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Número 18, Mayo 15 de 2014

 

 

 

A propósito del encuentro sobre la minería en Villa de Leyva

 

 

La rapiña mundial por los minerales preciosos

 

llega al valle de Saquencipá

 

 

 

 

Se supone que el oro, el petróleo y cualquier otro mineral son riqueza y prosperidad. Pero no. Si por casualidad brotan en el terreno donde uno vive, son amenaza de pobreza, daños ambientales, violencia y desorden social. No porque los minerales sean dañinos. Sino porque el sistema capitalista los hace objeto de una rapiña que desconoce cualquier derecho, excepto el lucro sin restricciones.

 

Esa rapiña enfrenta a los polos de poder empeñados en apoderarse de las áreas y los recursos estratégicos del planeta. Ejemplos sobran: Libia, Siria, Ucrania, Sudán del Sur, Venezuela, etc. Colombia también es objeto de esa codicia: el zarpazo viene de las multinacionales que codician el petróleo, el oro, el carbón, el níquel, etc.: Es Eldorado, objeto de saqueo desde hace más de 500 años.

 

Y el problema lo tenemos a la puerta de la casa: las empresas mineras ansían empezar a romper el suelo en Gachantivá, Tinjacá, Sutamarchán, la Villa… Algunas ya lo están haciendo. En Ráquira no hay fuente de agua limpia: la extracción del carbón la contamina.

La ciudadanía empieza a organizarse para defender lo que queda. El Encuentro Nacional de Territorios y Resistencias contra la loco-motora minera realizado en Villa de Leyva, los días 5 a 8 de Abril, tuvo como fin hacer un diagnóstico del problema, fortalecer la capacidad de las comunidades para proteger sus territorios y señalar pautas de acción.

Los graves riesgos del proyecto:

1. PÉRDIDA DE SOBERANÍA NACIONAL: gran parte del país, se encuentra hoy cubierto con títulos mineros a nombre de empresas multinacionales, válidos por varias décadas. Tal tipo de minería requiere montos gigantescos de capital: monopolios contra los cuales no puede competir ni el empresariado nacional y ni el Estado y que implican la enajenación del país.

ENORMES IMPACTOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES:
Contaminación y/o agotamiento de las fuentes de agua, de las áreas de reserva y la biodiversidad. La explotación de oro es peligrosa por utilización de mercurio y cianuro.
La minería desestimula la agricultura y afecta la seguridad alimentaria: los campesinos quebrados se ven obligados a trabajar en la minería o a migrar a los barrios de miseria.
Los daños sociales: Bajo la complicidad interesada de la corrupción político administrativa florecen la minería legal e ilegal, la intervención del narcotráfico y los grupos armados, las irregularidades en los trámites de las licencias (titulación silenciosa y socialización amañada, sobornos y manipulaciones para convencer a los campesinos de vender sus tierras). Desplazamiento forzado de población. Violación de los derechos humanos: las autoridades corruptas desconocen y criminalizan la protesta de las comunidades víctimas del proyecto. Los que detentan el poder alcahuetean el saqueo. Y usan el poder para quedarse con una buena tajada.

LAS PROPUESTAS DEL ENCUENTRO no se oponen a la minería pero sí exigen que cese el saqueo, que a la titulación se le establezcan topes, que responda a los intereses del desarrollo nacional y de acuerdo a las necesidades de la población (Colombia es el país más inequitativo de América).

Las personas que quieran ver más a fondo esta problemática, pueden leer el siguiente artículo:

 

 

                               Problemática de la loco-motora minera

 

   Estrategia de protección territorial y resistencia contra la

 

                                  loco-motora minera

 

 

