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Número 18, Mayo 15 de 2014

 

 

Encuentro Nacional de Territorios y Resistencias contra la

 

Locomotora Minera

 

 

Problemática de la loco-motora minera

 

 

 

 


Uno de los resultados del Encuentro Nacional de Territorios y Resistencias contra la locomotora minera, realizado en Villa de Leyva los días 5, 6 y 7 de Abril del presente año 2014, es una visión de la problemática generada alrededor de esta política. La siguiente es una síntesis de dicha problemática, extractada de las 20 experiencias locales y regionales en 8 departamentos, que fueron presentadas en este evento.

 

TITULACION PARA MEGA-MINERIA
La extensión de cada título minero es de miles y miles de hectáreas, de modo que gran parte del territorio de muchos municipios, en casi todos los departamentos y de gran parte del país, se encuentra hoy día cubierto con títulos mineros a nombre de empresas multinacionales. Muchos ya cuentan con licencias ambientales y están explotando los recursos minerales. Un proyecto minero como el de Santurbán en Santander o la Colosa en Tolima, abarca territorio de varios municipios.

 

Así mismo, el tiempo de vigencia de los títulos y licencias es por lapsos de varias décadas, de modo que el resultado es que gran parte del territorio nacional quedó subastado por muchos años a empresas multinacionales.

 

Tales extensiones territoriales requieren montos gigantescos de capital para poder explorarlas y mucho más para extraer los minerales, que sólo las multinacionales más grandes del mundo están en capacidad de invertir, como la Gold Ashanti o la Gold Star para la explotación del oro, o Pacific Rubiales y los gigantes de los hidrocarburos y del carbón.

 

Esa mega-titulación constituye monopolios de hecho, contra los cuales no puede competir ni el empresariado nacional y ni siquiera el Estado. Planteada en esos términos, la locomotora minera constituye una ventaja para el capital multinacional, quedándole a las empresas nacionales sólo la opción de entrar como socios menores, con el agravante de que varias de dichas empresas nacionales manejan dinero del narcotráfico y de otras fuentes ilegales.

 

La alternativa ante esta situación es que a la titulación se le establezcan topes en extensión territorial y en tiempo, que se les exija el cumplimiento irrestricto de los requisitos, que se desmonte la corrupción de las CAR y los ministerios del ramo, que responda más a los intereses del desarrollo nacional (dónde, quién, a qué ritmo y en qué condiciones se deben explotar los recursos naturales) y que reviertan pronto al Estado para el fortalecimiento de la capacidad del país para explotar sus recursos naturales.

TITULACION SILENCIOSA Y SOCIALIZACIÓN AMAÑADA
Las comunidades e incluso sus autoridades locales de repente se enteran de que sus territorios han sido comprometidos para la minería desde años atrás y sin contar con ellos. Con el argumento de que el subsuelo pertenece al Estado, la negociación de los títulos más grandes se hace a nivel nacional (Ministerios y agencias nacionales) y los medianos a nivel departamental (CARs). Ha sido reiterado el caso de que cuando las organizaciones sociales o cualquier ciudadano e incluso alcaldes municipales solicitan información al respecto, se la nieguen o le dificulten el acceso, a pesar de tratarse de asuntos públicos sobre los que existe el derecho constitucional de ser informado (art.23 de la C.P.).

Por otra parte, en muchos casos los procesos de socialización de los proyectos, de los estudios de impacto ambiental y de los planes de manejo, han estado viciados de falsedades para obtener la licencia ambiental y de ofrecimiento de dinero, de prebendas, compras de predios y otras manipulaciones para convencer a los campesinos de las bondades del proyecto y obtener su beneplácito para comprar sus tierras o poder realizar en sus predios los procedimientos de exploración y explotación minera o petrolera. Con ello se establecen condiciones muy desiguales para quienes se oponen a locomotora, que lo único que pueden ofrecerle a la comunidad es advertirle sobre los riesgos y las consecuencias negativas de esos proyectos. Algunas comunidades han quedado divididas entre los que están a favor y los que están en contra. No obstante, lo más sorprendente es que en muchos casos la oposición ciudadana a los proyectos minero energéticos pasa del 90 %, como ha ocurrido en los municipios de Piedras y de Cajamarca en el Tolima, o en los municipios afectados por el proyecto minero en el páramo de Santurbán.

 

Ahora que crece la actitud crítica en las comunidades, las empresas recurren a efectuar la socialización simultáneamente en varias veredas y citando sin la debida anticipación, con el fin de evitar que los líderes y las organizaciones sociales estén presentes en todas ellas. Lo que les interesa es que la gente firme la hoja de asistencia que utilizan como prueba de haber cumplido con el requisito de la socialización

 

Frente a la situación descrita, en el Encuentro Nacional se presentaron varias alternativas:
• Que las licencias ambientales no se aprueben hasta no haber sido informadas las autoridades de la localidad y la ciudadanía y haber sido debidamente socializados los proyectos.
• Que las instituciones respectivas (ministerios de minas y de ambiente, la ANLA, y las Corporaciones) pongan a disposición de la ciudadanía por internet los expedientes de los títulos y las licencias ambientales para que puedan ser conocidos por todos los interesados.
• Que donde ya están operando las empresas, las organizaciones sociales y las autoridades locales revisen detalladamente los expedientes de las licencias ambientales (estudios de impacto ambiental, planes de manejo, los informes de cumplimiento ambiental (ICAs). Las irregularidades y falsedades que se encuentren en esos documentos pueden dar lugar a demandar que las licencias sean revocadas.
• Crear mecanismos de seguimiento para que empresas y autoridades tengan que cumplir los compromisos que adquieran en las mesas de concertación con las comunidades.

