Omar Villota Hurtado
(Entrevista reproducida con autorización del autor y publicada originalmente en http://intervenir.blogspot.com).
La doctrina del prohibicionismo en su discurso más fuerte sataniza a la luz de un puritanismo fundamentalista, el cultivo y uso de plantas útiles originarias de culturas ajenas a la occidental dominante –como la mariguana, la coca, el peyote, entre otras– las cuales han sido tipificadas como “drogas ilícitas” que deben ser combatidas y erradicadas para liberar a la humanidad del “mal”. Para el establecimiento industrial-militar de Estados Unidos, esta guerra contra el “mal” resulta particularmente propicia para mantener el flujo del presupuesto público de esa nación, del cual se ha adueñado en proporciones crecientes desde hace ya décadas, y es el principal proveedor de armas e insumos para librar esta “cruzada global”.
Iniciativas como las comunidades virtuales en Internet empiezan a construir agendas en torno al “anti-prohibicionismo”. La meta más ambiciosa, sin embargo, es integrar procesos sociales locales de cohesión y el reforzamiento del tejido social entre bases y elites, para hacer frente a los patrones desquiciados de acumulación y consumo encarnados, entre otros, por las "organizaciones criminales transnacionales". Estas representan uno de los factores críticos que hoy amenazan a sociedades como la colombiana, pues son un obstáculo formidable para la integración a manera de “sociedad auto-reflexiva”, es decir, en la que las personas son concientes de los mecanismos a través de los cuales obra la reproducción de sistema social, y aplican los aprendizajes obtenidos acerca de su empleo en el pasado, para controlar su estabilidad y cohesión presente y futura.
Diálogo que le agradecemos a Bernardo Pérez Salazar , investigador social sobre conflicto armado, autor de temas sobre guerra y terrorismo en Colombia, comunicador social de la Universidad del Valle, magister en Planificación del Desarrollo Regional del Instituto Estudios Sociales en La Haya (Países Bajos), y exdirector del Observatorio del Manejo del Conflicto de la Facultad de Economía en la Universidad Externado de Colombia, entre otros cargos.
Abordamos este tema molesto para algunos, preocupante para nosotros, que como “resultado de pesquisa” –sin ánimo terrorista ni antipatriota– expresa otro punto de vista, como en la canción de “Los Aterciopelados”.
El debilitamiento de la gobernabilidad en la periferia
- Usted ha estudiado la manera como operan las fuerzas de la globalización –entre ellas, la doctrina prohibicionista– para crear situaciones de gobernabilidad precaria en ámbitos locales y marginales como los colombianos ¿Podría resumir cuáles son?
Una tiene que ver con las organizaciones criminales transnacionales que durante el siglo 20 prosperaron al amparo de las agendas de las superpotencias enfrentadas en la Guerra Fría. Los embriones de muchas de las organizaciones criminales transnacionales de hoy, fueron incubados y utilizados en ese entonces para alcanzar objetivos políticos en diversos escenarios del mundo por parte de ambas superpotencias. Terminada la Guerra Fría, muchas de las organizaciones clandestinas e ilegales que se originaron durante la misma, continuaron haciendo uso de las fuentes de ingresos ilegales que conocían y controlaban, para planear sus propias agendas criminales.
El otro elemento es el colapso de la antigua URSS que genera una situación de anarquía de donde surge otra constelación de organizaciones criminales que aprovecha “el vacío de gobierno” para predar y adueñarse de muchos activos estatales y muchas funciones básicas, entre ellas, la financiera. Se dan así circunstancias propicias para que se utilicen durante los años 1990 los bancos de Europa Oriental como nodos y canales para operar una red de lavado de dineros ilícitos, que para ese entonces habían amasado las organizaciones criminales involucradas en negocios inmensamente lucrativos como el tráfico internacional de drogas ilícitas.
