LA DEFENSA DE LA VIDA

Darío Botero Pérez

1.
Los secuestros económicos, como lo reconoció el mismo Santos en su discurso del 7 de agosto, son usados como un aterrador e imperdonable medio de financiación por la guerrilla.

Con semejante práctica inhumana, los resueltos subversivos, que prefieren morir de pie a sobrevivir de rodillas, contradicen sus ideales sociales y políticos, pues -como los ataques a poblaciones, el asesinato de líderes populares o el uso de minas antipersonales- el secuestro es un acto contra la sociedad civil y los derechos humanos.

Por muy altruistas que sean sus ideales, sus actos no dejan de ser criminales, como todos los de quienes han alcanzado el poder durante la Historia. Por eso, ésta tiene que fenecer para darle paso a una democracia auténtica de carácter global.

La sociedad que la remplazará está representada por los indignados que se levantan desde diciembre de 2010, cada vez en más países a partir de Túnez. Son notables la actual insurgencia violenta en Inglaterra; el despertar de Chile (vitrina y gran fracaso del Neoliberalismo); la represión en Libia, Siria, Yemen; el triunfo en Islandia; la inquietud social en España y Grecia; y las manifestaciones masivas en el mismo Israel, meca de los sionistas empeñados en destruir el Mundo pero cuya derrota supo predecir Arnold Toynbee.

Sin duda, la naciente Sociedad Democrática Global será capaz de derrotar el “gobierno mundial en la sombra” que tan adelantado llevan los potentados y que tiene rostros visibles en la ONU, el FMI, la OTAN, y demás agencias fieles a los mandatos sionistas del Club Bilderberg dirigidos a establecer el Nuevo Orden Mundial.

En consecuencia, aunque el carácter y las prácticas de los enemigos que enfrenta la guerrilla quizás ayudan a entender el uso de métodos tan retrógrados, al menos porque los usados por el establecimiento son peores (como el desmembramiento con motosierras que los militares le permitían a los paramilitares), la guerrilla también está condenada a desaparecer con la Historia por ser una alternativa de poder anacrónica, jerárquica, antidemocrática, arbitraria, violenta y autoritaria.

Llegó la época de las multitudes conscientes, hasta ahora oprimidas por los potentados -en todo el Mundo y bajo variopintas ideologías- que las despojan de su derecho a gobernarse en su propio beneficio para sacrificarse para que los enemigos comunes sigan pelechando y abusando.


2.
Al lado de los convertidos en mercancía pisoteando su dignidad humana, desde hace demasiados años la guerrilla colombiana mantiene secuestrados políticos y hasta prisioneros de guerra, cuya vida ha respetado con miras a adelantar un "intercambio humanitario" que la sociedad civil más evolucionada ha apoyado, empezando por los familiares desamparados por el Estado; pero que los gobiernos no han impulsado con la celeridad requerida, o hasta se han dedicado a sabotearlo.

Éste fue el caso del dictador Uribe Vélez afrentando a los ciudadanos, como quedó claro con la proeza del profesor Moncayo, quien logró la liberación de su hijo gracias a su tenaz empeño personal, que fue capaz de derrotar la desidia y la demagogia del Estado vapuleado por el chalán de Salgar, y supo rechazar su retórica populista.

Pero todos los gobernantes han hecho lo que la sociedad les ha tolerado para atravesarle obstáculos a las liberaciones, inclusive a las ofrecidas unilateralmente por los subversivos.

La particularidad de los furibistas es que han preferido dedicarse a calumniar y a desacreditar a Piedad Córdoba, quien ha demostrado contar con la confianza de los guerrilleros, pues estos compatriotas no ignoran sus simpatías por la causa de la justicia social que anima su propia lucha y es la justificación para haberse alzado en armas.

Sin dudas, sin los saboteos del tigre Uribe la lista de liberados sería mayor.


3.
Es de esperarse que Santos tenga la claridad y los cojones necesarios para denunciar las argucias del caporal y de su asesor impune, cínico y erudito, José Obdulio Gaviria Vélez.

