Francisco Gutiérrez Sanín1

1. INTRODUCCIÓN

Antes de estudiar las causas del origen y persistencia del conflicto colombiano, hay que definir sobre qué se está hablando. Me atendré a la periodización que he propuesto en textos anteriores2. Colombia ha vivido dos grandes oleadas de guerra civil: la que se conoce como La Violencia, y la que llamaré aquí guerra [contra]insurgente. La primera va aproximadamente de finales de la década de 1940 a comienzos de la de 1960. La segunda comienza por entonces, y se prolonga hasta hoy. Me concentraré en la segunda. Ambas oleadas están orgánicamente conectadas (ver sección 2) y muestran muchas continuidades, pero son distintas en sus protagonistas, principales motivos, y lógicas subyacentes.

1 Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Director del Observatorio de Restitución y Derechos de Propiedad Agraria, http://www.observatoriodetierras.org/. Agradezco los valiosos comentarios de Elisabeth Wood, así como los insumos y aportes de Fabián Acuña, Rocío Peña y Margarita Marín. Es claro que todos los errores e inadvertencias que pueda contener este texto son responsabilidad exclusivamente mía.

2 Ver por ejemplo Francisco Gutiérrez y Juan Carlos Guataquí, The Colombian case. Peace making and power sharing. The National Front and New Constitution Experiences", 2009 disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTCONFLICT/Resources/ColombiaFinal.pdf

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La guerra contrainsurgente, a su vez, tiene dos momentos claves. El primero es, obviamente, el de la creación de las guerrillas de inspiración marxista. Pero para formar un grupo armado no estatal basta, en realidad, con el acto de voluntad de un puñado de personas. Varias guerrillas surgieron en América Latina en la década de 1960; muy pocas sobrevivieron3. Entre ellas se cuentan las colombianas. ¿Por qué? Esa es mi pregunta por los orígenes. Sin embargo, las guerrillas colombianas fueron en los 60s en general bastante marginales. El segundo momento clave tiene lugar a finales de la década de 1970. Es entonces cuando Colombia cae, desde cualquier indicador razonable que se use, en un estado de guerra civil. Y ella dura hasta hoy, constituyéndose en el conflicto nacional más prolongado del mundo. ¿Por qué entró el país en guerra? ¿Por qué se prolongó ésta de una manera tan extraordinaria? ¿Y cómo lo hizo? Estas son mis preguntas por la persistencia.

Cualquier texto sobre los orígenes, persistencia y victimizaciones de un conflicto tan complejo como el colombiano tiene que estar rodeado de advertencias preliminares. Hay muchas cosas sobre nuestra guerra que ignoramos. Hay otras tantas sobre las que hay importantes debates abiertos. Se trata de problemas que no son fáciles de resolver. La experiencia de otros países sugiere que tales discusiones se pueden prolongar por décadas, y ocupar volúmenes enteros de literatura erudita. Esto, por supuesto, no equivale a sugerir que todo vale: a medida que va surgiendo más y más evidencia, menos proposiciones son capaces de dar cuenta de ella. Pero sí implica recordar que toda afirmación que se haga sobre nuestro conflicto es necesariamente parcial y está enunciada desde un debate en curso. Además, este texto en particular fue escrito dentro de limitaciones extremas de tiempo y espacio. Ninguna de ellas puede constituirse en coartada para el error o la incuria, pero ambas se reflejan en la cantidad de temas que omití, o subsumí, en la argumentación general. El conflicto colombiano se ha desarrollado en medio de una vigorosa modernización tanto de la sociedad como del estado. Dio origen a toda una serie de procesos de paz, con experiencias ricas y variadas. Se transformó al calor de una espectacular apertura democrática (la Constitución de 1991). Se produjo en medio de un cambiante entorno internacional, que fue de la guerra fría al post-consenso de Washington, pasando por múltiples etapas intermedias. Involucró de distintas maneras a la iglesia

3 Incluidas las de aquellos países que experimentaron guerras propiamente dichas. Ver por ejemplo el caso peruano, en el que las primeras insurgencias de la década de 1960 fueron rápidamente batidas.

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católica. Generó terribles tragedias sociales y humanas. Nada de esto aparece, o lo hace de manera apenas marginal, en la exposición que sigue. Salvo la última sección, me concentro en los factores que considero inmediatamente relevantes para la explicación del origen y persistencia de nuestra guerra.

En esta labor de exclusión temática me ha ayudado la convicción de que cualquier explicación seria de nuestra tragedia tiene que poder sobrevivir a algunos exámenes comparativos básicos. Por ejemplo, se podrá dar al neoliberalismo la connotación y significado que se quiera, pero con cada uno de ellos encuentra uno que hubo muchos países que sufrieron transformaciones neoliberales radicales sin caer o persistir en la guerra4. Algo análogo se puede decir de la teoría de la seguridad nacional y de las políticas contra-insurgentes promovidas por los Estados Unidos. Creo que está probado más allá de cualquier duda razonable que jugaron un papel muy negativo en América Latina5. Pero se aplicaron en muchos países, con desenlaces radicalmente diferentes. Trato de concentrarme aquí en los factores que definen la especificidad colombiana, y que por consiguiente podrían sostener una explicación plausible frente a una perspectiva comparada. También trato de encontrar las razones que permitan entender la manera en que se desarrolló nuestra guerra, es decir, el cómo. Por ejemplo, ninguna explicación que se concentre solamente en el nivel del régimen político puede ayudar a entender por qué vivimos una coexistencia tan prolongada entre democracia y conflicto, o por qué observamos una variación subnacional tan marcada en las dinámicas de éste.

Por tanto, presento una narrativa que no procede de manera estrictamente secuencial, por ejemplo considerando eventos año por año o períodos presidenciales consecutivos. Simplemente, discuto en dos grandes bloques las condiciones diferenciadoras asociadas a los fenómenos que quiero explicar. Comienzo por los orígenes, destacando cinco factores (herencias de La Violencia, desigualdad agraria creada a través de la asignación política de los derechos de propiedad, exclusiones institucionales del

4 Francisco Gutiérrez, Gerd Schönwalder, Economic Liberalization and Political Violence: Utopia or Dystopia?, London: Pluto Press, 2010. De hecho, muchos países transitaron hacia la paz a caballo de diseños neoliberales. Las interacciones entre estas aperturas y la movilización desde abajo han sido estudiadas por Elisabeth Wood, Forging democracy from below. Insurgent transitions in South Africa and El Salvador, Cambridge University Press, 2000
5 Hay ya muchos trabajos sobre el tema. Ver por ejemplo J. Patrice McSherry, Predatory states. Operation Condor and covert war in Latin America, Rowman & Littlefield, 2012

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campesinado por debajo del nivel del régimen político, dinámicas centrífugas y bloqueadoras dentro del sistema político, y la reapertura del acceso a la provisión privada de la seguridad). Después, me concentro en la persistencia; allí escojo otros cinco factores claves, que desarrollan los que permitieron los orígenes (o se superponen a ellos), y analizo sus interacciones mutuas. Dichos factores son: narcotráfico, patrones de violencia de la guerrilla contra los civiles, masiva provisión privada de la seguridad, articulación de ésta a orientaciones estratégicas de agencias nacionales, y articulación densa entre actores legales e ilegales dentro del sistema político. Las consecuencias para el país son devastadoras, cosa que ilustro en la sección sobre victimización. Pero a la vez encuentro importantes puertas de salida.

Paolo Rossi decía en su libro extraordinario6 que los investigadores se dividían entre "arañas", que miraban el panorama general y las grandes tendencias, y las "hormigas", que trabajaban en el suelo con todos los detalles del material a la mano. Me imagino que lo mejor sería tratar de combinar las virtudes de ambos estilos. Independientemente de que alcanzar tal ideal sea posible, dado el diseño de este ejercicio es inevitable aquí "hablar como araña" y omitir la sustentación empírica de muchas afirmaciones, y pasos intermedios en los razonamientos. Por eso remito con alguna frecuencia a trabajos míos que tratan sobre problemas análogos, y en donde se encuentran las referencias empíricas y los análisis más detallados relacionados con algunas de las proposiciones que sustentan la narrativa: no por vanidad de autor, que es una de las más detestables, sino por sentido de responsabilidad de hormiga. Pero por supuesto me apoyo también continuamente en el ya amplio y rico panorama que ofrecen las ciencias sociales colombianas.

No sobra advertir que no he querido aquí simplemente hacer de amanuense de una sucesión de horrores. Este texto está escrito como una apuesta por la paz. Esto implica criticar a todos los actores del conflicto, pero con la expectativa de ayudar a buscar formas civilizadas para salir de él. Incluso si se acierta, esto puede ser muy doloroso. Uno de los fundadores de la ciencia política, Ostrogorsky, decía de su estudio clásico sobre los partidos que esperaba que todos los actores sobre quienes estaba hablando quedaran un poco

6 Paolo Rossi, Los filósofos y las máquinas, 1400-1700. Barcelona: Nueva Colección Labor, 1966

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insatisfechos7: ese era el síntoma clave que lo dejaría tranquilo. Guardadas todas las proporciones, abrigo las mismas expectativas.

2. SOBRE LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO

Las guerrillas colombianas de inspiración marxista se crearon en los primeros años de la década de 1960. En ese sentido, no hay mayores diferencias entre Colombia y el resto de América Latina, en donde aparecieron por entonces muchas insurgencias inspiradas en motivos y discursos revolucionarios provenientes de la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba. En este período temprano, la mayoría de las guerrillas latinoamericanas actuaron en medio de un gran aislamiento8. En Colombia se presentó un fenómeno análogo. Salvo episodios como Marquetalia, las guerrillas se desarrollaron al margen de los debates centrales de un país que se modernizaba y urbanizaba aceleradamente y cuyos niveles de movilización social aumentaban de manera visible9. Como ha mostrado Vélez, el grueso de la actividad guerrillera temprana se desarrolló en las periferias demográficas y territoriales del país10. Esto condujo a que en muchos casos se adelantara en Colombia lo que ha llamado Broderick "una guerra imaginaria"11.

Sin embargo, y en contraste con nuestros vecinos, en Colombia las guerrillas sobrevivieron no de una manera imaginaria, sino bastante tangible. Toca entender por qué. Una primera explicación que se ofrece rutinariamente es el cierre del régimen del Frente Nacional12. Pero ella, como lo ha notado Pécaut, no pasa ningún examen comparativo serio13. En relación con el conjunto del continente, el régimen político colombiano estaba sin duda entre los más abiertos. El país contaba con una sólida tradición de construcción y

7 Moisei Ostrogorski, Democracy and the organization of political parties, Transactions Publishers, 1981
8 Para visualizar esto basta leer los Diarios del Ché Guevara. Ver "Los diarios del Ché en Bolivia", Ediciones La Cueva, 1966, s.l.
9 Rocío Londoño Botero, Sindicalismo y Política Económica, Bogotá D.C: Fedesarrollo, 1986.
10 María Alejandra Vélez, FARC-ELN. Evolución y expansión territorial, Tesis de grado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 1999. Esto confirma una intuición pionera de Legrand: ver Catherine LeGrand, Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850–1936, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986
11 Walter Joe Broderick, El guerrillero invisible, Bogotá: Intermedio, 2000, p. 156
12 Otra versión de esta tesis es la de que el origen de nuestro conflicto está asociado a la "ausencia de populismo". Para una crítica, ver Francisco Gutiérrez, El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010), Bogotá: IEPRI-Penguin Random House Group Editorial, 2014.
13 Daniel Pécaut, « Colombia: violencia y democracia », Análisis Político, 13, Bogotá: IEPRI, 1991 p 37

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desarrollo de instituciones liberales, y aunque los cierres del Frente no eran insignificantes, eran mucho menores que los de la mayoría de los países vecinos. Las guerrillas colombianas pudieron sobrevivir y constituirse en desafíos no imaginarios sino reales no debido al cierre del régimen, sino gracias a cinco grandes factores:

2.1 DESTREZAS Y PERSONAL

Contrariamente a nuestros vecinos, aquí la experiencia guerrillera tenía una importante tradición. El país acababa de salir de un período de dictaduras homicidas, que se extiende desde finales de 1949 hasta bien entrada la década de 1950. Durante ese ciclo exterminador, los respectivos gobiernos lanzaron ataques masivos contra la población civil, a menudo con objetivos territoriales (poblaciones o regiones que pertenecían a la filiación equivocada), y construyeron, alimentaron o promovieron redes violentas en las que participaron líderes políticos, civiles, y miembros de agencias de seguridad para atacar, expropiar y humillar a pobladores que se consideraban adversarios o que simplemente estaban en el lugar y en el momento equivocados. Es verdad que las guerrillas liberales que se desarrollaron más o menos espontáneamente para resistir a este embate terminarían desarrollando prácticas análogas14; pero a la vez se hicieron también a toda una cantidad de destrezas de supervivencia.