Paradójicamente, las medidas que han tomado las instituciones multilaterales de gobierno con el fin de controlar el fenómeno de las organizaciones criminales transnacionales, en su mayoría dentro del marco de la doctrina del prohibicionismo, no han logrado nada distinto a reproducir condiciones favorables para que esas organizaciones crezcan y se fortalezcan. Mientras tanto, muchos Estados-nacionales de la periferia –entre ellos Colombia– han visto el debilitamiento de sus procesos sociales, políticos e institucionales internos por cuenta de la creciente influencia y capacidad de subordinación que exhiben las organizaciones criminales transnacionales.
Una pregunta clave del presente es si el prohibicionismo como “doctrina global” para combatir la criminalidad transnacional está rindiendo los frutos buscados. O por el contrario ¿estará acentuando el debilitamiento de la gobernabilidad en los países periféricos, que progresivamente se convierten en “territorios paraíso” para ubicar las operaciones más riesgosas de las organizaciones criminales transnacionales, mientras simultáneamente subordinan la vida económica, social y política de las comunidades locales a sus agendas criminales?
-Hay una coyuntura en los años 1990, cuando surge Internet como la Gran Red de la Globalización, que coincide con el crecimiento desaforado del poder de las organizaciones criminales transnacionales.
Frente a los mecanismos globales de persecución y de judicialización a través de los cuales opera la doctrina del prohibicionismo en el ámbito mundial, las organizaciones criminales transnacionales responden con el uso intensivo y extensivo de redes como mecanismo de operación que se desvanecen inmediatamente. De esta manera disipan los riesgos representados por los procesos de judicialización adelantados en su contra por una superpotencia como el gobierno de Estados Unidos. Internet facilita enormemente las operaciones basadas en redes temporales a través de las cuales los negocios ilícitos se mantienen sin necesidad de recurrir a organizaciones jerárquicas estables tipo “cartel”, como las que dominaron el tráfico internacional de drogas ilícitas durante los años 1980 y 1990. Lo que hacen las organizaciones criminales del presente es crear redes muy fluidas que operan en función de oportunidades puntuales, que luego se desintegran para no dejar rastro que permita su judicialización. Desarrollos como Internet propician este tipo de arreglos.
-Entonces, la misma red por su estructura flexible, por la construcción de comunidades mutantes, por la interacción que la actualiza permanentemente, favorece a estas organizaciones criminales transnacionales para activar sus estrategias de negocio.
Sí, pero además estas organizaciones se están adueñando de estructuras de gobierno local. Esa es la preocupación que en el caso colombiano pone de presente la infiltración electoral por parte de los grupos paramilitares en muchas regiones del país, fenómeno que los medios de comunicación han denominado como la “para-política”. En el fondo, los recatos morales que se expresan actualmente a raíz del escándalo que se desenvuelve con cada nueva averiguación sobre el grado de infiltración que las organizaciones ilegales habían alcanzado de los gobiernos locales en sus áreas de influencia, no son otra cosa que pantomimas pues cualquiera que haya vivido fuera de Bogotá sabe que eso es abiertamente así desde hace mucho tiempo.
La gran tragedia nacional
-Esta permisibilidad social y tolerancia con lo ilegal es otro detonador.
Hagamos memoria. Las cifras del secuestro en Colombia se disparan en los 1980, notablemente cuando este se convirtió en mecanismo de financiación para los cargamentos de droga ilícita enviados a los mercados de consumo. Antes de que el enriquecimiento ilícito fuese tipificado penalmente, era normal que los mafiosos colombianos involucrados con el narcotráfico internacional recibieran dinero de la oligarquía, de las elites regionales, con la expectativa de que si el envío “se coronaba” la inversión rendía el doble de lo aportado, de inmediato. Con la incorporación del enriquecimiento ilícito al código penal, las elites se vieron obligadas a establecer distancias visibles con los narcotraficantes, como Pablo Escobar Gaviria. Entonces la manera de continuar financiando ese tipo de operaciones fue por medio del secuestro: “O usted pone la plata o lo secuestro para que la ponga”, era una oferta típica que resultaba complicada de rechazar.