El nivel de amenaza y riesgos para el medio ambiente y las comunidades por parte de la locomotora minera es tan grande en extensión geográfica y en sus impactos, que está generando el rechazo unánime de muchas poblaciones, como lo demuestran las consultas populares, las marchas y otras acciones de resistencia en las que se une todo tipo de organizaciones sociales y ciudadanía, por encima de sus intereses particulares, su nivel económico o sus posiciones políticas o ideológicas.
Las amenazas a las fuentes de agua y ecosistemas han sido la fuente principal para la proliferación de colectivos de la sociedad civil y organizaciones sociales de resistencia: urbanas, campesinas, indígenas, afrodescendientes y juveniles. Todas ellas tienden a articular sus esfuerzos para proteger sus territorios, como lo demuestra el caso de Santurbán en Santander, La Colosa en el Tolima, la COA en el occidente de Antioquia, el Macizo Colombiano en Cauca, las provincias de Alto Ricaurte y Sugamuxi en Boyacá. También hay ejemplos de alcaldes y concejales involucrados en la defensa de sus territorios. Catástrofes ambientales, como la ocurrida recientemente en Casanare en la que murieron miles de animales silvestre y ganado por falta de agua y la tragedia de Santander de Quilichao en la que murieron más de diez afrodescendientes en una mina de propietarios mafiosos, sacudieron la conciencia nacional. La preocupación y los cuestionamientos permean hoy día todas las instancias del Estado: el ejecutivo, el congreso y las Cortes.
La corrupción político administrativa generada por el fenómeno de la minería legal e ilegal, la participación del narcotráfico y de los grupos armados, la violación de los derechos humanos, las irregularidades en los trámites de las licencias, los daños que le causa al país y las pocas ganancias que le deja, están generando una fuerza social de presión para que el Estado tenga que replantear de fondo su política de la locomotora minera. De hecho, ya son varios los casos de minas cerradas, de multas y sanciones, de demandas contra las licencias ambientales y las empresas y de revisión de títulos mineros.
Una expresión de esa fuerza social fue el Encuentro Nacional de Territorios y Resistencias realizado en Villa de Leyva, los días 5 a 8 de Abril del presente año, cuyo objetivo fue precisamente el de fortalecer la capacidad de las comunidades para proteger sus territorios contra la desbordada loco-motora minera. Participaron 180 personas provenientes de Bogotá y 7 departamentos: Antioquia, Boyacá, Cauca, Guajira, Meta, Tolima y Santander. A continuación se presentan unas orientaciones y una ruta para el fortalecimiento de la resistencia, extractadas de las 20 experiencias presentadas en el Encuentro.
ORIENTACIONES ESTRATEGICAS
• Conciencia de derechos y deberes. El punto de partida es que la población entienda que la Constitución Política y la legislación nacional e internacional nos confieren un conjunto de derechos: a participar en la defensa de las riquezas naturales y culturales del país, el medioambiente, la salud y el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares. Que así mismo, todos tenemos el deber, como ciudadanos, de participar en los asuntos públicos. De manera que el tema de la minería no es algo para decidir en los ministerios, en la agencias nacionales de Licencias Ambientales (ANLA), de la minería o en la de hidrocarburos, ni en las Corporaciones Regionales, a espaldas de las comunidades, mucho menos cuando ello ha dado lugar a tantas irregularidades y corrupción político administrativa.
• Convencimiento de que Sí se puede. Hacer que la gente deje de pensar que ya no hay nada que hacer porque son decisiones tomadas por el alto gobierno o porque el poder de las multinacionales se impone. Muchos casos han demostrado que SÍ SE PUEDE, que se gana cuando se asume una causa justa, con plena convicción y compromiso, como es la defensa del territorio nacional contra la megaminería y las autoridades cómplices. En muchos casos, pequeños grupos de ciudadanos, de manera pacífica, apoyados en la norma y con una estrategia bien planificada han obligado a las entidades oficiales a garantizarles sus derechos.