El ciclo exterminador deja una hipoteca que aún no se ha evaluado apropiadamente15. La hipoteca también es institucional, cristalizada en cuestiones como los literalmente miles de decretos expedidos bajo estado de emergencia, que finalmente fueron absorbidos como parte del funcionamiento cotidiano del aparato del estado16. Pero donde es más visible es en la creación de condiciones sociales favorables a la actividad armada contraria al estado, o simplemente ajena a él. Por ejemplo, generó numerosas deudas de

14 Carlos Miguel Ortiz, Estado y Subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50, Bogotá: Cerec- Cider, 1985; Carlos Miguel Ortiz, « Las guerrillas liberales en los años 50 y 60 en el Quindio», en
Anuario Colombiano de Historia Social y de La Cultura, Bogotá, Universidad Nacional De Colombia ed, 1985.

15 Véase la reflexión de Carlos Lleras Restrepo en pleno Frente Nacional: después de la Violencia "nunca se ha podido hablar de que exista una paz general, completa y sólida". Carlos Lleras Restrepo, Hacia la restauración democrática y el cambio social, Bogotá: Planeta, 1999, p. 451. La frase sigue estando trágicamente vigente.

16 Gutiérrez, op. cit., 2014

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sangre, que desarrollaron una dinámica propia. Como alguna vez afirmara sugerentemente el general Rojas Pinilla, la Violencia en Colombia puede verse también como una combinación de "grandes odios y pequeñas rencillas"17. Sumemos a esto la destrucción masiva de vidas y propiedades, que produjo a cientos de miles de colombianos daños irreparables, suscitando entre muchas víctimas sentimientos que podían ir desde la humillación hasta el odio y el deseo de venganza. En diferentes regiones nos encontramos con bases sociales campesinas martirizadas por la Violencia, y a la vez dispuestas a brindar --como cuestión de pura supervivencia18-- apoyo a fuerzas ilegales opuestas al estado. Se forjaron en el campo redes de sociabilidad articuladas a proyectos de resistencia armada, que a la postre fueron fundamentales para el despegue de los proyectos guerrilleros de la década de 196019. No menos importante es que durante el ciclo se forjara un amplio personal de especialistas en violencia, que operaban bajo el amparo tanto de los partidos tradicionales como de los nuevos20. Es desde experiencias como estas que la afirmación de Sánchez --según la cual la combinación de todas las formas de lucha no fue, en el contexto colombiano, una invención de los comunistas, sino la adopción de una práctica ya extendida21-- cobran sentido. Aquellos especialistas no solamente cargaban con largas trayectorias que los involucraban en horrores inenarrables --con frecuencia en calidad tanto de víctimas como de victimarios--, sino que habían adquirido destrezas durante años de confrontación. Habían aprendido de la guerra de guerrillas no en manuales soviéticos, chinos o vietnamitas, sino en la experiencia de terreno. Más aún, sabían cómo interactuar con las autoridades locales para garantizar fuera un manto de neutralidad benévola, fuera protección más o menos abierta, a su actividad.

2.2 INEQUIDAD CONSTRUIDA A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN POLÍTICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

17 Citado en James Henderson, Cuando Colombia se desangró. Un estudio de La Violencia en la metrópoli y la provincia, Bogotá: Áncora Editores, 1984, p. 247
18 Ortiz cita a un liberal diciendo que se "avergonzaba de las guerrillas", pero que creía que "si se ausentaban...éramos cadáveres". Ortiz, Op cit., 1985, p. 211.

19 Sobre la importancia crucial de estas, ver Paul Staniland, Networks of rebellion. Explaining insurgent cohesion and collapse, Cornell University Press, 2014.
20 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, Gamonales y Campesinos: El caso de la violencia en Colombia, Bogotá: Ancora Editores, 1983.
21 Gonzalo Sánchez. Guerre et politique en Colombie, Paris: L'Harmattan, 1998

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El segundo factor fue la existencia de una gran desigualdad agraria creada y procesada a través de la asignación política de los derechos de propiedad sobre la tierra. Esta es "la bomba atómica de los diseños institucionales" en el país. Los agentes claves encargados de la asignación y especificación de los derechos de propiedad (el ejemplo canónico son los notarios) han estado ligados de manera directa y sin mediaciones a la política partidista competitiva. Más aún, en el paisaje institucional anterior al Frente Nacional, esos mismos políticos que ponían a notarios y alcaldes también tenían un papel crucial en la designación de jueces y policías subnacionales, así que podían operar sobre el conjunto de la vida local para garantizar acceso a la tierra protegido por la coerción y la impunidad. Esto disparó dos tendencias contrapuestas, en las que todavía sigue atrapado el país: por un lado, la acumulación constante de tierra por parte de grandes propietarios a través de una combinación de contactos políticos, abogados sofisticados, y violencia22; y por otra parte, la creación de incentivos muy fuertes para que los especialistas en violencia buscaran enriquecerse exactamente de la misma manera23. Es decir, por un lado concentración y por otro movilidad social ascendente, ambos atados a la tierra, al uso de la violencia, y a la política competitiva. No se puede dar cuenta de la oscilación colombiana en el siglo 20 entre "paz caliente" (con altos niveles de violencia homicida y reyertas locales) y conflicto abierto sin entender a cabalidad las implicaciones de este diseño.

Hay otras dos vías que vinculan el tema de la tierra a los orígenes del conflicto. Por un lado, la expansión permanente de la frontera agraria a través de sucesivas oleadas de ocupación por parte de colonos, que paulatinamente eran expulsados, a través de una combinación de fuerza, manipulación política y argucias jurídicas, por terratenientes que tenían tanto la capacidad como los incentivos para hacerlo24. Esta expansión se articuló con

22 En el caso de la hacienda Bellacruz, un funcionario del Incora encuentra la siguiente expresión afortunada: "manía usurpadora" de los terratenientes a través de argucias jurídicas y fuerza. Pero por supuesto esta clase de proclividades están fijadas institucionalmente. Ver Camilo Durán Gómez, abogado de baldíos, Informe sobre la situación existente en los municipios de La Gloria y Tamalameque en relación con los predios que pretende Alberto Marulanda Grillo. Comisión ordenada por resolución 0371 de 1960. Incora, División Servicios Generales, Archivo Microfilm.

23 Nótese que la tecnología necesaria para esta modalidad de asignación de derechos es relativamente simple, así que las barreras a la entrada son bajas con tal de que el agente sea proclive al riesgo. Francisco Gutiérrez, El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010), Bogotá: IEPRI- Penguin Random House Group Editorial, 2014.

24 Catherine LeGrand, op. cit.

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diversos tipos de economía a lo largo del siglo 20 --café, ganadería, coca25--, pero el mecanismo básico exhibe una sorprendente continuidad. Como han argumentado Legrand, Molano y Fajardo26 esto necesariamente produce un quantum de violencia, máxime si se tiene en cuenta que el principal referente jurídico para acceder a los derechos de propiedad era la presencia física27. Por el otro, la articulación entre poder político y gran propiedad agraria, que produjo --y sigue produciendo--brutales cierres regionales y locales28. No es cierto que los partidos tradicionales hayan sido muñecos ventrílocuos de los terratenientes, y cuando se revisan los archivos que hablan sobre dichos partidos se encuentra que sus directorios estaban poblados más por abogados, profesores y letrados, que por ricos rurales. Sin embargo, durante largos períodos y en muchas regiones los terratenientes pudieron poner a su servicio a esos políticos y a los pocos burócratas civiles de sus zonas de influencia, así como a la policía y a las agencias de seguridad.

El lector atento sin duda habrá notado que necesitamos de los tres factores para entender por qué la tierra ha sido tan fundamental en el conflicto colombiano. La reacción espontánea frente a éste es pensar que se ha desarrollado en medio del vacío institucional: donde no hay estado. Y, en efecto, hay mucho a favor de esta hipótesis. Como se verá en la sección siguiente, no se puede entender la persistencia de nuestro conflicto sin meter en la explicación los vacíos institucionales generados por el tipo de ocupación territorial que se desarrolló en el país29. Sin embargo, el grueso de la actividad letal durante La Violencia tuvo lugar en el eje cafetero (como observara Oquist30), y la del ciclo contra-insurgente en departamentos como Antioquia, sobre todo, o Santander y el Valle: en el corazón del desarrollo económico e institucional del país. Dicho de otra manera, nuestros conflictos parecen haber obedecido a dos lógicas institucionales, una relacionada con la proverbial

25 Alfredo Molano, Selva Adentro: Una historia oral de la colonización del Guaviare, Bogotá: Áncora Editores, 1987
26 Darío Fajardo, Para sembrar la paz, Bogotá: Unibiblios, 2002
27 En el caso de los baldíos, ocupación. Gutiérrez, op. cit. 2014

28 Alejandro Reyes, Latifundio y poder político, historia de las haciendas ganaderas de Sucre, Bogotá: CINEP 1976; Alejandro Reyes, Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá: Ed. Norma, 2009
29 Fernán González; Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá: Cinep, 2002. Fernán González presenta un marco general para entender construcción del estado y territorio en González F., Poder y violencia en Colombia, Bogotá: Odecofi, 2014.

30 Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos/Banco Popular, 1978

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"ausencia del estado"31 y otra con la forma concreta que adquirió su presencia32. Los tres factores expuestos aquí --concentración a través de la asignación política de los derechos de propiedad, expansión inherentemente violenta de la frontera agrícola, y articulación entre poderes locales y gran propiedad agraria-- pueden dar cuenta de ese dualismo.

2.3 CIERRES POLÍTICOS: UNA RECONSIDERACIÓN

Argumenté arriba que en términos de régimen político e instituciones liberales, Colombia estuvo durante el Frente Nacional en la categoría de los países más abiertos de América Latina33. Sin embargo, durante el mismo Frente se heredaron, y/o construyeron diversas formas de representación por debajo del nivel de definición del régimen que resultaron extraordinariamente excluyentes, y que en particular instalaron en el país un sesgo anti- campesino de grandes proporciones. Hay que advertir que durante el Frente Nacional dicho sesgo estuvo en tensión dinámica con fuerzas favorables a la inclusión34.

El ejemplo obvio es el desarrollo de la ficción según la cual el campesinado colombiano --en tanto sector social definido por cierto lugar en el mundo de la producción-- quedaba representado adecuadamente por formas de integración vertical como los gremios económicos del campo. Algunos de estos fueron creados durante el Frente; otros se reafirmaron entonces como interlocutores claves de la política económica. Se suponía que representaban en su conjunto a los habitantes del campo, y han hablado durante lustros en nombre de ellos; pero los intereses de los campesinos quedaron completamente fuera del panorama. De hecho, la actividad pública de tales gremios, incluyendo el período mismo del Frente, ha tenido como uno de sus componentes básicos la oposición a cualquier política de redistribución de activos por parte del estado. El modelo de integración vertical

31 No importa mucho para la exposición presente que esta expresión bastante gráfica sea un poco inexacta, como lo han señalado varios autores Ver por ejemplo González, Bolívar y Vásquez, op. Cit 2002.
32 Para el caso de la Violencia, esto se ve claramente en Mary Roldán, A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia 1946-1953, Bogotá: ICANH, 2002

33 Y del mundo en desarrollo. De hecho, siguió siendo así durante lustros.
34 Puede calificarse a esta de limitada, etc.; pero en todo caso inclusión. El hecho de que una reforma social a la larga no tenga impactos económicos significativos o sostenibles no quiere decir que sus efectos específicamente políticos sean irrelevantes. En la otra dirección podría argumentarse que la tensión reapareció periódicamente aunque de manera mucho más problemática después del Frente, cosa que creo cierta, pero que no debilita la proposición que presento aquí.

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de las economías agrarias pudo haber provenido de la Federación Nacional de Cafeteros, pero con todos los límites y problemas que el original haya podido tener hay que admitir que se apoyaba en patrones de tenencia y formas de producción muy distintas a los de los otros gremios del campo. Ya al principio del Frente, cuando una comisión parlamentaria encargada de discutir lo que sería la reforma agraria de 196135 invitó a las voces relevantes del país a expresarse, se hubiera podido notar un grave vacío de representación: desfilaron voceros de los partidos, de los gremios nacionales y regionales, y de algunas centrales sindicales (UTC y CTC). No hubo en cambio quien hablara en nombre de los campesinos mismos. La creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos durante la reforma agraria de 1968 creó unas importantes dinámicas de movilización en interacción con el estado36, pero después del Pacto de Chicoral en 1972 ellas se agotaron gracias a una combinación sistemática de violencia y exclusión. El resultado es que a finales de la década de 1970 el estado ya no tenía una interfaz para interactuar con los campesinos. Después, el ministerio de agricultura estableció relaciones significativas casi exclusivamente con los gremios, de los cuales por lo demás sacaría a lo largo de los años el grueso de su personal dirigente. El trámite de demandas sociales del campesinado --por mucho el sector social más golpeado por la Violencia, y después el que más sufriría durante la guerra contra-insurgente-- quedó bloqueado durante lustros. Este bloqueo se superpuso a la inequidad material que ya en la década de 1960 era muy alta, y a las diferencias categóricas impuestas vía política y coercitiva en diferentes regiones a través de los mecanismos discutidos en el punto anterior. Es esta yuxtaposición de inequidades lo que Stewart ha llamado "desigualdad horizontal"37, proponiéndola plausiblemente como uno de los factores que podrían ayudar a explicar el origen de las guerras civiles38. En Colombia, la desigualdad horizontal que sufrieron los campesinos fue un caldo de cultivo

35 Para el efecto, ver en los Anales del Congreso de 1959 y 1960, la creación del Comité Nacional Agrario “Comité encargado de asesorar al gobierno en el estudio de las medidas legislativas y ejecutivas relacionadas con la reforma de la estructura social agraria”, Decreto 2061 de 1960. Diario oficial, Número 30318, de 31 de agosto de 1960. p. 1-2.