Desgobernaron rodeados de una tropa de mediocres, ineptos y ambiciosos, empeñados en revolver las aguas para cometer sus fechorías sin correr mayores riesgos. Así lo demuestra el aterrador cuatrienio doble.

Durante él robaban en todos los frentes mientras, contando con la complicidad de los medios de manipulación y desinformación, como El Colombiano de Medellín que sigue defendiéndolos, distraían a la opinión con los falsos positivos, las falsas desmovilizaciones y las calumnias a los periodistas, a los opositores políticos y a los magistrados, para adelantar impunemente el despojo de los campesinos; la entrega de los sagrarios de vida a los depredadores extranjeros; las agresiones a los vecinos o el uso de logos de la Cruz Roja, violando la legalidad internacional; y tantos atropellos más, cada uno de enorme gravedad.

Como sabemos, los numerosos abusos están arropados bajo la política de "seguridad democrática" que garantizaba a sangre y fuego la "confianza inversionista" mientras destruía aceleradamente el tejido social con la tercera pata del monstruo concebido por José Obdulio como prueba de su ingenio medieval, la "cohesión social".

Es lo que el mismo gurú, en su elementalidad de megalómano sin límites pero sin la suficiente preparación para sostenerse en las cumbres, denominó sus "tres huevitos" que, no obstante, el evolucionado converso Juan Manuel Santos insiste en que no dejará de empollarlos.

Al menos, siempre afirma que los cuidará, lo cual, necesariamente, no significa que los empollará, de modo que puede dejarlos quietitos, bien protegidos y blindados, pero sin calor, hasta que se pongan hueros por su propio destino. Es lo que los furibistas agudos sospechan.

Sería algo parecido al mantra santista de “no pelear con Uribe”. Santos sabe que su naturaleza delictiva se encargará de que su largo prontuario no quede impune, por mucho que siga confiando en sus dotes de culebrero paisa que ante nada se arredra y no teme insultar a quien lo contradiga, como al periodista que públicamente calificó de marica y amenazó con darle en la cara, recién iniciado el primer período de su dictadura.

Sin duda, Uribe Vélez se matará sólo, pues su soberbia le impide dejar de cometer abusos y actuar como si estuviese por encima del bien y del mal, como un redentor predestinado, según lo convenció desde muy niño el astuto e intocable jefe del cartel de Medellín, don Fabio Ochoa, el criador del caballo de paso fino colombiano.

Con semejante engendro, el dúo perverso de huevones del "cartel de Medellín" o "clan de los Ochoa", aplastó la Constitución y el Estado de Derecho acordados por los ciudadanos en el pacto social de 1991.


4.
Habidas estas consideraciones históricas, políticas, sociales y éticas, no deja de ser bastante patético que los furibistas sigan esmerándose en hallar “pajas” en los ojos de quienes los denuncian, pretendiendo descalificar sus acusaciones, referidas a hechos tan enormes como “vigas” de baobab atravesadas en sus vistas de demagogos inescrupulosos. Quizás por eso son tan ciegos y torpes que sólo logran engañar inocentes ingenuos y desinformados.

Proceden azuzando a sus huestes de adoradores acríticos e incondicionales, ante la imposibilidad de refutar los contundentes hechos delictivos cometidos por los funcionarios y sus socios durante ocho años de inolvidable y denigrante dictadura que no podemos repetir de ninguna manera, y que cada vez menos estarán dispuestos a apoyar, pues los engañados no son bandidos, de modo que pueden recapacitar aunque los verdaderos bandidos insistan en engañarlos y auparlos para que peleen por su líder furibundo

Los corrompidos ya como que entienden que la oligarquía tradicional tiene la obligación de castigarlos ejemplarmente, si aspira a recuperar el ejercicio monopolista del poder que ha ostentado desde los tiempos de las llamadas “independencias”, logradas por los criollos al quitarles a los colonizadores europeos el gobierno y la opresión de los pueblos, tanto como el saqueo de las riquezas de los territorios correspondientes.

