JUSTICIA A LA CARTA

Octavio Quintero

La aplicación de justicia en Colombia ha entrado también en la ley de la oferta y la demanda, en el sentido en que al incriminado se le ofrece un menú en el que casi siempre el plato principal es el de “la casa por cárcel”.

Así, cuando alguien comete un delito, por grave que sea (y ahí están por caso el de varios paramilitares con crímenes de lesa humanidad a las espaldas), si colabora con la justicia, puede alcanzar una sustancial rebaja de pena, a tal punto que dicha rebaja termina por convertirse en “casa por cárcel”, bajo la premisa de que el reo “no reviste peligro para la sociedad”.
La práctica jurídica encuadra en el debido proceso, pero dentro de una laxitud que la determinación depende de la acidez del juez a la hora de dictar sentencia… o de su nivel de corrupción porque, como van las cosas en Colombia, la corrupción es tal que ha desbordado las justas proporciones en el sentido en que alguna vez sinceramente lo lamentara el presidente Turbay Ayala (1978/1982).

A guisa de anécdota, se recuerda que una vez el presidente Lleras Restrepo (1966/1970), destituyó del cargo a un ministro que por tercera vez le confesaba que había recibido ofertas de soborno: la primera de 100, la segunda de 1.000 y la tercera de 1’000.000, habiendo sido rechazadas una y otra vez por el funcionario. Cuando inquirió al Presidente por la razón de su destitución, éste le dijo: “Porque ya casi llegan a su precio”.
No todos los jueces en Colombia pueden ser -¡Aleluya!- como la juez 29 penal municipal de Bogotá que acaba de rechazar el preacuerdo de negociación de pena entre la Fiscalía y el señor Luis Guillermo Giraldo, cabeza visible del referendo reeleccionista del presidente Uribe que tumbó la Corte Constitucional en un acto que se ha dado en llamar el de “rescate de la institucionalidad perdida de Colombia”.

Los argumentos de la juez no pueden ser más contundentes: ¿Cómo puede considerarse inofensivo, inocuo y confiable a un tipo que a través de un referendo reeleccionista, y abro un largo paréntesis para decir que se trataba de un REFERENDO (no cualquier cosa) y además REELECCIONISTA (no de cualquier persona sino del máximo jefe del Estado), burló hasta última hora la justicia colombiana?

Con sus engaños, seguramente aupados por el propio presidente Uribe, puso en entredicho la institucionalidad nada más ni nada menos que de la Registraduría, del Consejo Electoral, del Congreso, de la Procuraduría que avaló el procedimiento viciado diciendo que eran vicios menores y, de vainas, no pasó en la Corte Constitucional cuando hasta muy connotados ex magistrados daban por seguro que la aplanadora uribista vencería también la resistencia jurídica de la máxima corporación.

Debería averiguarse quién es el ingenuo fiscal que no le ve a esto gravedad, por lo que ya tenía negociado con Giraldo una módica pena de sólo 4 años y medio de “casa por cárcel”.
Seguro que el presidente Uribe, en tantos ajetreos de elección presidencial como en los que estuvo por estos días, no se ha enterado de este nuevo revés judicial que pone en su sitio a este suyo nuevo “héroe de la Patria” que no viene a ser más que un ladrón de la credibilidad pública, si no, ya hubiera echado candela por esa boquita de ofidio contra la “idiota útil” que se ha puesto al servicio de los terroristas de este país.