Piden fin al Plan Colombia

    y a la fracasada “guerra contra las drogas”

“En Colombia, un cambio real en política comienza por reconocer que el enfoque militar al tráfico de drogas de los últimos ocho años ha sido un absoluto fracaso y que se necesita una nueva política”

Marzo 20, 2009
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Estimado Presidente Obama:

Usted nos ha desafiado a asumir los retos importantes que enfrenta nuestra nación y a hacer un cambio genuino en la forma como Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo.
En Colombia, un cambio real en política comienza por reconocer que el enfoque militar al tráfico de drogas de los últimos ocho años ha sido un absoluto fracaso y que se necesita una nueva política. Este enfoque, llamado Plan Colombia, ha buscado reducir la producción de hojas de coca a la mitad para afectar el precio y la disponibilidad de cocaína en nuestras comunidades y, en últimas, reducir el uso de cocaína y los problemas sociales que éste genera. Para tal fin, Estados Unidos ha gastado más de $6 millardos de dólares desde 2000, casi el 80% de ellos en las fuerzas armadas colombianas.
Mirado desde todos esos indicadores, el plan ha sido un desperdicio de recursos. La cocaína que entra a Estados Unidos cuesta lo mismo que costaba hace ocho años, en algunos sitios es más económica y más fácil de conseguir. La aspersión aérea ha causado un desastre medioambiental y menoscabado salud y cultivos de campesinos colombianos pobres, en tanto que la cantidad de hojas de coca cultivada se ha mantenido constante, lo que sugiere que el Plan Colombia tiene muy poco impacto ante cualquier fluctuación del precio.
Más de tres cuartos de la asistencia de Estados Unidos a Colombia se ha dirigido a una erradicación de drogas fallida. Los promotores de la asistencia también aducen que el plan ha resultado en una disminución de secuestros por la guerrilla, menos masacres y la desmovilización de 30,000 paramilitares. Sin embargo, para millones de colombianos, su seguridad ha sido devastada. Desde que Plan Colombia inició, más de 2.5 millones de colombianos han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia, dando lugar a la peor crisis humanitaria del hemisferio. Indígenas cuyas identidades están en riesgo de extinción y afrocolombianos representan número desproporcionado de desplazados internos. Y el desarraigo de desplazados internos de sus comunidades continúa con igual intensidad: más de 270,000 huyeron en el primer semestre de 2008. Para esas familias, ésta no es una guerra contra el terror, sino el terror mismo.
Ambos bandos del conflicto armado en Colombia han cometido atrocidades terribles. Las fuerzas armadas financiadas por Plan Colombia tienen el peor récord en abusos de derechos humanos en las Américas, y el asesinato de civiles por el ejército ­casi la mitad cometidos por unidades apoyadas por Estados Unidos- ha aumentado en los dos últimos años. Por consiguiente, Estados Unidos no debería armar bando alguno en una guerra sin fin en la cual la mayoría de quienes sufren son civiles.
En mayo pasado, usted dijo “a la persona que vive con miedo a la violencia no le importa si está amenazada por un paramilitar de extrema derecha o por un terrorista de izquierda o por un cartel de la droga o una fuerza de policía corrupta. A ellos solamente les importa que sus familias no pueden vivir y trabajar en paz”. Nosotros compartimos ese pensamiento. Para nosotros, y pensamos que para Usted, sí importa que la gente esté amenazada por fuerzas armadas corruptas y brutales que han sido entrenadas y equipadas con el dinero de nuestros impuestos. Nosotros queremos que eso cese.
Nuestra nación podría promover la tan anhelada paz en Colombia si estamos dispuestos a usar nuestros recursos en diplomacia para apoyar una paz negociada. Mientras miles de millones fluyen a la guerra en Colombia, los programas de salud para tratar la adicción a las drogas y la economía grande aquí en casa sufren de un profundo déficit social. De la población que abusa de las sustancias, que siente la necesidad de tratamiento y que está lista a dejar de usar las drogas, más de la mitad no pueden pagar el costo del tratamiento. La actual crisis económica hará que la situación para esas personas y sus familias sea aún peor, a menos que actuemos.
Por las anteriores razones, le instamos a:
* Reconsiderar la fallida “guerra contra las drogas” en Colombia. En lugar de gastar miles de millones en una fallida estrategia “del lado de la oferta”, que financia abusos a los derechos humanos, destruye el medio ambiente y alimenta un conflicto armado que lleva décadas, Estados Unidos debería terminar la ayuda militar al ejército colombiano. Comenzar por suspender toda la asistencia para fumigación y entrenamiento militar.
* Apoyar una terminación negociada al conflicto armado en Colombia, usando todos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos.
* Invertir en desarrollo alternativo real afuera y en prevención y tratamiento de drogas en casa. La asistencia a Colombia debería incluir mucha más ayuda humanitaria a los millones de desplazados internos, administrada por agencias independientes no ligadas a lo militar, y apoyar la justicia para las víctimas de la guerra. El gobierno federal debe financiar completamente el Bloque de Becas para Abuso de Sustancias e incluir tratamiento a la adicción en la reforma integral a la salud. Dicho tratamiento reducirá, a la larga, los gastos en salas de emergencia y los costos en la justicia criminal originados en la adicción no tratada.
Creemos que esta nación necesita un cambio en su fallida política hacia Colombia. Esto requiere una profunda revisión de cómo se gastan los fondos y qué resultados han producido en lo que más le importa respecto de los más vulnerables y las víctimas de la violencia. Esperamos trabajar con Usted y el Congreso para lograr esas metas.
Atentamente,