• Apoyo de personalidades y academia. Conseguir el apoyo de reconocidas personalidades de la política, las artes, las ciencias, de expertos en el tema minero energético y en la normatividad al respecto, de universidades y centros de investigación, para que ayuden en la revisión de los requisitos para la obtención de títulos mineros y licencias ambientales; para gestionar ante el gobierno y organismos internacionales; influir en los medios de comunicación y la opinión pública; asesorar jurídicamente a las organizaciones; concientizar y movilizar a las comunidades. El apoyo de los jóvenes es clave para dinamizar las redes sociales y para las acciones de movilización social. Así mismo gestionar que los institutos de investigación científica, creados como apoyo al Ministerio del Medio Ambiente por la ley 99/93, aporten fuerza argumentativa de nivel científico: el Instituto Humboldt, encargado del tema de la biodiversidad; el Instituto Sinchi, que tiene a su cargo estudiar la amazonia; el Von Newman, que investiga el Pacífico; el Invemar, del tema marino; y el Ideam, de estudios ambientales.
• Utilizar mecanismos jurídicos. Para exigir que las autoridades y entidades oficiales cumplan sus obligaciones y garanticen los derechos a la información, al ambiente sano, a la participación, los derechos humanos, etc., se debe recurrir a los mecanismos jurídicos: derechos de petición, tutelas, demandas, acciones populares, acciones de cumplimiento, etc. Y también cartas abiertas y comunicados a la ciudadanía.
• Posicionar el tema desde el nivel local hasta el internacional. Con el fin de incidir en la comunidad local y en la opinión nacional, utilizar las redes sociales, los medios de divulgación propios (boletines, afiches, pancartas, hojas volantes) y buscar acceder a los medios de comunicación regionales y nacionales.
1. Proteger áreas estratégicas. Impedir actividad minera en territorios declarados como áreas naturales protegidas: parques naturales, ecosistemas estratégicos, territorios de indígenas o de comunidades negras, humedales, reservas de bosques, reservas de la sociedad civil, lagunas, etc. Desarrollar investigaciones que sustenten la necesidad de proteger ecosistemas y recursos naturales; apoyar los procesos de ordenamiento territorial. Así mismo proteger el patrimonio cultural. En algunos casos los argumentos de la defensa del patrimonio cultural ha sido más efectiva que los argumentos ambientalistas (ej: Villa de Leyva contra Ecopetrol). En Antioquia adelantan la campaña “Suroeste: territorio sagrado para la vida”.
• Protestar pacífica y creativamente. Tratar de Impedir que para justificar la represión ilegalicen la protesta social. Para ello es preciso que las movilizaciones sean pacíficas, creativas, cargadas de simbolismo, de sentido de pertenencia al territorio, de defensa de la vida, del agua y de la naturaleza, convocando a todos los sectores sociales y procurando que toda la ciudadanía comparta que es una causa justa en defensa de intereses colectivos. Un ejemplo de esto es la “marcha carnaval en defensa de la vida” que realizan en el Tolima todos los años (la próxima el 5 de Junio). En Tinjacá los estudiantes pintaron murales en colegios y espacios públicos como herramientas de concientización de la comunidad.
• Derecho a la protesta pacífica. Este derecho está consagrado en el art.XXXX de la Constitución Política, pero se debe informar previamente a la autoridad local para que tome las medidas para proteger a los participantes e impedir hechos de violencia.
• Denunciar agresiones. Denunciar de la manera más amplia, pública y contundente cualquier acto de intimidación, amenaza o violación de derechos humanos, ante las entidades de control y los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El silencio es cómplice de la impunidad y de mayores amenazas. Aprovechar para esto la red de comunicaciones que surgida de este Encuentro Nacional.
• Confrontar lo público. Evitar enfrentamientos con actores privados (empresas, inversionistas). Más bien, enfocar las acciones a los actores públicos, al Estado, que son quienes tienen la obligación de impedir que los intereses particulares afecten los intereses colectivos.