Esta es una de las grandes tragedias de nuestra sociedad, que en apariencia mantiene estandares morales muy altos, muy dentro de la ideología del prohibicionismo, pero que aún así no logra encubrir del todo el hecho que una generación anterior de la elite colombiana estuvo francamente comprometida en los inicios el narcotráfico en Colombia. En consecuencia, como lo afirma León Valencia parafraseando el refrán según el cual “el pueblo tiene el gobierno que se merece”, en Colombia las elites tienen en la guerrilla un espejo de lo que ellas han sido capaces de hacer. Nadie debería sorprenderse hoy con la manera en que la “parapolítica” y la guerrilla involucran a las elites regionales.
-Por eso el “falso paraíso”, al que se añora llegar con la “guerra contra las drogas”, está plagado de valores contradictorios, de los cuales siempre emerge la violencia: el narcotráfico se acepta hasta que se vuelve violento, la rebelión del M-19 contra el “Establecimiento” granjea simpatías hasta que ocurre la tragedia del Palacio de Justicia en 1985...
Se me viene a la mente la declaración de William Ospina hace dos años al comentar su novela histórica sobre la vida del conquistador navarro Pedro de Ursua: en Colombia la Conquista no ha terminado. La lógica de “hacernos al botín y echar a correr” sigue siendo dominante entre nosotros. Y construir una sociedad estable, pacífica y cohesionada a partir de esa lógica resulta supremamente difícil. Es como si vivieramos en un país al cual no pertenecieramos, y no hubiera motivación distinta a la de saquear y extraer riquezas para llevárnosla a “otro lugar” donde –aseguramos en nuestro fuero interno– estaremos plenamente dispuestos a respetar la ley y la convivencia pacífica... pero mientras ese día llega, cada cual es dueño de su interés particular. Es la lógica de la extracción minera: se revuelcan las tierras fértiles de las riberas de los ríos para sacar el oro y cuando no queda sino un paisaje lunar lleno de cráteres, se “devuelven” las tierras a los locales. Extrañamente allí florecen las retaguardias y los inagotables “ejércitos de reserva” para la guerrilla, el paramilitarismo y cualquier otra organización criminal que lo requiera.
Ante el caos resultante, nadie está dispuesto a hacer el gasto porque como se escucha en los círculos empresariales, “resta competitividad y daña el perfil como socio estratégico en el ámbito internacional”.
- Así se debilita cualquier Estado, sea local o nacional.
A este respecto, hay una gran falta de reflexión por parte de las elites. Siempre se auto-complacen en verse como “generadoras de riqueza”, pero han soslayado el rol que tienen como núcleo aglutinador de la sociedad, en el sentido de que en torno suyo se conforma un proyecto de sociedad estable, pacífica y cohesionada. Pero es imposible que ello se de, si el proyecto sólo responde al lucro oportunista de bonanzas como la del contrabando, el narcotráfico, la guerra contra “las drogas y el terrorismo” o un tratado de libre comercio para mejorar la posición de algunos rubros industrializados a cambio de entregar nuestra economía rural.
Aquí hay un problema de tejido social. Es necesario que haya un entramado horizontal de relaciones productivas, políticas, culturales, sociales y afectivas en la base de la sociedad. Pero el “tejido social” requiere que ese entramado también esté imbricado verticalmente, para que la base social esté conectada por muchas vías y muchos canales con las elites que tienen a su disposición los recursos económicos, información, conocimiento y relaciones que son claves para estructurar un proyecto de sociedad viable. Infortunadamente hasta el presente veo a las elites colombianas muy preocupadas por resolver sus proyectos muy particulares y muy inmediatos, olvidadas del papel que les corresponde dentro de la sociedad a la cual pertenecen. Por el contrario, se las ve pavonearse en las revistas de “jet-set” como elites cosmopolitas de “clase mundial”, obsesionadas por escalar posiciones en la lista de la revista Forbes, que muestra las fortunas personales más grandes del globo.
Compromisos auto-reflexivos y regulación democrática
-Usted y yo somos comunicadores de formación y sabemos que los medios tampoco contribuyen a urdir el tejido social en Colombia. Le pregunto ¿es el periodismo, es el periodista, son los medios de comunicación? ¿Dónde está el obstáculo?