36 León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia. Luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Bogotá: Instituto de las Naciones Unidas para el desarrollo social-CINEP, 1987
37 Frances Stewart, Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008

38 Para una brillante operacionalización de esta intuición, ver CEDERMAN, Lars-Erik y GLEDITSCH, Kristian Skrede, Halvard Buhaug. Inequality, grievances, and civil war. Cambridge University Press, 2013

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no necesariamente de una resistencia masiva pero sí de distintas formas de desconexión con respecto del mundo de la institucionalidad, así como de rebelión39; y como se verá empeoró mucho durante el conflicto.

2.4 PROVISIÓN PRIVADA DE LA COERCIÓN/SEGURIDAD

Durante la mayoría del siglo 20, buena parte de la provisión de la seguridad y de la oferta de coerción estatal pasó por las manos de policías subnacionales, que en muchas regiones se articularon de manera directa, como instrumento de agentes privados, a luchas partidistas, faccionales y sociales. Esta forma de provisión de seguridad/coerción resultó a la vez violenta y porosa40. El horror de la Violencia tuvo como protagonista a las policías subnacionales que actuaban como coordinadores y legitimadores de redes de civiles radicalizados.

El Frente Nacional acabó con las policías subnacionales con la importante reforma de 195941, pero en cambio recreó la provisión privada de seguridad, a través de sendos decretos expedidos durante los gobiernos de Valencia y Lleras42 que establecieron la figura de la autodefensa. En ellos, era el ejército el encargado de recibir las demandas de seguridad privada de la población, lo que dotaría a la guerra contrainsurgente de su marco institucional específico, y a la larga desataría dinámicas análogas a las de la Violencia (ataques contra la población civil coordinados o habilitados por agencias de seguridad del estado, pero con amplia participación de agentes privados). El Frente ya había asimilado, estatizándolas, otras modalidades privadas de provisión de seguridad --el DAS rural es un ejemplo importante--, pero con la creación de la figura de las autodefensas dejó las condiciones para que el estado respondiera al desafío guerrillero a través de redes civiles-

39 Que incluyen, críticamente, el ingreso a grupos ilegales. Personas relativamente satisfechas con su situación desarrollan niveles de aversión al riesgo que les impiden buscar alternativas como esa.
40 Esta aserción, correcta según creo, NO implica la proposición errónea según la cual toda forma de policía subnacional tiene que resultar en indisciplina y violencia. Op cit., Gutiérrez 2014, El orangután con sacoleva 41 Agradezco a Eduardo Pizarro haberme señalado la fecha exacta de esta medida1111111111111111111.

42 Ver por ejemplo Gustavo Gallón, La República de las armas. Relaciones entre fuerzas armadas y estado en Colombia 1960-1980, Bogotá: Cinep, 1983

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estatales, como lo había hecho antaño. Las consecuencias serán examinadas en la siguiente sección.

2.5 SISTEMA POLÍTICO CLIENTELISTA/LOCALISTA

Por último, el sistema político colombiano evolucionó desde un programa moderadamente estatista, que pretendía lograr que los partidos tradicionales actuaran como correa de transmisión entre el estado central y las regiones, a través de la articulación de diversos micro-pactos por el desarrollo, hacia una orientación más localista y orientada a expresar las demandas de élites territoriales. El enloquecedoramente complejo juego de facciones dentro del Frente llevó a lo que conocieron los contemporáneos como "inmovilismo": el alcance modesto, o el fracaso según lo vivieron muchos contemporáneos, de las grandes reformas sociales que estaban en el centro del programa del Frente, y que no se limitaban a, pero siempre pasaban por, la reforma agraria. Esto a su vez se expresó en una rápida pérdida de credibilidad y de apoyo al Frente y sus líderes, de la cual el ejemplo emblemático son las dramáticas elecciones de 197043. Mucho más que las guerrillas rurales, fue el M19 el que expresó por vía armada esa dislocación entre sistema político y sociedad.

Estos cinco factores --herencia de un ciclo exterminador, desigualdad agraria construida a través de la asignación política de los derechos de propiedad, exclusiones horizontales de los campesinos, el haber mantenido abierta la puerta de la provisión privada de la seguridad, y las poderosas tendencias localistas del sistema político colombiano que condujeron a una dislocación entre sociedad y política-- no sólo fueron importantes factores pro-conflicto, sino que se combinaron para generar una secuencia histórica que estaría directamente asociada con nuestra caída en una guerra civil propiamente dicha. La secuencia comienza con el inicio de los dos grandes procesos de reforma agraria (1961 y 1968), que producen un re-alineamiento de fuerzas tanto dentro del sistema político como dentro de las élites económicas. En esencia, el país queda frente al problema de escoger

43 Para los detalles y análisis de las implicaciones remito a Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2006. Bogotá: Editorial Norma, 2007

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entre reforma agraria en el país poblado, que es básicamente lo que propone un sector de las élites políticas, y colonización, la contrapropuesta de algunos voceros gremiales y facciones de los partidos tradicionales. Con la derrota de las reformas, se impone de facto -- y también institucionalmente-- la alternativa colonizadora. Esto a su vez lleva a un poblamiento de nuevas regiones en las cuales no hay ni mercado ni estado. Una ilustración sencilla de este dinamismo demográfico "a la intemperie" es la siguiente. Mientras que entre los censos de 1973 y 2005 la población del país casi se duplicó, la de los ocho departamentos del sur que antes de 1991 eran intendencias o comisarías más que se triplicó (Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada). Más aún, en la medida en que la densidad demográfica de esas regiones sigue siendo muy baja, los centros del sistema político no tienen ningún incentivo para dotarlas de bienes públicos. Y las coaliciones regionales que se construyen allí tendrán las proclividades, los precedentes y los incentivos que las llevarán a proveerse a sí mismas de dichos bienes, comenzando por la seguridad.

Hay, por supuesto, un elemento de contingencia aquí; en realidad, la confluencia entre el azar y la necesidad para recoger la feliz fórmula de Jacques Monod44. Pues precisamente cuando esto está sucediendo, el país se está articulando al mercado global de las sustancias ilícitas. Este colosal choque potencia a las coaliciones regionales que están dando su grito de independencia, ya que ahora ellas también contarán con financiación y especialistas en violencia sin necesidad de pasar por el centro del sistema político45. Todo esto nos lleva a la siguiente sección.

3. PERSISTENCIA

3.1. PREGUNTAS BÁSICAS

Así, pues, entre finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, Colombia se encontraba, desde cualquier criterio razonable, en estado de guerra civil. Estaban también

44 Jacques Monod, El azar y la necesidad, Barcelona: Tusquets, 1981
45 Una visión interesante de las implicaciones de este choque se encuentra en James Henderson: Víctima de la globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia, Bogotá: Siglo del Hombre, 2012

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puestas todas las condiciones para que el escalamiento continuara. Las dinámicas que dieron origen al conflicto, y que expuse en el apartado anterior, seguían presentes. La cadena de temores y de odios generada por las violencias cruzadas se había alargado y fortalecido. La estructura productiva del país, y las modalidades de ocupación del territorio por parte de la sociedad y del estado, se habían transformado profundamente con la articulación del país a la economía global del narcotráfico. El sistema político estaba en plena deriva centrífuga, que trasladaba los centros de poder a coaliciones regionales antisubversivas crecientemente constituidas por una combinación de agentes legales e ilegales46.

Es claro que estos factores operaron a favor del desarrollo y escalamiento del conflicto. Con todo y ello, la persistencia de la guerra civil colombiana sigue planteando interrogantes fáciles de enunciar pero difíciles de responder. ¿Por qué hemos tenido una guerra tan larga? Sociedades con regímenes mucho más cerrados, más excluyentes, o con fracturas más visibles --en lo político y en lo simbólico--, lograron acceder a la paz, o presenciaron la victoria militar de una de las partes involucradas. Colombia, un país de desarrollo medio-bajo, sin grandes abismos étnicos, lingüísticos o religiosos, y con instituciones liberales que mal que bien operan, no ha logrado escapar al ámbito de la confrontación. ¿Dónde está pues la respuesta? Hay otra pregunta engañosamente simple que se relaciona con la anterior: ¿por qué se dio la guerra en la forma en que se dio? ¿Por qué, por ejemplo, no socavó a la democracia (de hecho contemplamos una espectacular apertura en 1991), pero en cambio se apoyó tan masivamente en la provisión privada de coerción y seguridad?

Plantearé aquí que hubo cinco grandes factores que en su conjunto contribuyeron sustancialmente para que el conflicto persistiera y se desarrollara, sin producir un ganador definitivo, sin permitir la paz, y a la vez sin desestabilizar los arreglos democráticos del país: el narcotráfico, los repertorios de violencia contra los civiles usados por la guerrilla -- en particular el secuestro--, el desarrollo cada vez más amplio y poderoso de modalidades de provisión privada de seguridad, la confluencia entre ellos y la orientación estratégica de

46 Gutiérrez, Op. Cit., 2007

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diferentes agencias estatales, y la evolución del sistema político. Consideraré cada una de las dimensiones por separado, y después me concentraré en la interacción entre ellas.

3.2. LOS CINCO GRANDES FACTORES DE LA PERSISTENCIA

3.2.1 NARCOTRÁFICO

Como se sabe, la economía de las sustancias ilícitas ya se había vuelto relevante en el país desde la década de 1970, dando origen a la "bonanza marimbera" y al ingreso masivo de capitales ilegales a través de mecanismos como la "ventanilla siniestra"47. Sin embargo, fue solamente en la primera mitad de la década de 1980 que el país se volvió un jugador de primera línea en el mercado mundial de la coca.

Este hecho tuvo varias implicaciones fundamentales. Profundizó las tendencias centrífugas del sistema político, puesto que las coaliciones regionales ya no necesitaban del centro político para acceder a financiación o especialistas en violencia. En términos de presencia estatal, incrementó el dualismo territorial colombiano. El centro geográfico -- cuyo núcleo era el mundo andino-- tenía alta densidad demográfica y acceso al menos parcial a servicios del estado, pero estaba rodeado por una periferia con las características inversas48. Con el auge de la economía de la coca, la periferia se fue poblando y ganó en relevancia económica49. Pero en cambio siguió sin tener acceso al estado, ni a mercados con un mínimo de regulación e institucionalización, ni incluso a formas básicas de capital social50. Es decir, esta expansión de la frontera agrícola generó una nueva fractura en

47 Daniel Pécaut, Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá: ed. Norma.2006, p 236
48 Ver por ejemplo Fernán González «Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana», en Para Leer la Política, Tomo1, Bogotá: CINEP, 1997, p. 71-94. Por supuesto, con grandes diferencias dentro del "centro" y la "periferia", tanto regionales (Adolfo Meisel Roca, ¿Por qué se necesita una política económica regional en colombia?, en Documentos de trabajo sobre economía regional, No. 100 Bogotá: Banco de la República, Diciembre 2007) como sociales (José Antonio Ocampo, Entre las reformas y el conflicto: Economía, conflicto y gobernabilidad en Colombia, Bogotá: Editorial Norma, 2004)

49 Esto se reforzaría con el ulterior auge minero.
50 En la medida en que las poblaciones correspondían a corrientes migratorias de diversas partes del país.

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términos de "derecho al estado", para usar la elocuente expresión de García y Espinosa51. En efecto, los territorios en los que se instaló inicialmente la economía cocalera estaban lo suficientemente poblados como para tener demandas significativas, pero a la vez lo suficientemente deshabitados como para que el sistema político no tuviera ningún incentivo para dotarlos de bienes públicos. En estas condiciones, los habitantes de tales territorios a menudo entraron, sin mayores alternativas, a los esquemas de gobernanza rebelde52 o a las dinámicas de clases políticas depredadoras que podían escapar sin problemas a cualquier control regulatorio.

