COLOMBIA, UNA MINA DE ORO

Ana María Ayala Acuña

La industria minera hoy se encuentra en auge por las fallas institucionales, el deterioro del medio ambiente y los nuevos proyectos que buscan unir fuerzas para proyectar el sector internacionalmente.

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Colombia cuenta con gran cantidad de recursos naturales, estratégica ubicación geográfica y valor estable en los metales que atrae a inversionistas nacionales y extranjeros para ser parte de las grandes compañías mineras. Desde el período precolombino este sector ha sido uno de los principales eslabones para el desarrollo del país, pero sólo cobró fuerza con la expedición del Código de Minas en el año 2001.

La minería colombiana ha sido el centro de atención en este primer semestre del año por los accidentes que han cobrado decenas de vidas y el trámite de licencias para la explotación minera en zonas de gran valor ambiental. El desconocimiento de los titulares de los derechos de explotación de las minas ha causado controversia en la opinión pública porque nadie responde por la seguridad en los socavones y menos por los desastres ambientales.

A finales del mes de enero ocurrieron las últimas tragedias mineras en los municipios de Sardinata y Sutatausa, ubicados en Norte de Santander y Cundinamarca respectivamente. Ambas causadas por una explosión de gas metano acumulado en los socavones de estos yacimientos. Para Juan Pablo Fernández, asesor del senador del polo democrático Jorge Enrique Robledo quien ha trabajado por el desarrollo sostenible del sector minero, un factor fundamental en el incremento de tragedias mineras es “que el Estado desmontó la política de apoyo a la pequeña y mediana minería en cuanto a la seguridad industrial, técnica y asuntos ambientales, tanto así que el mismo Ingeominas reconoció que no tiene funcionarios suficientes que ejerzan control”.

Hasta el momento el Instituto Colombiano de Geología y Minería ha hecho cambios en la dirección y ahora cuenta con el apoyo de grupos interdisciplinarios que inspeccionan el cumplimiento de las normas de seguridad en todas las minas del país. Sin embargo, no es suficiente y el presidente Juan Manuel Santos ha solicitado al Congreso de la República expedir una ley que transforme a la entidad en una Agencia Nacional de Minería y crear una nueva Superintendencia Minera.

Al igual, el polémico caso del páramo de Santurbán parece llegar a una solución.

El páramo de Santurbán está ubicado entre los departamentos Santander y Norte de Santander, cuenta con más de 60 lagunas y según la Car, en sus 1.100 hectáreas, habitan 457 especies de plantas en las que se destaca los frailejones por su capacidad de capturar el agua y su difícil recuperación ya que crecen solamente 1 centímetro por año. También, 201 especies de aves, 58 de mamíferos y 17 de anfibios.

La compañía canadiense Greystar Resources lleva 15 años en la zona con un permiso de exploración minera del gobierno y el año pasado solicitó una licencia para sacar de estas montañas cerca de 240 toneladas de oro en la próxima década y media. Para la explotación del oro deben hacer uso de cianuro y mercurio, compuestos químicos que contaminan el agua de las quebradas Vetas y Páez que surten el río Suratá uno de los principales afluentes de la región.

A raíz de ello se proclamaron voces en contra que hicieron uso de las redes sociales y los medios de comunicación para manifestar su inconformidad basados en lo que la Corte Constitucional llamó “Principio de Precaución” o “in dubio pro ambiente”, según el cual “…en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.” Así, el 17 de marzo la trasnacional decidió retirar la solicitud de licencia.

Los gobernadores de Santander, Horacio Serpa, y Norte de Santander, William Villamizar, junto a las corporaciones regionales CDMB y Corponor se reunieron el pasado 29 de marzo y coincidieron en la necesidad de declarar Parque Nacional al Páramo de Santurbán con el fin de preservar su ecosistema y a su vez evitar la actividad minera. Falta que el Ministerio de Minas y Energía de su concepto no vinculante sobre la viabilidad del proyecto de protección del páramo para que en el mes de junio se pueda hacer la declaratoria del Parque Regional Natural que definirá los recursos y programas para la preservación y restauración de la zona.

Lo último que se conoce de Greystar es que nombró a nuevos directores: Juan Esteban Orduz y a Rafael Nieto Loaiza. Orduz fue vicepresidente del Grupo Cemex en Colombia y durante la administración del presidente Andrés Pastrana estuvo en la creación, financiación y ejecución del Plan Colombia y representante de la Federación Nacional de Cafeteros en Nueva York. Nieto es abogado, especialista en Derecho Constitucional e Internacional y fue el viceministro de Justicia de Colombia. Después de invertir durante tanto tiempo en el proyecto “Angostura”, seguramente, la compañía no se quedará de brazos cruzados y estos nuevos nombramientos traerán noticias sobre la explotación en el páramo.

Colombia no sólo cuenta con tragedias e irregularidades, también con planes que permitirán mejorar la competitividad del sector minero y su proyección internacional. Desde hace más de veinte años está archivado un proyecto que les dará salida competitiva a los carboneros del interior del país, departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Santander. El Ferrocarril del Carare es capaz de transportar en un solo trayecto hasta 10.000 toneladas de carbón y extinguir el sistema rudimentario y costoso de tracto mulas. El gobierno tiene claro el costo, la ruta y el diseño pero faltan los recursos económicos. Según César Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Minería, “es un proyecto aproximadamente de 1.000 millones de dólares y el gobierno no tiene el presupuesto, por ello debe entrar en concesión”.

Para que este y otros proyectos se lleven a cabo es imprescindible mejorar la infraestructura del país y que los colombianos seamos veedores del cumplimiento de los deberes de las industrias mineras respecto a seguridad industrial e impacto ambiental.