Afortunadamente, ahora las clases emergentes no tienen la fuerza suficiente para conservar el poder que había conquistado la mafia, acudiendo a procedimientos tan aterradores como los bombardeos indiscriminados y permanentes para poner de rodillas a toda la sociedad, ordenados por el capo despiadado Pablo Escobar Gaviria (el primo de José Obdulio y principal impulsor de la hegemonía de los “paracos” de esas clases emergentes, que llegaron a la cúpula con el dictador Uribe y, por fortuna, van cayendo sin que nadie las ataje)

La calumnia y la calificación de los cargos penales como persecución política son los recursos, torpes y pueriles como siempre, que ahora agitan con desespero.

Continúan calificando como “terroristas” a quienes no compartan sus métodos criminales, atendiendo a la erudita asesoría de José Obdulio, auténtico apóstol de la “neolengua” que tergiversa todos los conceptos.

Los mismos Inacio Lula da Silva, expresidente del Brasil, y Arturo Pérez Esquivel, premio Nobel de Paz, han sufrido las acusaciones del “honrado”, “honorable” y ejemplar dúo que ejerció durante ocho años la dictadura por la que toda la vida han trabajado el gurú chalán y sus padrinos del clan Ochoa.
Pero los capos pronto recibirán los castigos que tanto se merecen. A medida que la Verdad sale a la luz, cada vez son menos a quienes logran engañar con sus maneras de discípulos de Escrivá de Balaguer, redomados hipócritas y embusteros, aficionados a la calumnia porque su bajeza moral les impide acudir a otros recursos para atacar a sus enemigos intentando defenderse de los cargos que no tienen forma de negar y que ya la sociedad está resuelta a cobrarles.


5.
El asunto del intercambio de secuestrados por guerrilleros, que han propuesto las FARC, ha sido apoyado por la sociedad civil sensata, pues está convencida de que la defensa de la vida es, en últimas, la razón de ser de un Estado que se dice legítimo y democrático, defensor a ultranza de los derechos constitucionales.

En consecuencia, tiene que garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos secuestrados, que lo ven amenazado por las acciones de rescate emprendidas por las fuerzas armadas legítimas, puesto que sus secuestradores no dudan en asesinarlos antes de permitir que los militares o la policía se los quiten de sus manos.

La premisa para aceptar el "acuerdo humanitario" no es, entonces, "darles gusto a las FARC"; ni con él se busca consagrar que "a mayor capacidad de hacer daño, mayor poder de intimidación y menor espíritu de resistencia frente al crimen", como lo sostuvo alguna vez Jesús Vallejo Mejía, cuando aspiraba a las prebendas del gobierno Uribe en 2003 sin reparar en la “capacidad de hacer daño” ostentada por el paramilitarismo que se tomó la patria a nombre de las clases emergentes.

La premisa legítima es que el gobierno está en la obligación de proteger la vida de los ciudadanos acogidos a la Constitución, y hasta la de los rebeldes y delincuentes que la combaten o la atropellan.

Pero, en el caso de los secuestrados esta obligación cobra mayor justificación en la medida en que -si bien ha sido la guerrilla la que los ha secuestrado, así como sería la que los matará, si es que no caen en el fuego cruzado durante los operativos de rescate- su secuestro obedece a la incapacidad de las fuerzas designadas constitucionalmente para evitarlo.

Si hubiesen prestado la protección a que los obliga la Constitución Nacional y que tan generosamente financia el presupuesto, el secuestro no pasaría de ser un episodio excepcional, como lo demostró su reducción durante las campañas "Vive Colombia, viaja por ella", tan costosas, pantalleras y aparentemente efectivas. Aunque no vencieron a las guerrillas, sí las alejaron de las vías más concurridas, de modo que las clases medias pudieron volver a sus casas de campo, sin la inminencia de ser secuestradas y agradecidísimas con el astuto y desalmado dictador.