Las consecuencias sociales del avance del cultivo de la coca tampoco fueron deleznables. El punto de partida básico es que la coca creó un "campesinado ilícito"53 que por definición no tenía posibilidad de tramitar legalmente sus demandas frente al estado. La ilegalización de amplios sectores sociales, así como de territorios enteros, generó complejas dinámicas sociales54 e institucionales55, que taponaron el circuito de información y de bienes entre el estado central y esas regiones y sectores sociales, y profundizó los bloqueos de representación ya dramáticos --como expliqué en la sección 2-- que sufrían los campesinos.

No menos importante, la economía de la coca tuvo grandes consecuencias bélicas. Las FARC tomaron la decisión de articularse a ella a finales de la década de 197056. Esto con el tiempo le daría acceso a enormes recursos para desarrollar el modelo altamente militarista sobre el que se construyó esa organización, especialmente a partir de su 7mo Congreso en 1982. Las FARC quisieron forjarse como un ejército57, y esto no se hubiera

51 Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa, El derecho al estado. Los efectos legales del apartheid institucional colombiano, Bogotá: Dejusticia, 2013.
52 Zachariah Cherian Mampilly, Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War, Cornell University Press, 2011.

53 William Ramírez Tobón (1996): «¿Un campesinado ilícito?», Análisis Político no. 29 septiembre- diciembre, pp. 54-62
54 María Clemencia Ramírez, Entre el Estado y la guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá: ICANH, 2001
55 Maria Clara Torres Bustamante, Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo, Bogotá: CINEP, 2011
56 Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón, El orden de la guerra, las FARC-EP: entre la organización y la política, Bogotá: CEJA 2003
57 Una buena forma de visualizar esto es a través de la comparación entre sus estructuras y la de las fuerzas armadas, hecha por las propias FARC en Comisión Internacional de las FARC EP/Colombia : "Las FARC EP son una Fuerza Beligerante"

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podido lograr sin acceso a grandes fuentes de financiación. El fenómeno es, por su propia naturaleza, difícil de estimar. De acuerdo con el Comité Interinstitucional de lucha contra las finanzas de la subversión, en 1994 las guerrillas estaban recibiendo 219 billones de pesos por concepto de narcotráfico, y 685 en 199658. Tales estimativos deben tomarse con mucho más que un grano de sal, pero los órdenes de magnitud básicamente son esos. Hay un debate acerca de las modalidades de inserción de las FARC en la economía de la coca, pero independientemente de su resultado sabemos que tuvo un triple efecto en el desarrollo del modelo militarista que adoptaron las FARC y que explica buena parte de su capacidad de supervivencia59. Ante todo, le dio ingentes recursos para armas, rancho, logística y procesos de expansión. En la medida en que los frentes y bloques transferían cuotas financieras al secretariado, los dineros de la coca sirvieron de manera relativamente uniforme a este escalamiento de la organización. Enseguida, le permitió convertirse en la autoridad regulatoria de economías sobre las que por definición no podía operar el estado. Por consiguiente, las FARC pudieron actuar como una autoridad local, en algunos casos regionales, que proveía distintas modalidades de orden y formas rudimentarias de justicia60. En fin, tanto los ingentes ingresos como el papel regulatorio le permitieron a las FARC incrementar su capacidad de reclutamiento, una variable crítica a la que volveré más abajo.

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCY QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.abpnoticias.com%2Fboletin_temporal%2Fcontenido%2Flibros%2Fbeli gerancia_FARC- EP.doc&ei=ZWBuVNlewqSDBJrhgdgG&usg=AFQjCNGv5UwhfSVhtTNav2jEic9OnNKZKg&sig2=9CFrc XUBfo3eICIywRiZrQ&bvm=bv.80185997,d.eXY, consultada el 19 de noviembre de 2014. Los grupos armados no estatales se pueden clasificar en un continuo entre ejército y red, y las FARC se encuentran en el extremo izquierdo de este espectro. Ver Francisco Gutiérrez y Antonio Giustozzi (2010): “Networks and armies: Structuring rebellion in Colombia and Afghanistan”, Studies in Conflict and Terrorism vol. 33 no. 9 2010 pp. 815-835. Para una comparación entre las FARC y otros grupos armados en el conflicto colombiano, ver Francisco Gutiérrez, 2008: “Telling the difference: guerrillas and paramilitaries in the Colombian war”, Politics and Society vol. 36 no. 1 pp. 3-34

58 Citado en: “Informe presentado por la fundación social a la comisión interamericana de derechos humanos en su 100° período ordinario de sesiones”, disponible en: http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3 A%2F%2Fwww.proyectossocialesdirectos.org%2Findex.php%2Fes%2Fpublicaciones%2Fcategory%2F7- construccion-de-la-paz%3Fdownload%3D25%3Aalgo-todavia- ocurrira&ei=s55vVPGSL8qVNsiCgNAB&usg=AFQjCNFmruXNV2EMAGt967X4cEPToNoR0w&sig2=GV 8on3E2VAoCl0aOiFXSFQ, septiembre de 1998. Aparentemente, la cifra no discrimina por organización.

59 Ver más abajo.
60 Mario Aguilera Peña, Contrapoder y justicia guerrillera, Bogotá: IEPRI-Penguin Random House Group Editorial, 2014; Mario Aguilera Peña « Claves y distorsiones del régimen disciplinario guerrillero», Análisis Político. No. 78, 2013 pp 45-62

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3.2.2 PATRONES DE VIOLENCIA CONTRA LOS CIVILES

La fase de tránsito hacia la guerra civil propiamente dicha se caracterizó por un brusco incremento del secuestro. La más importante base de datos de secuestro, la de Cifras y Conceptos61, contiene información acerca de la características sociales de las víctimas. Según ella, de los secuestros atribuibles a las FARC 51% fueron contra funcionarios del estado, 39% contra personas que se encontraban en el sector agropecuario, y 33% contra personas que estaban en el comercio62. Igualmente, tanto evidencia cuantitativa preliminar63 como evidencia cualitativa, sugieren fuertemente que entre las principales víctimas del incremento de la actividad secuestradora estuvieron ganaderos, algunas otras élites económicas rurales, funcionarios, y políticos de las regiones. Dado el lugar de los blancos en el mundo de la producción y la política, no es extraño que el problema del secuestro se haya politizado en el acto, movilizando a gremios de la producción, voceros de los organismos de seguridad, y representantes de los partidos, alrededor de propuestas como la pena de muerte para los secuestradores.

El incremento de la llamada industria del secuestro64 le dio un carácter extremadamente acerbo al conflicto armado, al vincular los motivos generales de la contrainsurgencia con los del patrimonio y seguridad personal de los involucrados. La amenaza del secuestro catapultó un conjunto de proclividades ya pre-existentes en un sector específico de las élites rurales, lo que desembocó en una violencia homicida cristalizada en el paramilitarismo. Naturalmente, NO es cierta la versión según la cual la violencia paramilitar fuera únicamente defensiva, o que estuviera orientada solamente contra los secuestradores65. Todas las evidencias van en la dirección contraria. Lo que sucedió fue

61 CNMH. Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional, 20 de junio de 2013. Investigación a cargo de Cifras y Conceptos: César Caballero. Según está investigación, fueron secuestradas al menos una vez 39058 personas entre 1970 y 2010

62 Estas variables tienen mucho más del 50% de datos faltantes, así que las cifras mencionadas aquí se deben tratar de manera puramente indicativa.
63 Creo que estas como muchas otras cifras contienen subestimaciones sustantivas.
64 CNMH: Una sociedad secuestrada. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. Investigación a cargo de Cifras y Conceptos: César Caballero

65 Esta es una versión que esgrimen con alguna frecuencia distintas personas, entre otras los paramilitares mismos.

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aproximadamente lo siguiente. Algunos sectores de las élites rurales actuaban sobre economías altamente coercitivas66y dadas las características de su producción estaban expuestos a ataques contra sus bienes67 y propiedades. Además, no tenían acceso a muchos bienes públicos, dadas las especificidades de la forma de ocupación del territorio por parte del estado colombiano. Eran élites vulnerables68. Tenían en cambio las proclividades, tradiciones y recursos para responder a los desafíos que enfrentaban de una manera extraordinariamente violenta y punitiva. En cuanto se presentó el estímulo "adecuado", se produjo la respuesta que era de esperarse; y dirigida no solamente contra la guerrilla, sino contra toda una cantidad de blancos que incluían a la izquierda legal, a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, a líderes de los partidos tradicionales que no aceptaron la deriva punitiva, pero también a víctimas de su violencia oportunista69.

3.2.3 PROVISIÓN PRIVADA DE LA COERCIÓN/SEGURIDAD

Colombia tiene una larga tradición en términos de provisión privada de coerción/seguridad. Las policías subnacionales que actuaron hasta 1962 expresaron de manera persistente intereses privados, tanto políticos (partidistas y faccionales) como económicos, y fueron uno de los protagonistas de La Violencia. El paramilitarismo del período [contra]insurgente tiene, en relación con esa experiencia, tanto de continuidad como de cambio. Fue --como aquel-- un fenómeno anclado en demandas de tipo local y regional, pero habilitado nacionalmente. Ejemplos obvios de demanda local y regional: los fundadores y liderazgos de las unidades paramilitares fueron sobre todo las élites vulnerables a las que me referí más arriba. Habilitado nacionalmente: a lo largo de toda su saga sangrienta, el paramilitarismo colombiano fue totalmente ilegal solamente durante un período de máximo ocho años. Hasta 1989 estuvo cubierto por el conjunto de instrumentos que autorizaban la

66 Barrington Moore Jr, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press, 1993; Jeffrey Paige, Agrarian Revolution. Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World, New York: The Free Press, 1975
67 Piénsese en activos móviles, que por consiguiente pueden ser robados, destruidos, etc.

68 Gutiérrez, Op. Cit., 2014.
69 Ya encabezando un aparato coercitivo esos liderazgos podían promover o permitir la violencia sexual, el robo de tierras, etc.

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creación de autodefensas legales, y desde 1994 hasta 1999 por las cooperativas de seguridad conocidas por la opinión pública bajo el nombre de CONVIVIR.

3.2.4 CONVERGENCIAS: EL FENÓMENO PARAMILITAR

El crecimiento del paramilitarismo se apoyó en cuatro grandes actores. En primer lugar, la insubordinación de élites rurales legales --por ejemplo terratenientes ganaderos--, que actuaban en condiciones de hostilidad y desprotección y enfrentaban amenazas personalizadas provenientes del conflicto armado. En segundo lugar, la insubordinación de élites ilegales, particular pero no únicamente los narcotraficantes70. De manera análoga a las legales, pero por razones muy distintas, las élites ilegales no podían acceder, al menos en teoría, a la protección sistemática que requerían del estado. Recuérdese que Colombia estaba formalmente en una guerra global en contra del narco. Naturalmente, éste influyó sobre, o capturó a, diversos sectores del sistema político así como de agencias estatales, pero ese es otro problema. La cuestión de fondo aquí es la capacidad de un actor social de requerir del estado la provisión de seguridad de manera abierta, legal y estable; y los narcos por definición no podían hacerlo. Por lo tanto, la conseguían a través del mercado de la protección o de agentes privados71. En tercer lugar, amplios sectores del sistema político promovieron al paramilitarismo, por razones ideológicas, para expulsar a la guerrilla, para protegerse personalmente, para vincularse con iniciativas de agencias nacionales, o simplemente para hostilizar a sus rivales dentro del sistema. La mayoría de los agentes involucrados en esta clase de procesos parece haber actuado a partir de una combinación de los anteriores motivos72.

La característica común de las tres anteriores formas de agencia es que están sólidamente ancladas en el mundo de lo local. Pero fueron entidades nacionales del estado

70 Ver casos como el de Víctor Carranza. http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36- jefes/4524-victor-carranza-el-patron-que-nunca-toco-la-justicia y http://www.verdadabierta.com/las- victimas/3906, consultados el 19 de noviembre de 2014.
71 En ambos casos, hubo un traslape con agentes estatales.

72 Para un buen ejemplo de esto, ver Francisco Leal y Andrés Dávila, Clientelismo: el sistema político y su expresión regional, Bogotá: Tercer Mundo Editores-IEPRI,1990

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las que proveyeron tanto la columna vertebral como la ideología a toda la experiencia73. El paramilitarismo no fue un fenómeno que simplemente "le pasó al país". Pero tampoco fue un resultado concertado a través de alguna clase de plan maestro en donde participaran todas las élites o "el sistema". Fue el producto de dinámicas y tradiciones del personal político, que hicieron que coaliciones centristas a nivel nacional permitieran o impulsaran los diseños que habilitaron la interacción entre agentes locales violentos y agencias nacionales. Por ejemplo, aunque las demandas por la creación de una figura análoga a lo que la postre fueron las Convivir provenían de extremistas en las regiones, del mundo de la gran ganadería y de los círculos de seguridad, su adopción a nivel nacional correspondió a fuerzas políticas perfectamente convencionales que, en momentos de aguda competencia política, optaron por adoptarla como estrategia de supervivencia74.