El mayor problema es la concentración indeseable de la propiedad de los medios de comunicación. Si hay medios que operan dentro de la lógica de la libre competencia en el mercado, los beneficiados somos los consumidores de información y entretenimiento. Pero si los medios de comunicación están integrados a grandes conglomerados económicos cuyo objetivo es controlar grandes segmentos del mercado para usufructuar de una posición oligopólica, entonces la comunicación masiva termina subordinada a una estrategia de negocios que sólo tiene que ver con los intereses de sus dueños. La lógica de un manejo así tiene que ver con mensajes y contenidos convenientes para que el conglomerado en su conjunto, “optimice” sus balances y estados financieros. Después de los grandes escándalos de corporaciones que han abusado de su posición para jugar fraudulentamente en los mercados especulativos en Estados Unidos, está claro que no es cierto aquello de que “si es bueno para la General Motors, es bueno para este país”.
En Colombia además tenemos un problema adicional en relación con la regulación de los medios masivos de comunicación. En contraste con una regulación muy laxa frente a la concentración de la propiedad, tenemos una regulación sofocante para la operación de los “medios comunitarios”. Todas las emisoras radiales de esa naturaleza que operan en Bogotá son “piratas”. ¿Cuál es el problema? ¿Es que todo lo “comunitario” es afín con lo “pirata”, ó es que las regulaciones responden a una política francamente restrictiva de la libertad de acceso a los medios masivos de comunicación? Y si así es la situación en Bogotá donde tienen asiento las autoridades nacionales a cargo de esos trámites, ¿cómo será en el resto de país?
-¿En conclusión, para dónde vamos con todo esto, con esta doctrina del prohibicionismo?
A mi parecer muy personal, como sociedad tenemos que reconocer que la situación en la cuál estamos es demasiado delicada para encargársela exclusivamente a los políticos y al aparato del Estado. Creo que la integración de un proyecto de sociedad estable, pacífica y cohesionada requiere del esfuerzo coordinado y autorregulado del Estado, de las organizaciones ciudadanas y partidos políticos, y el sector empresarial privado. Pero el proceso no puede estar condicionado a propósitos inmediatistas para sacar provecho particular de la próxima oportunidad de enriquecimiento fácil. Se trata de responder qué hacer y dónde hacerlo para asegurarle viabilidad a una sociedad comprometida con la auto-regulación por medios democráticos. Dado que una de las mayores amenazas dentro de una democracia está dada por una excesiva concentración del poder económico y político, ello va a requerir de transformaciones muy grandes que desemboquen en la devolución de parte de ese poder a través de cambios institucionales.
Para ello será necesario encontrar puntos de convergencia, es decir, un horizonte de sociedad al cual puedan llegar desde distintas ópticas y premisas el Estado, las organizaciones ciudadanas y políticas y el sector privado, cada cual efectuando los aportes que le corresponden.
Pienso que para arrebatar a los paramilitares, a los grupos emergentes o a la guerrilla el control de los gobiernos locales en nuestro país, es preciso crear en esos ámbitos condiciones de apoyo sólido a las organizaciones ciudadanas y políticas locales. El objetivo inmediato es desarrollar su capacidad de resistir y hacer que operen los mecanismos institucionales de regulación democrática para neutralizar los embates de las organizaciones criminales, que siempre existirán e intentarán subordinar todo cuanto las oportunidades se lo permitan. Un inconveniente del prohibicionismo radica en que parte de la premisa equivocada que todos los problemas se resolverán cuando acabemos con las “organizaciones del mal”. Resulta más práctico apuntar a que la sociedad se fortalezca para resistir localmente frente a ese tipo de amenazas. Y ese es un proceso en el cual –como sucede con los bebés recién nacidos– no se puede esperar que el aprendizaje ocurra sino en el marco de una relación costo/beneficio de largo plazo. Habrá que postergar un poco las metas de enriquecimiento rápido... Infortunadamente, aún no se registra un propósito de esta naturaleza en el horizonte colombiano del presente. |