GRAVES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Por tratarse de proyectos de mega-minería a cielo abierto -que implican remoción masiva de terrenos con sus bosques y cobertura vegetal- sus impactos en el medio ambiente son gigantescos.Los daños a las fuentes de agua para los acueductos es lo que más preocupa a las comunidades y más motiva su rechazo. Así mismo, la pérdida de lagunas, quebradas y nacederos de agua, debido a las perforaciones y explosiones cercanas.

 

Las explotaciones mineras y de hidrocarburos también impactan páramos y ecosistemas estratégicos que son fuente de agua, reservas forestales, bosques primarios, despensa alimenticia, zonas de economía campesina. Afectan la seguridad alimentaria porque los campesinos abandonan la agricultura para irse a trabajar en la minería En algunos casos las familias se ven prácticamente obligadas a desplazarse hacia otros lugares. Y afectan también al turismo que para algunas regiones constituye la base de su economía.

 

Los páramos de Boyacá deberían ser declarados como área protegida de alta prioridad (parques nacionales o santuarios) porque es la región más extensa de páramos en Colombia, principal fuente hídrica para la vertiente del Magdalena y la vertiente de la Orinoquia. En este momento la principal amenaza en los páramos de Boyacá es la explotación de carbón y petróleo.
La explotación de oro es particularmente peligrosa por la utilización de insumos tóxicos, especialmente el mercurio y el cianuro que constituyen un riesgo para la vida porque contaminan las fuentes de agua.

 

Un caso particular es el de la contaminación producida por las empresas extractoras de materiales de construcción en lugares vecinos a los barrios periféricos de las ciudades, como en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y en Soacha.

 

Al terminar sus actividades extractivas, muchas empresas se van dejado grandes pasivos ambientales (huecos, materiales removidos, vías dañadas, etc.) que finalmente tienen que ser asumidos por los municipios o localidades.

 

El imaginario de que el oro, el petróleo y cualquier otro mineral era anteriormente símbolo de riqueza y prosperidad. Ahora es visto como amenaza de pobreza, daños ambientales, violencia y desorden social.

 

¿Qué hacer ante esta situación? El Encuentro Nacional propuso:
• Revisar los títulos y licencias ambientales vigentes porque muchos de ellos pudieron haber sido otorgados con irregularidades que, al ser evidenciadas, podrían dar lugar a demandar que sean revocados.
• Exigir a las autoridades ambientales (ministerios, corporaciones) el control a la contaminación ambiental, a los planes de abandono y a la compensación por daños causados.
• Exigir reparación no solo por los daños materiales y perjuicios a la salud, sino a las familias que han sido desplazadas por las actividades mineras o petroleras (ejemplo: corregimiento de manantial en Barrancas, Guajira).
• Afrontar el problema de la división de las comunidades, la rivalidad a favor y en contra de la minería.
• También las zonas que constituyen despensa alimentaria por ser predios de productores campesinos deben ser protegidas como zonas de reserva campesinas.
• Calificación algunos sitios como territorios sagrados, aunque no se trate de comunidades indígenas. Ej: suroccidente de Antioquia y los páramos en otras regiones.
• Impedir las modificaciones amañadas a los planes de ordenamiento territorial a favor de la minería. Más bien, incrementar en la revisión de estos planes la extensión de las áreas naturales protegidas ya sea por razones ambientales, culturales, sociales o económicas.
• Constituir Reservas de la sociedad civil. Y programas de pagos por servicios ambientales.
• Ejercer vigilancia y divulgar ampliamente los accidentes o situaciones que perjudiquen el medioambiente, como los derrames petroleros.

 

VIOLENCIA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS:
La minería ha estado asociada a dineros y grupos armados ilegales, por lo cual constituye una amenaza de violencia para las comunidades, especialmente para sus dirigentes, muchos de los cuales han sido asesinados o desaparecidos. En el Encuentro Nacional fueron denunciados dos recientes asesinatos de activistas contra la minería. Esto lo saben las autoridades y la fuerza pública, como en el caso de la mina ilegal de Santander de Quilichao donde ocurrió la reciente tragedia en que murieron más de diez personas. Si esto ocurre a sólo 45 minutos de Cali, qué decir de territorios remotos, como el Pacífico o la Amazonia?

 

También las empresas ejercen presiones indebidas, como amenazar con demandar por perjuicios económicos a las personas que se retractan de los permisos para entrar a sus predios.

 

CORRUPCIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA
La minería ha sido una fuente de corrupción político administrativa porque las empresas sobornan alcaldes, concejales, funcionarios de las CAR y demás entidades y a miembros de la fuerza pública.

 

La mayoría de las Corporaciones Regionales del Ambiente son fortines politiqueros y de corrupción, difíciles de desmontar, por lo cual deben ser eliminadas y sustituidas por otras instancias que garanticen transparencia.

 

Un esguince a la ley en el presente año -en que se debe presentar modificaciones a los planes de ordenamiento territorial- es la adecuación de dicho ordenamiento a conveniencia de las empresas, lo cual es otra fuente de corrupción político administrativa.

 

Cuando las empresas son demandadas, acuden a todo tipo de argucias legales y en últimas, tienen con qué pagar ya que el monto de las sanciones es nada en comparación con las cifras de capital que ellos manejan y con la deducción de impuestos que les otorga el gobierno nacional. El Estado casi no tiene capacidad de hacerles seguimiento a las empresas mineras exigiéndoles el cumplimiento delos planes de manejo ambiental, compensaciones y demás obligaciones.

 

Esta ha sido la síntesis de la problemática descrita por las delegaciones asistentes al Encuentro Nacional. En un documento siguiente se presentará las alternativas de acción desde la sociedad civil para fortalecer la capacidad de las comunidades para afrontar la problemática de la locomotora minera y proteger sus territorios.
7 de Abril de 2014.