INSTITUCIONES DE FÉ Y ORGANIZACIONES NACIONALES

Chuck Kaufman, Coordinator Alliance for Global Justice
Baptist Peace Fellowship of North America
Zenju Earthlyn Manuel, Executive Director Buddhist Peace Fellowship
James Jordan, National Coordinator Campaign for Labor Rights
Adam Isacson, Director of Programs Center for International Policy
The Church of God Peace Fellowship
Medea Benjamin, Co-founder, Codepink
Mark C. Johnson, Ph.D. , Executive Director Fellowship of Reconciliation
Philip McManus, Co-Chair, Forging Alliances South and North
Kirsten Moller, Executive Director Global Exchange Lutheran Peace Fellowship
Maryknoll Office for Global Concerns
Jim Schrag, Executive Director, Mennonite Church USA
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Rev. Kathryn J. Johnson, Executive Director, Methodist Federation for Social Action
Lee Siu Hin, National Coordinator, National Immigrant Solidarity Network
Sylvia Romo, Interim Executive Director, Network in Solidarity with Guatemala
Katherine Hoyt, National Co-Coordinator, Nicaragua Network
Michael Beer, Executive Director, Nonviolence International
Christy Thornton, Director and Publisher, North American Congress on Latin
America
Ken Butigan, Executive Director, Pace e Bene
Dave Robinson, Executive Director, Pax Christi USA: National Catholic Peace
Movement
Paul Kawika Martin, Organizing, Political and PAC Director
Peace Action
Rick Ufford-Chase, Executive Director, Presbyterian Peace Fellowship The Quixote Center
Pamela Bowman, Legislative Coordinator School of the Americas Watch
Barbara Gerlach, Colombia Liaison
United Church of Christ Justice and Witness Ministries
Kelly Nicholls, Executive Director, U.S. Office on Colombia
Alfred L. Marder, President, US Peace Council
Stephen Coats, Executive Director , U.S. Labor Education in the Americas Project (USLEAP)
Banbose Shango, National Co-Coordinator, Venezuela Solidarity Network
Michael T. McPhearson, Executive Director, Veterans For Peace
Melinda St. Louis, Executive Director, Witness for Peace
Women for Genuine Security,

ORGANIZACIONES REGIONALES Y LOCALES

Brooklyn For Peace
James H. Vondracek, Managing Director, Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Colombia Aqui Collective/Bay Area
Colombia Working Group
Colombia Human Rights Committee, Washington, DC
Haiti Action Committee, Berkeley, California
Judy Barry, Co-Chair IF, Watsonville, California
InterReligious Task Force on Central America, Cleveland, Ohio
Lehigh-Pocono Committee of Concern (LEPOCO Peace Center) Pennsylvania
Movement for Peace in Colombia New York, New York
Greater New Haven Peace Council
Nicaragua Center for Community Action (NICCA)
Rev. Deborah Lee, Program Director PANA Institute for Leadership
Development and Study of Pacific Asian
North American Religion, Berkeley, California
Nada Khader, Executive Director
WESPAC Foundation, Westchester County, New York.