechosos” de ser auxiliadores de la guerrilla, en particular por el acompañamiento y apoyo activo que han brindado a las “zonas humanitarias” que se establecieron desde finales de los años 90 en la región del Darién colombiano.

Desde principios de la primera década de este siglo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a sido constantemente hostigada por las denuncias que ha realizado en relación con el establecimiento de zonas de plantación agroindustrial de palma africana en la siembra de palma aceitera en Territorios Colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, localizados principalmente en el municipio de Riosucio del Departamento del Chocó.

Recientemente se produce una amenaza de muerte en contra de uno de los integrantes de la esta organización de defensa de los derechos humanos luego del desarrollo de la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 12 de marzo, donde la Comisión de Justicia y Paz presentó coincidencias entre los desplazamientos forzosos de la comunidades y el emplazamiento de unidades militares con el establecimiento irregular de plantaciones de palma africana en territorios de territorios de titulación colectiva de comunidades negras en el municipio de Riosucio, Chocó. Se trata de un conflicto cuyo origen se remonta a la aprobación del artículo transitorio 55 de la Constitución Política Nacional de 1991. Para su conocimiento, adjunto un documento corto con los antecedentes de esta situación, que se basa no sólo en fuentes como la Comisión de Justicia y Paz sino también la Defensoría el Pueblo.

Atendiendo a lo anterior, y para prevenir la ocurrencia de cualquier daño irreparable contra la vida e integridad personal de integrantes de Justicia y Paz ,que luego pueda comprometer la responsabilidad del Estado por acción u omisión al igual que por comisión por omisión, comedidamente solicitamos a Ud. tomar las medidas que corresponden a su cargo para:

1.- Garantizar las medidas cautelares resueltas a favor Comisión de Justicia y Paz desde el año 2003.

2. Expresar públicamente el compromiso del gobierno nacional de garantizar la labor de acompañamiento a las comunidades en el Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño que realizan las organizaciones humanitarias en el presente.

3. Ordenar la abstención de realizar señalamientos públicos o abiertos durante el desarrollo de operaciones militares contra los defensores de derechos humanos y velar por la sanción inmediata de los militares que incumplen esta directiva oficial.

Del señor Vicepresidente, nos suscribimos,

Bernardo PÉREZ SALAZAR - Bogotá

Adjunto: lo anunciado