6.
En consecuencia, pretender ignorar o desviar la verdadera premisa para el "acuerdo humanitario", que no es otra que la protección del valor fundamental para todos: su vida y la de sus seres queridos, es cobrarles doblemente a las víctimas inocentes la negligencia del estado vigente para garantizarles sus derechos.

De este modo precipita su muerte; o sea, la pérdida definitiva de su capacidad de ejercerlos, que no tiene comparación con la pérdida temporal de la libertad, así la retórica haga decir a algunos que el secuestro es peor. Habría que preguntarles a Francisco Santos o a Andrés Pastrana si preferirían estar muertos; o a los parientes de los asesinados, si los prefieren así o vivos en la selva.

¿Qué dirá doña Nidia Quintero sobre su hija Diana; o Guillermo Gaviria sobre su hijo homónimo, asesinado por las FARC junto a otros secuestrados cuando el desgobierno de Uribe intentó liberarlos?

No contento con la gobernación de Antioquia para Aníbal, su hijo menor, que Álvaro Uribe no titubeó en concederle -abandonando a su pupilo Rubén Darío Quintero, quien se la ganó con los votos de la parapolítica y terminó en la cárcel-, el arrogante dueño del periódico El Mundo quería cobrarle a la patria con la desnacionalización de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Dado el antecedente, no sería raro que pretendiese resarcirse con la venta de EPM si Aníbal (ya exgobernador) queda de alcalde de Medellín.

Afortunadamente, cada día que pasa, mediante las crecientes denuncias la sociedad ingenua conoce al gurú verdadero, ya sin teflón ni inciensos y con muy pocos acólitos, de modo que su apoyo se vuelve un estigma para los oportunistas que aspiran a seguir apoderados de las posiciones de poder regional mediante la manipulación de sus electores el 30 de octubre.


7.
De lo que se trata, respecto a los secuestrados, es de dejarles a los inocentes una salida que le permita al Estado cumplir debidamente sus obligaciones fundamentales, así sea aceptando las condiciones leoninas de sus enemigos.

Presentar estas condiciones onerosas como la premisa del acuerdo es todo un sofisma que sólo se ajusta a la lógica del totalitarismo y a sus razones de Estado, que no son otras que la salvaguarda de los intereses de quienes medran a su sombra y se lucran con el tesoro público sin admitir su responsabilidad esencial, definida constitucionalmente como la protección de la vida, honra y bienes de los asociados y no sólo de los de quienes han accedido al poder para traicionar a sus electores, ni de sus privilegiados compinches.

Lo que está en juego, entonces, es la esencia misma del Estado democrático, presunto defensor del asociado. Si no cumple su papel, está llamado a ser reemplazado por uno que satisfaga realmente las expectativas del ciudadano y le garantice sus derechos sin condicionarlos a principios misteriosos (presunta, mágica y falazmente superiores) que, en sana lógica, están subordinados a los esenciales, siendo éstos los que esgrimen los familiares de los secuestrados para insistir en el "acuerdo humanitario", pues es la vía planteada como única salida que no pone en riesgo sus vidas.

Aunque signifique un revés para las fuerzas armadas legítimas, y les dañe el negocio de la guerra a quienes se lucran fomentándola, sería la confirmación de que los gobernantes tienen claras sus prioridades, de modo que no pueden arriesgar vidas inocentes por reprimir a quienes no las respetan.

De lo contrario, lo único que los espera es el repudio universal, a pesar de que no faltará quien aplauda su decisión y se regocije por su absolutismo, ejercido a nombre de principios totalitarios e inhumanos, presuntamente superiores a la vida misma, lo que es absurdo para una mente sana, de modo que hay que denunciarlo y repudiarlo.

Desde luego, aunque ese no sea su propósito, el "acuerdo humanitario" o "intercambio de retenidos" podría crear condiciones para un pacto de paz basado en un cambio social auténtico, que imponga la justicia social como premisa para cualquier Estado viable y para cualquier institucionalidad legítima.