URIBE VÉLEZ: DE PRESIDENTE     

           DE COLOMBIA A PRESIDENTE        

           DE UNA OFICINA DE SICARIOS

Mario Lamo Jiménez

Reportaba la prensa que un guerrillero desertor de las FARC se había entregado a las autoridades colombianas para confesar un crimen y cobrar una recompensa: Había asesinado a uno de los miembros del secretariado de las FARC, Iván Ríos y a su compañera; de jefe de seguridad el guerrillero se había convertido en su verdugo.

Según reza la narrativa oficial, alias “Rojas” se entregó a las autoridades y confesó un asesinato macabro, presentando como prueba la mano de la víctima. La motivación, dicen, eran los 2.6 millones de dólares que ofrecía el gobierno colombiano como recompensa por la captura del jefe guerrillero Iván Ríos. Según alias “Rojas”, lo hizo para salvar su vida pues el ejército los tenía cercados. Curiosamente, alias “Rojas” se entregó al ejército sin ningún problema, lo cual demuestra que lo del cerco era tan solo una fantasía para cometer el asesinato y cobrar la recompensa. Además, los otros guerrilleros “cercados” no fueron capturados.

Toda esta trama, según acaba de revelar la revista Cambio, fue tan sólo una farsa cocinada por el ejército colombiano: La verdad fue que un desertor había contactado a alias “Rojas” para que cometiera el asesinato a nombre del gobierno colombiano, cosa que alias “Rojas” llevó a cabo. Por eso se presentó con tanta confianza a pedir los 2.6 millones de  recompensa ofrecidos por el gobierno.

Después se presentó un debate, también falso, sobre si el gobierno debía pagar  la  recompensa o enjuiciarlo por asesinato. El diario El Tiempo, en un editorial presentaba el “dilema moral” que afrontaba el gobierno: si pagaba por la mano cercenada y el resto del cadáver, estaría recompensando a alias “Rojas” por un crimen, en el mejor estilo del sicariato colombiano. Si no pagaban, decía el editorial:

“¿no se les estará enviando a miembros de la guerrilla eventualmente dispuestos a hacer algo similar para entregarse el mensaje de que el Estado no cumple las recompensas que anuncia, y limitar así las posibilidades de que procesos de desmoralización dentro de esas organizaciones culminen en traiciones tan elocuentes como la protagonizada por 'Rojas'?”

La tan mentada traición de Rojas no fue por iniciativa propia. El editorialista de El Tiempo, que repite como verdaderas las palabras del gobierno o fue engañado por el gobierno o mintió, a sabiendas de que el gobierno simplemente había contratado a un sicario para matar a Rojas para después montar la farsa de que lo habían matado “gracias al acoso del ejército colombiano”.

Obviamente, el editorial termina aceptando que el sicariato como norma en un estado de derecho, pues pagándole al asesino el gobierno está cumpliendo con su palabra. Según eso, la moral o falta de moral del sicariato es superior a la Constitución y las leyes: En Colombia no existe (supuestamente) la pena de muerte.

Finalmente, concluye el editorial de El Tiempo, con esta solución:

“No hay quizá otra forma de conciliar la política de recompensas -que en casos extremos puede ser un aliciente para conductas como la de 'Rojas'- con la de que matar se castiga en cualquier sociedad civilizada.”

Y he aquí el quid del asunto: “matar se castiga en cualquier sociedad civilizada”, pero no en Colombia. El ejército colombiano, con la aprobación de Uribe Vélez y con asistencia técnica gringa ejecutó a varios guerrilleros y a cuatro estudiantes mexicanos que acababan de asistir a un congreso en Ecuador.  El campamento de Reyes estaba plenamente localizado, el ejército colombiano fue a asesinarlo, y en ningún momento intentó capturarlo: los guerrilleros y los estudiantes fueron masacrados mientras dormían. El gobierno colombiano obró exactamente como el sicario alias “Rojas”; mató a Reyes y publicó las fotos del cadáver mutilado como prueba de que lo habían matado (al igual que alias “Rojas” matara a Iván Ríos y trajera la mano como prueba). La pregunta es, ¿cuánto recibió de recompensa el gobierno colombiano por el asesinato de Reyes?

Lucía Morett, sobreviviente de la masacre, dio las siguientes declaraciones en Ecuador, según reporta el diario “La Jornada de México” en su edición de marzo 12, acerca de la masacre, cuando los soldados colombianos llegaron al campamento y encontraron que había sobrevivientes:

“La mexicana Lucía Morett, sobreviviente en el bombardeo colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, dijo que los atacantes asesinaron a quienes se rindieron o estaban heridos. (…) Los soldados colombianos les gritaban ríndanse, les vamos a respetar la vida y una vez que se iban rindiendo, los mataban, señalaron según la versión periodística.”

Del editorial de El Tiempo se puede deducir que Colombia bajo el gobierno de Uribe ya no es una sociedad civilizada, pues el asesinato ha sido de facto no solamente legalizado sino que además es recompensado y es practicado por el ejército.

Alias “Rojas” hizo individualmente lo que el gobierno colombiano hizo en Ecuador. El ejército colombiano es el sicario pago de los EE. UU., y Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el presidente de una oficina de sicarios llamada Colombia.

Finalmente, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, antes de que haya habido ninguna investigación, ya ha justificado, con mentalidad de sicario el crimen del sicario, según reporta el mismo diario El Tiempo:

“Mario Iguarán afirmó que deben evaluarse las circunstancias en que 'Rojas' cometió el crimen, como el hecho de "pertenecer a una organización armada donde la vida no vale nada". Dijo que los miembros de las Farc temen por sus propias vidas y eso pudo forzar al guerrillero a asesinar a su jefe.”

La olla podrida de Uribe Vélez ha quedado finalmente destapada: cometió crímenes de guerra en Ecuador y su gobierno está dispuesto a pagar a un sicario por un asesinato, aunque en Colombia no exista la pena de muerte. Esto explica que su defensa haya sido ponerse a la ofensiva contra Venezuela y Ecuador. Álvaro Uribe es un criminal de guerra y hay pruebas más que suficientes para llevarlo ante cualquier corte internacional. Sin embargo, no se le debe ofrecer ninguna rebaja de pena por confesión anticipada como él ha hecho para proteger los crímenes de los paramilitares en Colombia.