En particular, las agencias de seguridad del estado se articularon crecientemente a la acción del paramilitarismo, creando en muchas regiones relaciones de cooperación cada vez más densas, que tuvieron elementos tanto de inercia como de promoción activa por parte de importantes actores. Como lo ha demostrado Romero75, la orientación estratégicamente antisubversiva de sectores dirigentes en la fuerza pública casaba muy bien con las demandas de seguridad de diversas élites locales y rurales. Pero esto se dio en un contexto en el que aquella --la fuerza pública-- estaba bajo un sistema de pesos y contrapesos que se iba extendiendo y, que, por supuesto, dio un salto cualitativo con la Constitución de 1991. La solución al dilema fue el desarrollo de un aparato coercitivo privado que contó para su expansión con una complicidad de facto durante años, y que en varias regiones se expresó en términos de acción coordinada más o menos explícita y permanente76. Naturalmente,

73 Y en muchos casos documentados también la iniciativa organizacional, dándole solidez a resentimientos y esfuerzos dispersos.
74 Para detalles, Op cit., Gutiérrez, 2014, El orangután con sacoleva.
75 Mauricio Romero, Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, Bogotá: Editorial Planeta Colombia, 2003

76 Hay ya muchas evidencias sobre esto, provenientes tanto del sector judicial como del mundo académico. Ver por ejemplo Aldo Cívico, No divulgar hasta que los implicados estén muertos. Las guerras de Doblecero, Bogotá: Intermedio Editores, 2009; también William Ramírez Tobón, Urabá, los inciertos confines de una crisis, Bogotá: Planeta, 1997

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esto solamente se pudo producir de la mano de un debilitamiento, o de una adulteración, de los mecanismos democráticos de control de la fuerza pública por parte de los civiles77.

Decir esto no implica adoptar la tesis completamente insostenible según la cual todos los tomadores de decisiones estatales, miembros de las agencias de seguridad, u operadores políticos hayan aupado al paramilitarismo. Ni negar que la relación entre el estado, la política y el paramilitarismo haya sido compleja78. Varios líderes políticos, nacionales y regionales, se opusieron, o al menos tácitamente resistieron, a la penetración e influencia paramilitar79. Sectores muy amplios del sistema judicial, incluso en los momentos de mayor influencia y poder del paramilitarismo, lo combatieron. Miles de soldados, policías y oficiales se siguieron ateniendo a reglas básicas de legalidad y honor. No es verdad tampoco que el paramilitarismo haya capturado al conjunto de un estado complejo que aumentó sustancialmente su capacidad de desarrollar políticas públicas, que en la década de 1990 creció incesantemente, y que con la Constitución de 1991 se dotó de instrumentos para combatir a agentes ilegales y resistirse a su penetración. Ni se sostiene la idea de que el estado haya manejado al paramilitarismo en su conjunto como el titiritero al guiñol. Pero el paramilitarismo sí pudo actuar durante su existencia como aliado estratégico del estado, sobre la base de diseños, políticas y estrategias institucionales que lo habilitaron. Esto permitió el despliegue masivo de diversas formas de uso privado de la violencia pro- estatal.

Tal confluencia entre intereses nacionales y locales en el desarrollo del paramilitarismo desembocó en la destrucción masiva de vidas humanas y de propiedades. El trágico aniquilamiento de la Unión Patriótica80 no se puede explicar sin entenderla. Pero ella tuvo también varios efectos adicionales muy importantes y que no han sido resaltados como merecerían, si se quiere entender adecuadamente la persistencia de nuestro conflicto. Por su propia complejidad, las formas de acción punitivas y violentas que se alinearon

77 Y produjo una corriente continua de iniciativas institucionales orientadas hacia el debilitamiento de aquel sistema de controles civiles. Ver por ejemplo Francisco Leal Buitrago, La seguridad nacional a la deriva. Del Frente Nacional a la Posguerra Fría", Bogotá, Ediciones Uniandes, 2002.
78 Para la evidencia y las razones subyacentes, ver Gutiérrez 2014, capítulo 4

79 Ver, Juan David Velasco, La parapolítica revisada: Coaliciones de clase, armas y negocios en la provincia colombiana (2002 – 2006). Trabajo de Tesis para optar por el tìtulo de Magister en Estudios Políticos, en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI- Universidad Nacional de Colombia, 2014 80 Leah Carroll, Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia’s Rural War Zones, 1984-2008. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2011

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alrededor del paramilitarismo expresaban coaliciones muy inestables. Muy pronto, por lo tanto, comenzaron a luchar entre sí. Ver por ejemplo la Tabla 1, en donde se enumeran algunos de los principales enfrentamientos inter-paramilitares. Más aún, aunque algunas pocas unidades paramilitares abrazaron81 el proyecto de construir un ejército privado antisubversivo, con niveles de disciplina y formalización de la cadena de mando relativamente altos82, en la mayoría de los casos conformaron estructuras planas y laxas, con baja división del trabajo, en las que el despliegue cotidiano de violencia oportunista -- desde el robo de tierras hasta los ataques sexuales-- eran la norma más que la excepción. Además de martirizar a la población, la muy frecuente violencia oportunista --es decir, no ordenada por la organización sino adelantada para llenar objetivos individuales de sus miembros83 generó serios problemas de acción colectiva entre los paramilitares y sus apoyos políticos y/o sociales.

TABLA 1 - EJEMPLOS DE ENFRENTAMIENTOS INTER-PARAMILITARES

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81 En general sin éxito, dadas las características sociales de estos emprendimientos.
82 Un buen ejemplo de esto se encuentra en Civico, op. cit., 2009
83 Elisabeth Jean Wood, «Variation of sexual violence during war», Politics & Society vol. 34 no. 3, 2006, pp. 307-341.
84 “Guerra entre paramilitares por el Tolima”, Portal VerdadAbierta, http://www.verdadabierta.com/justicia- y-paz/imputaciones/555-bloque-tolima/5193-guerra-entre-paramilitares-por-el-tolima, consultado el 24 de noviembre de 2014

3.2.5 SISTEMA POLÍTICO

Con el pleno desarrollo de las tendencias centrífugas, que afectaron sobre todo al principal partido del sistema, el liberal, el centro de la acción política se trasladó a los municipios. Esto se dio más o menos en paralelo a una descentralización municipalista, que aumentó la eficiencia, legitimidad y capacidades de los municipios que contaban con tecnocracia, desarrollo y opinión pública, pero que en cambio expuso a las unidades territoriales más

85 Ariel Ávila, Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela. Bogotá: Debate-Fundación Arcoiris. 2012; también, “Las batallas de Hernán Giraldo, y cómo terminó sometido a ‘Jorge 40’”, Portal VerdadAbierta, http://www.verdadabierta.com/la-historia/244-la-historia/auc/2803-las-batallas-de-hernan-giraldo-y-como- termino-sometido-a-jorge-40, consultado 20 de noviembre de 2014

86 Cívico, Op Cit., 2009
87 “Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave”. Portal VerdadAbierta, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/2052 , consultado 20 de noviembre de 2014
88 Sentencia contra Luis Eduardo Cifuentes, Alias “El Águila” y otros. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. http://www.profis.com.co/anexos/documentos/JusticiayPaz/jurisprudencia/SaladeJusticiaPaz/2014.09.01%20 Sentencia%20Luis%20Eduardo%20Cifuentes%20y%20otros%20%28Bloque%20Cundinamarca%29.pdf, consultado 20 de noviembre de 2014

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débiles y ubicadas en la periferia a una serie de riesgos y peligros. Al tener recursos propios y mayores márgenes de decisión, las alcaldías se volvieron botines apetecibles. Diversas guerrillas primero89, y los paramilitares después, volcaron su acción sobre el control de las municipalidades. El resultado más dramático de esto fue el asesinato de toda una cantidad de burgomaestres, concejales y diputados, acusados de servir al enemigo o de oponerse al proyecto de construcción territorial del ilegal de turno.

Pero la captura del municipio no se dio solamente a través de la fuerza. Muchos de los actores políticos locales sirvieron de buen grado, y no por alguna amenaza, al actor ilegal dominante. Una vez más, nos encontramos con numerosos ejemplos de oposición, activa o pasiva, a éste, pagando costos enormes (que fueron desde la tranquilidad personal hasta la vida)90. Por estas y otras razones, las relaciones entre políticos y grupos armados no estatales también se volvieron extremadamente complejas. En algunos casos, los políticos usaron al actor armado para hostilizar y restringir --a veces eliminar del todo-- a su adversario partidista o faccional. En otros, se formaron complejas pero frágiles redes político-armadas, que al desbaratarse produjeron eclosiones de violencia. Como tales redes tenían apoyos electorales, venían a engrosar el capital de los partidos nacionales, dada la lógica de captura del voto característica del sistema político colombiano91. En algunas regiones del país, éste y los actores del conflicto se articularon a través de redes muy densas de interacción. Quizás el mejor ejemplo de esto sea el paramilitarismo de la costa atlántica. Algo similar --pero mucho más inestable y más acotado-- se observa en el sur del país con la guerrilla. Esto NO quiere decir que las elecciones se hayan convertido en una simple función de la lucha armada. Ciertamente, ese tipo de relación directa se observa en algunos casos dramáticos. Pero en muchos otros se dio lo contrario: la gente votó contra el grupo armado dominante en la región92. Sí quiere decir, en cambio, que política, violencia y asignación de los derechos de propiedad volvieron a hacer parte de un solo complejo.

89 Ver por ejemplo las declaraciones sobre las "retenciones" de alcaldes y sus objetivos en: Marta Haernecker, ELN. Unidad que multiplica, 1988., disponible en: http://www.rebelion.org/docs/90192.pdf
90 Aún no conocemos las razones detrás de este comportamiento diferencial. Una hipótesis interesante se encuentra en Op. cit, Velasco, 2014.

91 Op cit., Gutiérrez, 2007
92 Desconozco algún trabajo que haga una evaluación sistemática y general de las relaciones mutuas entre dinámicas armadas y electorales. Un primer acercamiento interesante se encuentra en Miguel García y Gary Hoskin, Political participation and war in Colombia. An analysis of the 2002 elections, Crisis States Programme, Working Paper no. 38, 2003, disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/28229/1/wp38.pdf.

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Dicho en otros términos, una de las promesas fundamentales de la Constitución de 1991 -- lograr que la política en su conjunto volviera a caber dentro de la legalidad-- nunca se pudo poner en práctica. Y lo que denominé en la sección sobre los orígenes "la bomba atómica" de la institucionalidad colombiana se activó de manera espectacular, generando la misma clase de estructuras y de equilibrios que había hecho antaño. En muchas regiones, actores con acceso simultáneo a especialistas en violencia, abogados sofisticados y notarios, adquirieron preponderancia, y lograron construir dominios territoriales que durante algún tiempo les garantizaron la impunidad. No es casual que las dinámicas de despojo hayan tenido los efectos masivos que se ven en la costa norte y en Urabá, en donde los paramilitares, junto con las élites rurales y los políticos que hacían parte de su coalición, correspondían a este perfil básico93. En términos de persistencia, esto significa que la guerra fue creando --vía violencia oportunista-- incentivos para su propia perpetuación.

3.3 INTERACCIONES, EQUILIBRIOS Y CONTEXTOS

En las anteriores subsecciones presenté la "puesta en escena": los elementos constitutivos que ayudan a explicar la persistencia del conflicto colombiano. Ahora paso a la dinámica, es decir, a la interacción entre ellos y sus consecuencias. La articulación de las FARC con la economía del narcotráfico y su promoción de la industria del secuestro extorsivo le permitieron financiar un modelo altamente militarista de ocupación del territorio, a través de unidades ideológicas netamente separadas de la población, disciplinadas, y con una firme y clara cadena de mando. La otra cara de la moneda del modelo fue la creciente disyunción entre la eficacia militar y la legitimidad, que era evidente ya a comienzos de la década de 1990 en todos los sondeos de opinión, pero que en el nuevo siglo ha adquirido las características de una catástrofe política. Una vez más, la orientación militarista costó lágrimas de sangre a amplios sectores de la población civil: a organizaciones sociales demasiado autónomas94, a sectores religiosos, a formas de agencia política que en su momento resultaran incómodas. Basta echar una ojeada a los datos sobre políticos locales

93 Ver por ejemplo Centro de Memoria Histórica, Justicia y paz. Tierra y territorios en las versiones de los paramilitares, Bogotá, Imprenta Nacional, 2012
94 Ver por ejemplo Centro de Memoria Histórica, Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca indígena, Bogotá, Imprenta Nacional, 2012

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asesinados por las FARC, o a las masacres y/o secuestros cometidos por esa organización95. Obviamente, estos ataques contra diversos sectores de la población se podían justificar desde un discurso violento y autoritario, que a menudo condujo a una doble victimización (la de facto, seguida por una descalificación discursiva). Pero el punto decisivo en cuanto a persistencia fue que dicha solución organizacional generó a la vez la capacidad de sobrevivir, y la necesidad --vía acciones militares de control territorial-- de llevar a cabo acciones que victimizaban brutalmente a la población y producían rechazo y odio entre amplios sectores de ella.

