LOS FASCISTAS GOLPISTAS

              HONDUREÑOS SE DESTAPAN

Mario Lamo Jiménez

Honduras no fue solamente una base militar gringa utilizada para la agresión contra Nicaragua en los años 80, sino además la típica República Bananera, donde la embajada de los EE. UU. era el presidente de facto del país. Uno de los criminales de guerra más soberbios en aquella nación, John Negroponte, embajador de los USA, dictaba los destinos de Honduras mientras hacía todo tipo de componendas ilegales para sostener la guerra de agresión estadounidense contra Nicaragua a través del ejército de mercenarios terroristas denominados “contras”, pagados, empacados y mandados directamente por la CIA. Negroponte, fue responsable directo de la creación de los infames “escuadrones de la muerte” que asesinaron y desaparecieron a miles de personas por toda Centroamérica.

Los militares hondureños que llevaron a cabo el golpe, más que gorilas, son verdaderos dinosaurios de una época que se creía ya superada en América Latina: la de los golpes de estado, represión masiva, suspensión de los derechos civiles y nombramiento a dedo del dictador de turno; y finalmente dieron la razón específica por la cual llevaron a cabo el golpe de estado: “Se negaban a recibir órdenes de un izquierdista”. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que eran militares “Made in USA”, entrenados en la infame “Escuela de las Américas”, fábrica de golpes de estado y de capacitación en represión, tortura y operaciones psicológicas en contra del pueblo.

El títere de turno que fue puesto como figura presidencial, alega que estaba haciendo cumplir la “Constitución”. La pregunta, naturalmente, es: ¿qué artículo de la Constitución de Honduras dice que una persona puede ser acusada, declarada culpable y sentenciada sin derecho siquiera a defenderse, y que los acusadores pueden ser juez, jurado, secuestrador y verdugo al mismo tiempo? La farsa del golpe “constitucional” ha sido condenada por el mundo entero, aunque de una manera blandengue por el gobierno de Obama. Según la analista Eva Golinger, la embajada de los USA en Honduras supo con anticipación del golpe y estuvo en “negociaciones” con los golpistas. Teniendo en cuenta los hechos, parece que las “negociaciones” fueron para derrocar al presidente Zelaya, ya que los Estados Unidos estaba insatisfecho de las relaciones de Zelaya con el gobierno de Venezuela y de que Honduras estuviera recibiendo petróleo venezolano a precios subvencionados lo cual hacía que las multinacionales gringas del petróleo “perdieran dinero”, es decir no pudieran desangrar la economía del pueblo hondureño, como están acostumbradas a hacerlo por todo el planeta.

Según reporta el New York Times en una edición de 1998, la CIA estaba al tanto de que el ejército hondureño era el principal violador de los Derechos Humanos en aquel país (de hecho, era su cómplice), afirma el NY Times textualmente:

“A través de los años 80’s, mientras el gobierno de los Estados Unidos estaba dando millones de dólares en ayuda militar a Honduras, las fuerzas armadas hondureñas llevaron a cabo cientos de violaciones de los Derechos Humanos contra sus propios ciudadanos, reportó la CIA”.

Y añade el reportaje:
“Según un nuevo informe desclasificado, investigaciones internas llevadas a cabo por la agencia encontraron que aunque los funcionarios de la CIA en Honduras sabían que el ejército operaba una escuadrón de la muerte de derecha, los malos informes de los agentes acerca de los problemas de Derechos Humanos, dejaron al liderazgo de la CIA sin conocimiento de su seriedad y alcance”.

Sin embargo, la CIA no solamente estaba al tanto de esto sino que engañó a su propio gobierno al respecto:

“La CIA también algunas veces dio información falsa al Congreso, el informe de 1997 indicaba que disminuía la participación hondureña en los abusos, por lo menos en parte para no poner en peligro el apoyo crucial que aquel país proporcionaba a los rebeldes que combatían al gobierno sandinista en Nicaragua”.

Tenemos entonces que se trataba de todo un matrimonio hecho en el infierno. El ejército de Honduras no solamente gozó de absoluta impunidad para cometer actos de genocidio, sino que recibió el apoyo material y logístico de los EE. UU. con tal de que participara en la guerra ilegal y terrorista contra el vecino país de Nicaragua.

Ahora, ese mismo ejército es el que ha conspirado con oligarcas, terratenientes, compañías multinacionales, embajada de los USA, un congreso y un sistema judicial corruptos, para devolver a Honduras a aquellas épocas negropontianas donde se podía arrestar, torturar y masacrar con absoluta impunidad.

Todos aquellos que defienden el golpe contra Zelaya, ya sea por ignorancia o por paranoia ideológica, son de facto cómplices de un sistema criminal que pretende retomar las riendas de un país por la fuerza, ignorando el principio más elemental de la democracia: la voluntad de la mayoría es sagrada, así no estemos de acuerdo con ella.

Las acusaciones de los golpistas contra Zelaya incluyen algo tan orwelliano, que como argumento no sólo hace pensar en su falta de lógica sino en su pobre estado mental y psicológico. Según ellos, “Zelaya planeaba perpetuarse en el poder”. La pregunta a hacerse es, ¿puede ser alguien acusado de un crimen que no ha cometido y que yo piense que tal vez pueda cometer y que de ninguna manera podría considerarse como un crimen? El referendo planteado por Zelaya para plantear la reelección presidencial era lo más democrático que país alguno podría llevar acabo: Preguntar a sus propios ciudadanos si aceptaban o no una propuesta para llevar a cabo después un voto formal para reformar la Constitución e incluir en la misma que un presidente pudiera ser elegido por dos períodos consecutivos. Los golpistas no dejaron llevar cabo el referendo, no le dieron al pueblo el derecho de opinar acerca de su propio futuro y además instalaron un presidente que nadie había elegido, tomándose de hecho el derecho a suplantar al pueblo hondureño, arrebatándole de un tajo su soberanía. Con el pretexto de que el pueblo no perdiera sus derechos, terminaron acabando con el estado de derecho, implantando una dictadura, por nadie reconocida y que sólo responde a sí misma.

El “temeroso izquierdista” del cual se estaba liberando la oligarquía era un simple político liberal populista que cometió el crimen de querer dar al tercer país más pobre del hemisferio una mejor vida y a sus habitantes el derecho a tomar las riendas de su futuro en sus propias manos.