RUTA A SEGUIR.
2. Organización. Convocar las organizaciones ambientalistas y sociales existentes. O conformar un colectivo que lidere el proceso. Un colectivo es una organización plana -no vertical como los partidos políticos, las organizaciones gremiales y muchas otras organizaciones sociales- no tiene jefes que concentren poder sino líderes en cada línea de desarrollo. Inicialmente al menos, no requiere personería jurídica, pero de llegarse a necesitar se utiliza la de alguna organización ya formalizada o se tramita.
3. Revisión de títulos. Solicitar los títulos mineros que haya sobre el territorio de la localidad o región y verificar si el procedimiento y la información presentada fueron correctos. En caso de no serlo, se puede demandar su nulidad.
4. Revisión de Licencias Ambientales. Solicitar la información básica sobre las licencias que se hayan otorgado o estén en proceso. Como es información pública, las entidades tienen obligación de ponerla a disposición de quien la solicite. Y si no lo hacen, se pide por Derecho de Petición. Si en 15 días hábiles no contestan o lo hacen de manera incompleta, se puede interponer tutela ante un juez.
Estudiarla a fondo y con mirada crítica los documentos pertinentes: el documento del proyecto que haya presentado la empresa; el estudio de impacto Ambiental, verificando que no haya falsedades; el Plan de Manejo, verificando que se haya formulado con participación de la comunidad como lo ordena la ley; los informes de cumplimiento ambiental, ICAs, que le empresa debe presentar a la autoridad ambiental (CARs o Ministerio) periódicamente. Apelando al art. XXX de la ley 79 de 1993, del Medio Ambiente, cualquier ciudadano puede solicitar el derecho a constituirse en “Tercer Interviniente”, con lo cual la autoridad ambiental tiene que comunicarle todas las decisiones que se tomen sobre el proyecto en cuestión.
5. Alertar a las comunidades. Alertar ampliamente a las comunidades sobre las actividades mineras que se proyectan en sus territorios y los perjuicios que les acarrean. Hacer recorridos puerta a puerta informando y explicándole a la población sobre los riesgos de la minería. Distribuir boletines, afiches, volantes, videos y demás medios de divulgación.
6. Planes de Acción. Trazar planes de acción con objetivos muy precisos y con diversas estrategias actuando simultáneamente: jurídicas, académicas, políticas, movilización social, medios de comunicación, ordenamiento territorial, etc.
7. Movilización social. Realizar plantones en las vías de ingreso a las explotaciones mineras, como lo han hecho en Santurbán, Castilla en el Meta, Tasco en Boyacá , Santurbán en Santander y la COA en el Occidente de Antioquia. Hacer marchas, foros, audiencias y asambleas públicas, cabildos abiertos o mesas de concertación para debatir el tema, con participación de las autoridades e instituciones locales y regionales pertinentes, las Corporaciones Regionales del Ambiente, los directivos de los acueductos locales y los organismos de control (Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Contraloría), exigiéndoles a estos que hagan el control y se pronuncien públicamente sobre las afectaciones a los derechos humanos, al ambiente y a la comunidad.
8. Gestión institucional. Solicitar visitas técnicas a las Corporaciones Regionales del Ambiente, acompañadas de especialistas, para verificar las denuncias de la comunidad y desmentir informaciones falsas por parte de las empresas. Enviar delegaciones a los ministerios y a los medios de comunicación. Gestionar para que las áreas de especial importancia por razones naturales o culturales sean declaradas como áreas naturales protegidas o como “Bienes de interés cultural” (patrimonio cultural) del orden municipal, deptal o nacional. Incluir territorios en programas de pago por servicios ambientales.
9. Ocupar espacios de participación. Participar en los Consejos Ambientales, en los consejos directivos de las corporaciones regionales y en los consejos de cuencas (POMCAS) porque son escenarios desde donde se puede incidir en las decisiones oficiales.
10. Crear Escenarios de concertación. Crear escenarios o mesas de concertación con las entidades y autoridades del Estado, incluyendo los organismos de control en las que estén representados los diferentes sectores y organizaciones sociales, para analizar temas como: las licencias ambientales, la protección de ecosistemas estratégicos, el ordenamiento territorial, las consultas previas en territorios étnicos, las consultas populares, los planes de manejo, los impactos que se estén produciendo, etc. Es imprescindible “sellar los acuerdos” mediante un instrumento como un decreto o resolución que obligue al cumplimiento de lo acordado o sirvan para interponer acciones de cumplimiento. Designar un comité de seguimiento, de carácter mixto: entidades, sociedad civil y organismos de control.
11. Promover Consultas Populares. Insistir en la Consulta Popular, aunque el gobierno y la Procuraduría traten de ilegalizarla. Como el argumento que ellos esgrimen es que las comunidades no pueden decidir que no haya minería porque el subsuelo pertenece al Estado, se debe invertir el argumento en el sentido de que la consulta sea para proteger el territorio contra las actividades que afecten los intereses de la comunidad y los derechos de los propietarios del suelo. La Corte Constitucional dijo que las comunidades, que son las afectadas, deben ser tenidas en cuenta.
12. Incidir en el Estado, la academia y la opinión pública. Finalmente, el Encuentro fue apenas un paso más de un proceso de largo plazo que debe llevar a que todos los interesados podamos incidir en tres campos: el escenario político administrativo, debatiendo temas como los siguientes: el modelo de minería que le conviene al país, a la región y a la localidad; la relación entre el ordenamiento territorial y la minería; la revisión de las regalías; reglamentando las consultas populares; impidiendo la minería en manos de grupos ilegales, pero respetando la minería ancestral, etc. En segundo lugar, incidir en la academia para que las universidades no se dediquen sólo a preparar técnicos funcionales a las empresas, sino recursos humanos con capacidad de generar alternativas para que la explotación de los recursos naturales se lleve a cabo en el marco de la sostenibilidad ambiental y en beneficio de toda la nación. En tercer lugar, incidir en la opinión pública porque la minería es un asunto de todos ya que las riquezas del subsuelo pertenecen a todos los colombianos.
7 de abril de 2014.