EN EL PRINCIPIO DEL FIN

Octavio Quintero

09-06-09

Se ve muy compungido al ministro de Protección Social, Diego Palacio, quejándose de la condena impuesta a Teodolindo Avendaño por haber recibido jugosas dádivas a cambio de pretermitir su responsabilidad en la sesión parlamentaria que terminó por aprobar la reelección en el 2006 del presidente Álvaro Uribe.
Igual que ese que llega al escenario del crimen diciendo “yo no fui”, sin que nadie le pregunte, el ministro arremete contra la Corte Suprema de Justicia diciendo que decidió condenarle ante la opinión “sin que hubiera tenido la oportunidad de defenderme y sin ser ella en esta etapa procesal mi jueza natural”.
Más que aullarle a la luna, el ministro lo que debiera estar pensando es cómo podrá explicarle a la Fiscalía, su juez natural, su participación en el cohecho por el cual acaba de ser condenado su compinche, el parlamentario que, negando la evidencia del “regalo” de la notaria que posteriormente vendió, tampoco pudo explicarle a la Corte entonces de dónde sacó los 200 millones de pesos que intempestivamente aparecieron en su cuenta bancaria.
Muy grave que un ministro haga causa propia para desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia, pero más grave aún que el Presidente, en un acto de esos en que se desgañita contra “esos terroristas de las Farc”, en el mismo tono diga que su ministro es un hombre de bien; “que le ha prestado un inmenso servicio a la Patria”, y que tiene todo el derecho a defenderse.
Episodio semejante recordarían en ese momento los oyentes cuando el Presidente ofreció meter las manos al fuego por su jefe del DAS, Jorge Noguera, acusado por entonces de entregarle listas de candidatos al patíbulo a los paramilitares y quien, al cabo del tiempo, no ha podido sacar su bulto de los estrados judiciales, tal vez porque el propio Presidente sigue quemándose los dedos a ver como lo saca de las brasas.
Pero volviendo a lo del ministro Palacio, todo queda fuera de lugar. ¿Cómo puede acusar alguien a un juez que no es su juez de no darle oportunidad de defenderse? ¿Y cómo podría un juez darle oportunidad de defensa a alguien que no es su reo?
Ministro, por Dios: no se desespere que si en este país hay justicia ya le llegará su turno ante la Fiscalía.
Otro que anda muy acucioso a ver cómo asume una bien forzada investigación contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es el vicepresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Edgar Ulises Torres, diciendo que va a pedir a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda que compulse copia del sorpresivo e intrigante comunicado que expidió recientemente indicando a la opinión pública que “por ley”, puede adelantar investigaciones contra personas sospechosas de tener vínculos con terroristas o con narcotraficantes dando a entender muy claramente que esas pueden ser las causas (o sospechas) por las cuales decidió interferir las comunicaciones privadas de los magistrados y sus más cercanos familiares y amigos.
Pero en cambio, dicha célula legislativa, que también es juez natural del Presidente de la República, no se ha dado ni por enterada que otra autoridad, más alta y eminente que la tal Unidad de Investigación, como es la Corte Suprema de Justicia, acaba de condenar a un ex parlamentario por cohecho en el que ha sido comprobada la participación directa del Presidente de la República y de su entonces ministro de Interior, Sabas Pretelt, hoy embajador en Italia, quienes conjuntamente firmaron el decreto de nombramiento de notario en la notaria que finalmente terminó convertida en mercancía del ex parlamentario.
Antes que prestarle atención aun comunicado de una unidad de segundo orden en la escala administrativa de la Nación, la Comisión de Investigaciones de la Cámara debiera asumir la investigación por cohecho contra el Presidente y el ministro cuya sentencia de condena al ex parlamentario cómplice ya compulsó copia a esa Comisión “para lo pertinente”, la Corte Suprema de Justicia, más alta y más importante que la mencionada Unidad, y por asunto más trascendente para la salud institucional y la democracia nacional.
¿No les parece?