EL ACUERDO HUMANITARIO

        PENDIENTE Y EL SENTIDO DE

                      LO TRÁGICO

Bernardo Pérez Salazar

Algunos rehenes en poder de la FARC-EP llevan casi 10 años de cautiverio pendientes de un “acuerdo humanitario”. En ese lapso la  guerrilla no ha conseguido canje de secuestrados por  cuadros político-militares presos, como tampoco han logrado la liberación de los secuestrados quienes adelantan gestiones para ello desde diversos sectores y posiciones, entre otros, los gobiernos de países amigos como España, Francia y Suiza.

 “Todo esto es patético, es una tragedia”, se lee y se oye decir con frecuencia. Infortunadamente no es así. Falta un elemento indefectible en cualquier tragedia: el acto heroico que otorga una dimensión nueva al ser humano y dota la desventura de sentido. Lo nuestro es un drama sinsentido: se trata de una situación atroz, forzosamente creada por la FARC-EP, ante la cual el gobierno se muestra recalcitrante a ceder. Para llegar a un acuerdo sobre el intercambio el grupo al margen de la ley exige el desalojo temporal de toda la Fuerza Pública de los municipios de Florida y Pradera (780 km2) en el suroccidente colombiano, un poco más del doble del área de la “zona de de ubicación” establecida para las negociaciones con las AUC en Santa Fe Ralito (370 km2). El gobierno, a su vez, asegura que primero despejará el territorio de terroristas… En busca de una oportunidad para propinar una derrota al otro, terminaron por convertir la libertad de los secuestrados en otro campo de batalla.

La experiencia anterior con una zona de despeje en San Vicente de Caguán durante el gobierno de Pastrana dejó en la memoria colectiva una experiencia negativa: 42.000 Km2 desprovistos de Fuerzas Militares, Policía y operadores del sistema judicial durante cerca de 36 meses para adelantar unas conversaciones que no prosperaron, mientras el área era utilizada por la FARC-EP para avanzar sus objetivos político-militares y otras actividades netamente delincuenciales. Es natural, por consiguiente, la resistencia tanto del gobierno como de la población y los intereses económicos vinculados con esos municipios a aceptar esa condición. El condenable asesinato en hechos confusos de 11 diputados que llevaban cinco años de cautiverio en manos del grupo armado ilegal, sólo contribuye a escalar aún más la animosidad.

Para que los secuestrados regresen a la libertad mediante un acuerdo humanitario, primero hay que desescalar el nivel actual de la confrontación violenta. El propósito de encontrar formulas viables para operar una zona de encuentro entre negociadores de gobierno y grupo insurgente para tal fin, es una oportunidad para iniciar el desescalamiento. La propuesta  de “sistema de seguridad” para garantizar tal operación en una zona de 180 km2 delimitada en Pradera y Florida por España, Francia y Suiza en diciembre de 2005, es una contribución significativa para avanzar en ese propósito.

Son justificables los prejuicios del gobierno sobre las reales intenciones de la FARC-EP con respecto a una nueva “zona de despeje", entre ellos, la convicción de que habrá gestos dilatorios de parte del grupo armado ilegal con el fin de extender indefinidamente el despeje, pues el manejo que esa organización intentará darle a la zona responderá nuevamente a objetivos político-militares y delincuenciales. No obstante, en Colombia es apremiante acumular aprendizajes sobre cómo hacer viable la definición, establecimiento y regulación de una "zona de encuentro" con una organización político-militar de la trayectoria y características de la FARC-EP.

La década de los años 90 dejó un acumulado importante de experiencias con zonas en las que se concentraron aquellas fuerzas irregulares que pactaron su desmovilización y reinserción con los gobiernos de entonces, como también lo hizo el proceso recientemente adelantado por el gobierno de Uribe en la desmovilización de las AUC. No obstante, esos modelos están agotados en cuanto tiene que ver con la FARC-EP. Cabe recordar que días antes de la ruptura definitiva de las conversaciones en San Vicente del Caguán a principios de 2002, el presidente Pastrana “flotó” la idea que para avanzar hacia un escenario de cese al fuego y hostilidades, sería preciso delimitar un número de zonas distintas a la ya establecida en el sur del Meta y norte del Caquetá, donde se concentrarían las decenas de frentes y columnas que tiene esa agrupación insurgente a lo largo y ancho del país. Ante el rotundo rechazo debido al desprestigio en que cayó la zona de distensión por los abusos cometidos allí, a Pastrana no le quedó otra alternativa que buscar la manera más expedita de acabar con el proceso en aquel momento.

Por eso el establecimiento de una zona de encuentro humanitario con la veeduría internacional ofrecida por los países amigos es una oportunidad para explorar un terreno de interés común, tanto para el gobierno como para el grupo insurgente, con el fin de acumular aprendizajes prácticos en relación con el punto por el cual, de manera reiterada, se han roto las conversaciones con esa organización en el pasado. La finalidad común: renovar el contenido de las zonas de encuentro y concentración para convertirlas en espacios legítimos, claramente regulados y manejados, y aceptables para las comunidades locales y la opinión pública en el contexto de procesos de negociación política.

Ese propósito además permitiría a los negociadores del gobierno mantener la iniciativa. A manera de pre-compromiso en relación con la intención de avanzar sustantivamente hacia un acuerdo humanitario, el gobierno puede anunciar anticipadamente que para disuadir usos distintos de la zona de encuentro humanitario, ante la eventualidad de dilaciones provocadas por el grupo armado ilegal presuntamente basadas en hechos no documentados ni verificados por observadores internacionales en relación con la operación de la misma, no prorrogará su vigencia en el área elegida en esta oportunidad por el grupo insurgente, y se reserva en una próxima ronda la iniciativa de identificar y establecer una zona alternativa de su elección. En otras palabras, si la FARC-EP quieren "acreditar" el sector que han elegido para que en el futuro mantenga el estatus de "zona de encuentro viable" con su organización, tendrán que demostrar en el plazo inmediato su disposición para concretar acuerdos sobre las condiciones sustantivas relacionadas con el asunto que convoca a las partes a delimitar y operar tal zona.

Asumir una posición de esta naturaleza con la FARC-EP, no está desprovisto de riesgo y en términos políticos podría llevar al gobierno a desdibujarse a ojos de la opinión pública y a ser objeto de acusaciones sobre "extravíos" y "perdidas de identidad". Pero, a cambio, también podría conducir al efectivo desescalamiento de la violencia de la confrontación, a abrir espacios significativos para la mediación internacional y a la renovación del sentido del acuerdo humanitario como una oportunidad para lograr objetivos comunes por medio de la cooperación entre enemigos. Sería, en verdad, la acción heroica que falta para darle sentido a la tragedia humanitaria que vivimos hoy en Colombia, y terminar con ella de la manera más humana posible.

Bogotá, Julio 2007