Otra consecuencia indirecta de la forma en que coevolucionaron los modelos de guerra en Colombia fue la destrucción del tejido político partidista asociado a las FARC. En sus orígenes, las FARC aparecieron como parte de la familia comunista pro-soviética. La forma precisa de tal asociación ha generado algún debate, pero éste no es importante para la presente exposición. Lo que importa es que en las diversas vertientes de ortodoxia marxista la guerra de guerrillas era un instrumento del partido. La destrucción homicida de las organizaciones políticas y sociales de la familia comunista --incluyendo a las que resultaron de acuerdos de paz-- fue autonomizando a las FARC convirtiéndolas en un aparato político-militar autocontenido y restando autoridad a los militantes de aquella (la familia) que permanecieron en la legalidad96, reforzando las lógicas militaristas que tuvieron así desarrollo sin restricciones desde la década de 1990.

Con el avance del paramilitarismo, las reglas puras y duras de la guerra tendieron a favorecer a las FARC por encima de las otras guerrillas, y por consiguiente premió dentro de los desafíos al estado al modelo militarista97. El paramilitarismo fue una forma de violencia privada y punitiva que trataba de "quitarle el agua al pez". Esta estrategia golpeó severamente a diversas guerrillas que habían optado por otros modelos de instalación en el territorio. Aunque las FARC también fueron golpeadas, pudieron ripostar y sobrevivir

95 Ver por ejemplo el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya!: Memorias de guerra y dignidad, Bogotá: Imprenta Nacional, 2013
96 Ver por ejemplo Steven Dudley, Armas y urnas: historia de un genocidio político, Bogotá: Planeta, 2008 97 Las otras guerrillas podían ser también extremadamente violentas, y estar inspiradas en un modelo más autoritario. Pero su capacidad de fuego y operativa, así como su disciplina, eran mucho menores que las de las FARC.

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mucho mejor a la ofensiva paramilitar98. Es que las FARC no eran un "pez", y por consiguiente podían sobrevivir con muy poca agua. Con esto no quiero implicar en lo más mínimo que las FARC no haya tenido bases sociales significativas. Pese a su aislamiento extraordinario en las encuestas, en el mundo local cultivó redes y diversas formas de participación. Lo que quiero decir es que su relación con tales soportes estuvo mediada por la autoridad y la fuerza. En la lógica planteada por Weinstein99, el grupo tenía acceso a tantos recursos financieros y militares que no dependía, en cuanto aparato, de grandes soportes civiles. Por consiguiente, la "opción paramilitar" terminó seleccionando a su vez un desarrollo guerrillero que adoptó la forma-ejército, convirtiéndolo cada vez más en un aparato significativo y altamente estructurado, con su propia ideología y una densa cultura interna, pero con nexos cada vez más débiles con las lógicas del mundo exterior.

Algo análogo puede observarse con respecto de las dinámicas del reclutamiento por parte de las FARC. Estas tienen unas características organizacionales que hacen que sean extraordinariamente exigentes: militancia de por vida, actividad cotidiana altamente estructurada, no pago de sus miembros100, etc.. Además, tradicionalmente han sido la fuerza irregular que más ha combatido en el conflicto colombiano101. Así, pierden miembros regularmente por muerte, abandono, o captura. Si se incorpora el tema de la rotación de personal observable en las FARC se puede entender la magnitud del problema social sobre el que se ha desarrollado la guerra colombiana. Esta guerrilla tuvo a lo largo de los años un número muy significativo de abandonos, capturas y bajas. Por lo tanto, el lector debe tener en cuenta el siguiente simple pero fundamental hecho: con estas tasas de rotación, las FARC no hubieran tenido la menor capacidad de sobrevivir si no hubieran tenido simultáneamente una altísima capacidad de reclutamiento102. Esta, por supuesto, también

98 Vendrían a ser golpeadas después, pero por la acción de la fuerza pública, después de que esta pasara por un significativo fortalecimiento y escalamiento tecnológico. Pero las FARC crecieron de manera ininterrumpida al menos hasta 1999-2000.
99 Válida dentro de ciertos límites. Jeremy Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, Cambridge University Press, 2006.

100 Salvo en operaciones especiales. Para la descripción sistemática de todo el cuadro y el análisis de sus implicaciones, ver Gutiérrez , Telling the difference op. cit.
101 María Eugenia Pinto Borrego, Andrés Vergara Ballén, Yilberto La Huerta Percipiano, Diagnóstico del programa de reinserción en Colombia: mecanismos para incentivar la reinserción voluntaria individual, Archivos de Macroeconomía,Departamento Nacional de Planeación 211, 2002.

102 Ver: José Fernando Isaza y Diógenes Campos, «Modelos dinámicos de guerra: El conflicto colombiano», Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 29, (2005) 133-148. Como notan Isaza y Campos, este resultado se mantiene incluso si se descuenta por la severa contaminación que

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depende del modelo militarista adoptado por las FARC --que implica desarrollar destrezas relacionadas con altos niveles de división del trabajo, como organización y método--, pero tales características no hubieran podido operar si el campo colombiano no hubiera vivido una crisis profunda y una terrible destrucción de su tejido social durante el período de la guerra. La brutal concentración de la propiedad producto de dinámicas masivas de desplazamiento y despojo, las fracturas institucionales en las regiones con grandes cultivos ilícitos, la falta de una institucionalidad mínima para el campo, permitieron que se produjera el proverbial caldo de cultivo favorable para el reclutamiento.

La mala distribución y asignación de los derechos de propiedad sobre la tierra también estuvo, en efecto, en el centro de la perpetuación del conflicto. A medida que éste avanzó, se generaron tres fenómenos. En primer lugar, la inversión ilegal en tierras. Ella por su propia naturaleza es difícil de cuantificar, pero no es creíble que haya sido marginal. Toda la descripción cualitativa sistemática que tenemos a la mano sugiere que fue de gran magnitud103. Las razones son simples. El conflicto abarató el precio de la tierra en muchas regiones. El estado ha carecido de instrumentos para observar la tierra, y el impuesto predial hasta bien entrada la década de 1990 fue extraordinariamente bajo, incluso para los estándares latinoamericanos. No hablemos ya de la debilidad del catastro. Todos estos factores convirtieron a la tierra en una inversión ideal para los dineros ilegales. Una tierra barata, que pagaba muy pocos impuestos, y que estaba más allá de los débiles instrumentos de observación con los que contaba el estado, constituía una forma ideal de lavar dinero. Los compradores ilegales que carecían de acceso abierto a la seguridad del estado tenían que recurrir a diversas formas de protección privada, y por consiguiente se articularon de manera natural a la lógica territorial de los actores armados. El hecho de que el paramilitarismo fuera una red privada de actores locales con largas tradiciones de apropiación de la tierra, y de que su poca cohesión, débil cadena de mando y orientación punitiva le dieran cabida a formas masivas de violencia oportunista, hizo que el despojo se

podrían tener las cifras oficiales, por ejemplo incluyendo numerosos casos de "falsos positivos", etc. El lector debe notar que, así como hay fuentes de sobre-estimación de la cantidad de rotación de personal, hay otras de subestimación (por ejemplo, personas que abandonan la organización pero no se reportan a una agencia estatal, abandonos por heridas, etc.).

103 Comenzando por el trabajo pionero de Alejandro Reyes, La compra de tierras por narcotraficantes, Drogas ilícitas en Colombia. Bogotá, Ministerio de Justicia-PNUD-Planeta, 1997

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convirtiera en un delito en gran escala en Colombia104. Sintomáticamente, carecemos también de una cuantificación adecuada del fenómeno, pero lo más probable es que esté severamente subestimado. La violencia punitiva del paramilitarismo no solamente generó una masiva acumulación de la tierra --generalmente, aunque no siempre, violencia oportunista--, sino que provocó la destrucción masiva de las organizaciones sociales agrarias --violencia estratégica, pero articulada a las lógicas localistas de élites rurales--, profundizando al máximo los bloqueos de representación de los campesinos y el aislamiento del estado en el campo. Sintomáticamente, cuando algunos tomadores de decisiones y tecnócratas jugaron con la idea de importar a Colombia el modelo de las rondas campesinas peruanas, terminaron impulsando las Convivir, con sus implicaciones de privatización sin control de la coerción, ilegalidad, violencia homicida y articulación con el narcotráfico105. Ya por entonces, el estado simplemente no tenía muchos agentes legales con los cuales interactuar en el campo.

En segundo lugar, la gran propiedad agraria se convirtió en un recurso militar clave106. Ella, por ejemplo, tuvo una gran centralidad en los emprendimientos paramilitares de las décadas de 1980, 1990 y 2000; invertir en tierras a menudo fue el paso previo a la instalación en un territorio. La tierra sirvió como caleta para armas, coca y pistas ilegales. Se constituyó en lugar de entrenamiento, centro de tortura y fosa común107. Fue un punto de convergencia para el poder político, y en particular para el desarrollo de alianzas, firma de pactos, lugar de reuniones semi-legales, etc.; se volvió así el escenario en el que el actor

104 No todas las guerras generan los mismos patrones de violencia contra los civiles. Elisabeth Jean Wood, “Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime Rape Rare?” Politics and Society 37,
no. 1 (March 2009): 131–61. En América Latina parece que hay pocos conflictos con una magnitud de despojo que se acerque así sea de lejos a la colombiana. Gutiérrez (aceptado para publicación en Análisis Político): Estructura organizacional de los paramilitares y derechos de propiedad en el campo (1982-2007) 105 Ejemplos de los términos iniciales del debate se encuentran en El Tiempo, “Cooperativas de seguridad en blanco y negro”, publicado el 11 de diciembre de 1994, disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-262391, consultado 15 de noviembre de 2014

No propongo aquí, por supuesto, una hagiografía de las rondas campesinas. Hay una amplia literatura sobre sus consecuencias negativas. Simplemente constato que constituyeron una forma de acción totalmente distinta de las que observamos aquí. Sobre las Rondas, ver Orin Starn, Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales. Lima: IEP, 1991; Carlos Degrégori, José Coronel, Ponciano del Pino y Orin Starn, Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso, Lima: IEP- /Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 1996
106 John Jairo Rincón García, «¿Y la tierra dónde está? Versiones de los paramilitares sobre tierra-territorio y entrega de bienes para la reparación de víctimas en el marco del proceso de Justicia y Paz en Colombia (2007- 2009)». Revista Colombiana de Sociología, 33(1), (2010) 125-174
107 Una evaluación de estos usos se encuentra en: Francisco Gutiérrez, «Propiedad, seguridad y despojo. El caso paramilitar»"Revista de Estudios Socio-Jurídicos 16(1) (2014) pp. 43-74.

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armado se vinculaba con partidos, funcionarios elegidos y diversas burocracias estatales. En tercer lugar, se convirtió en punto focal para continuas disputas y reconfiguraciones del poder local. A los que deploran profilácticamente los arreglos institucionales que puedan salir del acuerdo de paz hay que recordarles que es difícil imaginar un diseño más anti- propiedad que el que se instauró para la tierra rural en Colombia. El acceso a la tierra puede obtenerse por medio de mecanismos universalistas, como el mercado o reglas de juego establecidas públicamente por el estado. Pero la asignación puede llegar también por medio de mecanismos particularistas. El carácter inherentemente inestable, pro-violencia y anti- desarrollo de estos últimos está ampliamente establecido en la literatura108. En la medida en que se pudo adquirir la tierra por medio de una combinación de redes de amistades, influencias políticas, equipos de abogados sofisticados y coerción --el peso de cada componente varió según el momento y la región--, todos los actores quedaron expuestos a diversas formas de expropiación.

Y esto me lleva a una última observación. Todas estas formas de violencia estuvieron transidas por problemas muy severos de acción colectiva y de fracturas territoriales. Estaban apoyadas en coaliciones frágiles en las que interactuaban agentes legales e ilegales, con intereses que a menudo se contraponían y que llevaban a continuos enfrentamientos, algunos de los cuales, como lo señalé arriba, degeneraban en conflicto armado. Los paramilitares servían a muchos actores --en jerga técnica, eran los agentes de diferentes principales-- cuyos intereses no siempre eran compatibles. La coordinación territorial de los actores involucrados en la violencia pro-estatal fue extremadamente difícil, entre otras cosas por su debilidad organizativa y la manera "feudal" --que casaba muy bien con las economías sobre las que actuaban-- en que distribuían el territorio109. Por

108 Douglass North, John Joseph Wallis, Barry Weingast, Violence and social orders. A conceptual framework for interpreting recorded human history, Cambridge University Press. 2009. También: Yoram Barzel, Economic analysis of property rights, Cambridge University Press. 1997. Para el problema específico de los derechos de propiedad sobre la tierra en los países en desarrollo: Daniel Fitzpatrick, "Evolution and Chaos in Property Rights Systems:

The Third World Tragedy of Contested Access", The Yale Law Journal no. 115 2006 pp. 946-1046 Para un estudio de caso relevante, Stephen Haber, Noel Maurer, Armando Razo, The politics of property rights, Cambridge University Press, 2003.
109 Ver Rodrigo García alias Doble Cero, http://doblecero.blogspirit.com/archive/2006/06/index.html, consultada el 16 de junio de 2014. Esta es la descripción de un terrible victimario, observador privilegiado y a la larga víctima de estas dinámicas, Doble Cero, sobre la forma en que sus compañeros distribuían el poder territorial. Es el propio Doble Cero quien ofrece la caracterización de "feudal".

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consiguiente, aquella --la violencia privada pro-estatal-- sufrió endémicamente de problemas de coordinación, de fragilidad de las coaliciones, de agente-principal, y de integración vertical, lo que la hizo a la vez extraordinariamente homicida y extraordinariamente ineficiente. Para despejar cualquier equívoco que se quiera crear, rechazo sin resquicios cualquier represión homicida, desproporcionada e ilegal, sea o no eficaz. Pero la anarquía generada por el paramilitarismo y la privatización masiva del uso de la fuerza es una variable clave para entender el carácter muy prolongado del conflicto colombiano, el por qué se dio la desmovilización paramilitar, y algunos de los procesos de reconfiguración institucional que siguieron a ésta.

3.4 RECAPITULACIÓN Y SALIDAS

Al tratar de responder a la pregunta de por qué el conflicto colombiano ha sido tan prolongado, destaqué cinco factores fundamentales: el narcotráfico, patrones específicos de violencia contra civiles por parte de las guerrillas (en particular el secuestro), el desarrollo masivo de formas privadas de provisión de seguridad relacionada con cierto tipo de élites, la articulación de tales modalidades con burocracias estatales (sobre todo pero no únicamente armadas), y la ilegalización del sistema político en el curso del conflicto armado. Después analicé algunas de las principales formas en las que interactuaron, mostrando cómo generaron propiedades emergentes estables que se superpusieron a los motivos originarios y se constituyeron en factores adicionales favorables a la persistencia. Nótese que esto de paso contribuye a explicar dos aspectos claves del conflicto colombiano. Primero, el hecho de que se haya podido desarrollar sin recurrir a una centralización brutal y autoritaria del poder (lo que ocurrió fue más bien lo contrario). La guerra colombiana no estuvo asociada a dicho cierre, sino a enfrentamientos endémicos entre las élites110. Y segundo, el que la variación regional del conflicto en todas sus expresiones haya sido tan brusca111: lo fue por diseño, porque la acción violenta estuvo concebida, construida y

110 Ver Philip Mauceri, «Estado, élites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú», Colombia Internacional no. 52 (2001) pp. 46-64. En ese sentido, quizás sea inexacto trazar un contraste demasiado neto entre La Violencia y la guerra (contra)insurgente.
111 Para un análisis meticuloso de las especificidades regionales de nuestro contexto, ver Teófilo Vásquez, Andrés Vargas, Jorge A. Restrepo (editores), Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en

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desarrollada a partir de la interacción entre un conjunto de actores locales y agencias nacionales.

El resultado en términos de costos humanos es devastador. Como lo han señalado varios observadores, la democrática Colombia experimentó una tragedia humana que sólo se puede equiparar en sus dimensiones a la de las dictaduras terroristas al estilo de la argentina o la guatemalteca. Espero que aún conociendo las lógicas subyacentes al fenómeno, el lector no se deje de sorprender al recordar que esto se dio en paralelo con una vigorosa apertura democrática en 1991 --imperfecta, como lo son todas, pero no por eso menos genuina--, un crecimiento económico modesto pero continuo, el crecimiento del estado, y la modernización de muchas de sus agencias. Así como de grandes cambios demográficos y sociales, comenzando por una urbanización acelerada --y trágica, en la medida en que fue catalizada por una agresión al rojo vivo dirigida sobre todo contra los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes--.

Y precisamente todo esto condujo a las rutas que han permitido arribar por fin a un proceso de paz creíble. La masiva privatización del uso de la fuerza desorganizó al estado en muchos sentidos fundamentales. Puso en contradicción sus formas de ocupación del territorio --apoyada en coaliciones antisubversivas que tendían a incluir a narcotraficantes y otros actores ilegales-- con su legitimidad internacional, que exigía disociarse de los narcos: es decir, dislocó las dos dimensiones básicas de la soberanía. También minó la legitimidad internacional del país a través de la generación de niveles insostenibles de violencia. Fomentó la ilegalización del sistema político. Por los problemas que generó en términos de coaliciones, acción colectiva, agente-principal e integración vertical, también abrió ventanas de oportunidad a desafíos que fueran capaces de desarrollar formas organizativas sistemáticas y eficientes. Todo lo anterior explica en buena parte la desmovilización paramilitar112, y el doble intento de modernización del estado y de acotamiento de la

el sur de Colombia, Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2011. Para un análisis de las diferencias inter e intra grupo de patrones de violencia contra los civiles, ver Francisco Gutiérrez y Elizabeth Wood, The Puzzle of Patchy Convergence: Violence in Colombia's Civil War,
presented at the Conference on Paramilitaries, Militias, and Civil Defense Forces in Civil Wars,
Yale University, October 19th, 2013.
112 Estos serios problemas de integración de coaliciones se transparentan en las declaración públicas y privadas tardías de Carlos Castaño: "el narcotráfico nos dividió y hundió...". Citado en Javier Montañez, Julián Bolívar, Pablo Sevillano, Ernesto Báez, Pensamiento social y político del Bloque Central Bolívar de las

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provisión privada de la seguridad que se da en paralelo a ella. Que, en principio, estaba dotado de un importante potencial positivo. Sin embargo, esta intentona no podía tener éxito mientras estuviera asociada a un proyecto político con fuertes proclividades violentas y antidemocráticas, que se apoyaba en exactamente las mismas coaliciones y en el mismo mundo que habían generado la privatización masiva de la seguridad y la ilegalización, igualmente masiva, del sistema político.

A la vez, la encarnación del desafío al estado que terminó siendo la fuerza ilegal que logró mantenerse en mejores condiciones y por más tiempo debido a las leyes duras de la guerra, encalló en una contradicción insoluble debido a dos factores. Por un lado, la solución militarista condujo a un déficit catastrófico, cada vez peor, de legitimidad frente a una población crecientemente urbana y alejada de los motivos fundacionales en los que se inspiraba dicho desafío. Y por otro, dadas las asimetrías inherentes a la guerra irregular, no le resultó fácil enfrentarse a una respuesta más integrada, menos dependiente de formas privadas de coerción y por consiguiente menos transida por sus inestabilidades y desorganización113.

Todo esto traza una clara ruta de salida: una salida que puede ser enormemente beneficiosa para el país. La pregunta simple es si prevalecerán los factores de persistencia, aún presentes, o las lógicas de la civilización.

4 EL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS

Esta breve sección no pretende, ni podría pretender, ofrecer una descripción de todo el conjunto de violencias que sufrió la población durante nuestra guerra. El Centro Nacional de Memoria Histórica ya ha hecho aproximaciones interesantes114, que son un punto de referencia obligado para cualquier avance sistemático que se haga a partir de ahora. Aquí

AUC, Santa Fe de Ralito: 2005. Obviamente, la convivencia de Castaño con el narcotráfico venía de larga data, como en otra parte sugieren sibilinamente los autores del impreso citado.
113 Entre otras cosas porque la fuerza irregular no tenía la menor oportunidad de escalar tecnológicamente su actividad al mismo paso que el estado.
114 Entre 1958 y 2012, el conflicto ha causado 218.094 muertes violentas, CMH, ¡Basta ya!, 2012 Op. Cit

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simplemente presento algunos de los datos más elocuentes, y destaco desenlaces muy importantes que han escapado a la atención de la mayoría de los comentaristas.

Toca advertir, empero, que las cuantificaciones con las que cuenta la sociedad colombiana son todavía imperfectas y están basadas en muestras de conveniencia, de manera que han circulado en el país muchas aserciones que NO se pueden, ni se deberían, hacer. Por ejemplo, con base en muestras de conveniencia muy imperfectas y con las características de las bases de datos con las que contamos, es menester ser muy prudente a la hora de hacer estimativos sobre proporciones atribuibles a distintos perpetradores115. Todo lo que diga en este sección: a. está en esencia basado en el Registro Único de Víctimas (RUV), que para la mayoría de los delitos posiblemente sea la mejor fuente que hay en el país116; y b. está marcado por este espíritu de cautela.

El desplazamiento castigó a no menos de 6 millones de personas según el RUV (ver Tabla 2). Sin embargo, la categoría de "desplazamiento" es todavía muy amplia, e incluye diversas formas de afectación, que van desde la disrupción económica en la región que habitaba el desplazado hasta la desposesión coercitiva, pasando por la intimidación. Con respecto de muchas de estas categorías, como la de campesinos que perdieron su tierra (desposeídos), es muy posible que las pocas y tentativas cifras que tengamos sean una grosera subestimación. Vale la pena destacar que muchos de los desposeídos han sido re- victimizados numerosas veces. El que probablemente sea el único sondeo entre ellos reporta, en efecto, altos niveles de temor frente a una potencial revictimización117. El RUV cuenta más de 1 millón de víctimas letales por causa del conflicto. Aparentemente, el RUV sólo incluye muertos civiles, así que a esta cifra le faltarían los muertos en combate. Quizás el que pueda llamarse el gran "delito clandestino" del conflicto colombiano, la desaparición

115 Me encuentro preparando un informe sobre el tema. Para poner un ejemplo, la variable Presunto_Victimizante que tiene el RUV contiene 1128881 homicidios, de los cuales 70.55% son valores faltantes; 166591 desapariciones, de las cuales 80.83% son valores faltantes; y 6292497, de los cuales 39.63% son valores faltantes (cálculos propios sobre el RUV al corte 30 de septiembre de 2014). La conclusión: con ese porcentajes de valores faltantes, y la forma en que son categorizados los presuntos victimizantes, no es ni prudente ni correcto hacer pronunciamientos sobre proporciones de delitos atribuibles a cada actor armado.
116 No siempre. Por ejemplo, para el caso del secuestro, ver el trabajo del CNMH sobre secuestro, op. cit.. 117 http://www.observatoriodetierras.org/

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forzada118, tiene también dimensiones aterradoras. Hemos sufrido ya más de 150 000 desapariciones. Una vez más, tengo poderosas razones para creer que esto constituye una severa subestimación. Una de las máximas expresiones de la degradación del conflicto son los mal llamados "falsos positivos", es decir, el asesinato de pobladores inocentes para presentarlos como miembros de la guerrilla. A menudo, estos asesinatos fueron producto de la interacción entre miembros de la fuerza pública y paramilitares.

El secuestro llegó a adquirir en el contexto de nuestra guerra, como lo notó la prensa en su debido momento, dimensiones industriales (37.000 casos según el RUV). Aunque al principio afectó principalmente a élites económicas, políticos y otros blancos predilectos de las guerrillas --cosa que por supuesto no lo hace más excusable--, terminó golpeando a muchos otros sectores de la población a través de mecanismos como las llamadas "pescas milagrosas". No tenemos ninguna cifra mínimamente confiable sobre violencia sexual, pero estudios de caso y otra evidencia cualitativa sugieren que actores específicos durante ciertos períodos y en regiones concretas la utilizaron como herramienta bélica, o simplemente permitieron a sus miembros atacar sexualmente a la población civil, sobre todo en el contexto de operaciones punitivas.

TABLA 2 - ALGUNAS FORMAS DE VICTIMIZACIÓN DE ACUERDO CON EL RUV (Corte septiembre 30 de 2014)119

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118 Carlos Miguel, Ortiz, Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2014/desaparicion-forzada/Tomo-I.pdf 119 No incluyo eventos que tienen de manera obvia subestimaciones dramáticas, como delitos contra la integridad sexual.

Literalmente millones de campesinos sufrieron el robo y/o la destrucción de sus pertenencias, su menaje doméstico y sus animales de granja120. Estos millones que tuvieron que salir intempestivamente de sus tierras y/o poblaciones llegaron a las ciudades a vivir en ámbitos en los que carecían de destrezas y redes de protección para garantizar su supervivencia. Muchas unidades territoriales que fueron receptoras masivas tardaron años en desarrollar políticas con respecto de la población desplazada, o no lo hicieron en absoluto. Decenas o cientos de miles de personas quedaron completamente por fuera de la consideración de políticas públicas, incluso en leyes positivas e importantes (los tenedores con respecto de la restitución en la Ley 1448, por ejemplo)121. A propósito: las cifras sugieren que hubo una gran concentración territorial de la victimización de los civiles; esto se sostiene si hace el análisis año a año o para diferentes períodos, y usando distintas unidades de análisis122. Esto da al país una voz de esperanza, pero otra de alarma. La de esperanza es que un buen trabajo de las agencias del estado podría operar sobre los casos críticos con grandes efectos. La de alarma es que muchos de los horrores que ocurrieron se hubieran podido evitar si alguien con la capacidad de decidir hubiera querido o podido actuar a tiempo.

El conflicto destruyó de manera masiva tejido social, tradiciones positivas, y redes de confianza. En la medida en que estuvo asociado a un brusco aumento de la criminalización de la vida pública y la propiedad sobre la tierra, también tuvo un efecto deletéreo sobre la confianza de los colombianos en sus conciudadanos y en las instituciones.

Uno de los problemas menos analizados de nuestro conflicto es el impacto que tuvo sobre el sistema político. Generó grandes tragedias y numerosas distorsiones. Aquí me limito a destacar las que posiblemente sean las tres fundamentales. Primero, la simple sangría brutal de miles y miles de líderes políticos, cívicos y sociales. La destrucción de la

120 Algunas de estas pérdidas están referenciadas en el RUPTA; ver también Luis Jorge Garay (Director)

Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia", Bogotá: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2011, disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/adicionales/inf_tierras_2010-2011_01_06.pdf
121 Pese a avances como por ejemplo el haber incluido víctimas de los agentes del estado.

122 Esto es: las gráficas de victimización que tienen al municipio como unidad de análisis tienen largas colas a la derecha, y muchos valores en cero. Francisco Gutiérrez Sanín and Elisabeth Jean Wood, 2014. “Variation in Violence by Paramilitary Groups in Colombia.” Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Washington D.C., 29 August 2014

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Unión Patriótica debe estar en el primer lugar de la lista de cualquier enumeración de daños por concepto de este rubro123. Que este politicidio se haya podido cometer a ojos vista, sin mayores impedimentos para los perpetradores, interroga de manera severa los mecanismos de protección existentes en nuestro país a diversas formas de oposición política y de activismo social. Algo análogo se debe decir sobre los miles de muertos que han puesto124 la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y otras organizaciones sociales del campo, los indígenas organizados, los afro-colombianos, y los sindicatos125. Hay mucho más, claro. El asesinato de diputados y concejales incómodos para las FARC, los paramilitares y otras guerrillas, a través de diversas modalidades del "plan pistola", no se ha cuantificado, pero parece haber sido significativo. La destrucción de Esperanza , Paz y Libertad a manos de una coalición de diversas fuerzas guerrilleras es otro ejemplo prominente126. No hablemos ya de los centenares, o miles, de alcaldes y autoridades locales asesinados, secuestrados, desaparecidos o amenazados por actores armados de diverso signo. Piense el lector no solamente en la tragedia humana, sino en el enorme potencial cívico, de destrezas, capacidades y energías de participación en lo público, que fueron abruptamente mutiladas en el curso de estas décadas.

En segundo lugar, la masificación de la entrada de agentes y dinámicas ilegales al sistema político a la que me referí en la sección 3. Los dos ejemplos más espectaculares de esto --y sobre los que hay ya decisiones judiciales en firme-- son el proceso 8000 y la parapolítica127. Pero la ilegalización de la actividad pública va mucho más allá, e involucra la transferencia de poderes a coaliciones territoriales que cuentan con el acceso a la coerción privada. En la medida en que las destrezas de nuestro centrismo se basaron tradicionalmente en la coordinación de coaliciones y redes territoriales, la masiva entrada

123 Op Cit Carroll 2011; Op Cit, Dudley 2008
124 Y siguen poniendo.
125 Ver por ejemplo Carlos Miguel Ortiz, Reconocer el pasado. Construir el futuro. Informe sobre violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados, PNUD Colombia, 2011, disponible en: http://www.pnud.org.co/2012/informe_sindicalismo.pdf
126 Álvaro Villarraga Sarmiento y Nelson Plazas Niño, Para reconstruir los sueños. Una historia del EPL, Bogotá: Fundación cultura democrática. 1994.

127 Ver por ejemplo Claudia López (ed.), ... y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Bogotá: CNAI-Random House Mondadori, Bogotá, 2010; Mauricio Romero,2007. Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos
, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris; Daron Acemoglu, James Robinson y Rafael Santos-Villagran, The Monopoly of Violence: evidence from Colombia”, Working Paper, Harvard University, 2009

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de agentes ilegales y muy violentos a ellas redes neutralizó los efectos civilizadores de aquel (el centrismo). En tercer lugar, y en relación con lo anterior, se desarrolló una interacción de largo aliento entre armas y votos. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es la lucha por las alcaldías, referenciada más arriba. La parapolítica es otro caso notable, que abarcó diferentes territorios128. Muchas disputas entre diferentes grupos en el curso del conflicto armado se desarrollaron a través del asesinato selectivo de líderes políticos o sociales de un bando u otro129. A veces, tales asesinatos eran promovidos por una facción política contra su competidora, pero implementados por el grupo armado de turno. Es decir, la lucha armada terminó articulándose a los endémicos conflictos faccionales de la política colombiana. Todo esto ha generado una profunda y persistente distorsión de los mecanismos de representación.

Por definición, el conflicto menoscaba la soberanía del estado. Al resquebrajar el marco unitario que requiere cualquier interacción pública, el debilitamiento de la soberanía genera, o refuerza, grandes exclusiones sociales. En Colombia, la guerra profundizó la desigualdad horizontal anti-campesina. El ejemplo obvio es la confluencia entre las demandas de seguridad de élites rurales y las orientaciones estratégicas de cuerpos de seguridad del estado, lo que dio origen o reforzó una alianza estratégica entre las dos partes. A esto se sumaron nuevos sesgos de tipo jurídico, que se acumulaban sobre diseños persistentemente excluyentes130. Con la grave mutilación de lo que quedaba de institucionalidad agraria en el país en los primeros años de la década de 2000131, se cerró el círculo132.

128 En la página web de la Misión de Observación Electoral se encuentran excelentes documentos sobre riesgos electorales. http://issuu.com/misionobservacionelectoralmoe
129 De hecho, esto también afectó a líderes religiosos, pero hay muy poco trabajo sistemático sobre el tema como para poder incluirlo aquí.
130 Rocío Peña, Mónica Parada, Santiago Zuleta, La regulación agraria en Colombia o el eterno déjà vu hacia la concentración y el despojo: un análisis de las normas jurídicas colombianas sobre el agro (1991-2010), Revista de Estudios Socio-Jurídicos vol. 16 no. 1 2014, pp. 122-166
131 Francisco Gutiérrez, « Extreme Inequality: A Political Consideration. Rural Policies in Colombia, 2002- 2009» en Morten Bergsmo, César Rodríguez-Garavito, Pablo Kalmanovitz and Maria Paula Saffon (editors), Distributive Justice in Transitions, FICHL, 2010, disponible en: http://www.fichl.org/fileadmin/fichl/documents/FICHL_6_web.pdf, pp. 215-257
132 Hay que advertir que desde 2010 se inició un proceso de recuperación limitado pero real.

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Según cálculos de diversas fuentes, Colombia podría estar sacrificando varios puntos del PIB por estar en guerra. Estas aserciones no necesariamente son sólidas, pero constituyen un primer referente. Destaco en cambio aquí tres consecuencias económicas de la guerra. En primer lugar, por los efectos enunciados en las anteriores subsecciones, para hacer presencia estable en determinadas regiones los agentes tienen que obtener acceso a formas de seguridad privada, contactos políticos, y abogados sofisticados: es decir, tienen que incurrir en costos de transacción prohibitivos. Los incentivos para que lo hagan están ahí: una muy pobre infra-estructura y dotación de bienes públicos, gran carencia de capital humano, violencia y amenazas crónicas, y modalidades institucionales de asignación de los derechos de propiedad que pasan directamente por el sistema político. Esta es no solamente una dinámica que tiende a auto-reproducirse, sino que pesa como una losa sobre las perspectivas de crecimiento económico del país. En segundo lugar, ha profundizado el dualismo territorial y económico que afecta al modelo de desarrollo colombiano, así como el de otros países133. Pero quizás el efecto negativo fundamental es que produjo en muchas regiones una concentración de la tierra a sangre y fuego134. Al hacerlo, parece haber estado fuertemente asociada al aumento de la inequidad agraria, que ha llegado a niveles inverosímiles (con el indicador del Gini ya acercándose peligrosamente a 0.9135), reforzando la yuxtaposición de exclusiones que han sacado al campesinado colombiano -- demasiado frecuentemente a través de la simple destrucción física-- del juego de la representación. Todo esto creó las condiciones para que continuaran teniendo poder esas coaliciones regionales que han jugado uno de los papeles protagónicos en estas décadas de destrucción.

133 Alexander Gerschenkron, Economic backwardness in historical perspective, Belknap Press, 1962. Una vez más, para una observación temprana acerca de las relaciones entre patrones de tenencia y atraso en Colombia y América Latina, ver Legrand, op. cit.
134 Para el caso del Catatumbo, ver Sonia Uribe, « Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas de ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto armado. El caso de Tibú, Norte de Santander (2000- 2010)», Revista de Estudios Socio-Jurídicos vol. 16 no. 1 (2014) pp. 243-283.

135 En esto coinciden estudios y especialistas. Ver por ejemplo: Varios, "Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia", IGAC, 2012; Ibáñez Ana María, Juan Carlos Muñoz, La persistencia de la concentración de la tierra en Colombia: ¿Qué pasó entre 2000 y 2009?, disponible en: http://jcmunozmora.webuda.com/papers/Ibanez-Munoz_2010.pdf

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5. CONCLUSIONES

Nótese que muchas explicaciones comunes sobre el origen y desarrollo del conflicto colombiano son incapaces de dar cuenta de factores básicos y de bulto, como las grandes aperturas democráticas que vivió el país en el período, los numerosos procesos de modernización por los que pasaron diversas agencias del estado, la estabilidad de nuestras instituciones liberales etc.; y mucho menos de la variación regional del conflicto, o de los severos problemas de acción colectiva que han sufrido todos sus actores, comenzando por las élites económicas y políticas. Nos encontramos a lo largo de este relato con muchas exclusiones sociales, pero nunca, o muy rara vez, con un "sistema" orientado por una lógica unitaria y capaz de idear un plan maestro de inflexible cumplimiento.

La narrativa que presento aquí sí puede explicar estas aparentes anomalías y pasar algunos exámenes comparativos básicos. No por eso es menos alarmante. Desde el punto de vista de la población civil, el peor contraste en esa colección de contrastes que definen a Colombia quizás sea la incapacidad de nuestras instituciones liberales de garantizar universalmente un mínimo de civilización política. Mientras continúe la vinculación entre las armas y la política esa brutal anomalía continuará. Una tarea central de las generaciones futuras de colombianos será desmontarla sistemáticamente.

¿Es realizable esa tarea? Creo que sí. A lo largo de este texto, analicé factores sociales e institucionales relevantes asociados al origen y persistencia del conflicto colombiano. Cuando se evalúan los aspectos críticos de ellos, nos encontramos con muchas mejoras (piénsese solamente en la Constitución de 1991), pero también en muchos casos con continuidad, y también con empeoramiento radical (por ejemplo, inequidad agraria). Esto no quiere decir que nuestro conflicto constituya un equilibrio inamovible o una dinámica cerrada y perfectamente auto-contenida. Como lo ilustra tan elocuentemente el proceso de paz en curso, hay puertas de salida. Que las soluciones a los problemas acumulados a lo largo de estos años sean complejas y de difícil implementación no debe descaminar a nadie de su propósito pacifista. Es que en la actualidad el peor enemigo del tránsito hacia una sociedad viable, democrática, incluyente y con crecimiento económico vigoroso es la continuación misma del conflicto. Esto no es casual: en la sección sobre persistencia argumenté que muchas de las características que hacían de nuestra guerra un

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fenómeno a la vez tan tremendamente estable y tan destructivo provenían de propiedades emergentes que resultaban de la interacción entre estructuras socio-económicas y patrones de violencia. Y dichas propiedades actuaron después sobre las estructuras, empeorándolas. Un ejemplo simple es la activación de la violencia punitiva privada, que conduce a la acumulación violenta de tierras.

El marco general que permita al país dirigirse hacia la superación activa de los factores de origen y persistencia --y en ese contexto la expresión "transición" puede llenarse de contenido-- solamente se podrá construir y usar apropiadamente a través del arma de la crítica, pues la crítica de las armas tuvo ya tiempo de demostrar toda su capacidad de producir horrores y a la vez toda su impotencia para generar cambio social (de hecho: su capacidad para bloquearlo). Cierto: nadie con un mínimo de honradez intelectual puede garantizar el éxito de esta operación, de darse las condiciones adecuadas para que comencemos a implementarla. Pero lo que sí está garantizado, en cambio, es que de persistir en el camino de la guerra seguiremos acumulando horrores, humillaciones, destrucciones y bloqueos.

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