ANÁLISIS

BASES ESTADOUNIDENSES EN COLOMBIA

Armando Suescún

En los próximos meses serán instaladas en Colombia siete bases militares estadounidenses. Es un hecho sin precedentes en nuestra historia. Estarán ubicadas en Palanquero (Valle del río Magdalena), Malambo (Costa del Caribe), Apiay (Llanos orientales), Málaga (Costa del Pacífico), Cartagena (Costa del Caribe), Tolemaida (Centro del país) y Tres Esquinas (Región amazónica), superpuestas a las principales bases militares colombianas, en sitios claves de la geografía nacional. El convenio aún no ha sido publicado, no obstante haber sido negociado y firmado entre los dos gobiernos desde hace varios meses. El proceso ha sido secreto.
A pesar que la amenaza de las bases es más grave para Colombia, la opinión nacional se ha mostrado un tanto indiferente, quizás por falta de información o de conciencia política; sólo algunos dirigentes de izquierda, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, indígenas, han manifestado su protesta, han escrito en contra en la prensa y preparan debates sobre ese tema en el Congreso. No ocurre lo mismo en los otros países sudamericanos. El viaje de urgencia que el Presidente Uribe tuvo que hacer a las capitales sudamericanas a dar explicaciones a los presidentes de la región y las tres reuniones que ellos realizaron en menos de dos meses para examinar el problema, reflejan el alto grado de preocupación que ha suscitado.
El problema es realmente grave y preocupante y requiere con urgencia una cuidadosa reflexión, una toma de conciencia y una actitud política. Después, será tarde. Es un tema frente al cual no se puede callar ni dejar de actuar. Para entender cabalmente su dimensión y alcance, es necesario preguntarnos: A qué se debe la instalación de las bases? Qué finalidades tiene? Qué efectos producirá?
Causas.
Las tradicionales relaciones de dependencia de los países sudamericanos con Estados Unidos han experimentado cambios importantes en los últimos años: la mayor parte de los gobiernos de la región –a excepción de Colombia-- se han alejado políticamente de Estados Unidos, han asumido una actitud contestataria, rechazan sus políticas y orientaciones, algunos se han atrevido a nacionalizar empresas multinacionales y a hablar de socialismo del siglo XXI y todos tratan de afirmar su autonomía. Sin pedirle permiso y sin su participación, han organizado un aparato de integración regional, UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, y otro más reducido pero más radical, el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas.
UNASUR está formada por todos los países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia (a regañadientes), Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), con una superficie total de 17.715.335 de kilómetros cuadrados, una población total de 386.529.000 de habitantes, un PIB total de 4.034.793 millones de dólares, 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, es el primer productor mundial de alimentos en el mundo y tiene importantes reservas de petróleo y gas. Al consolidarse la integración de este grupo de países puede convertirse en una verdadera potencia continental, libre de la tutela de Estados Unidos. El ALBA, por su parte, está integrado por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras; cuestiona frontalmente las políticas de Washington, tiene estrechas relaciones con China, Rusia, Irán, Libia, los países del llamado por Estados Unidos “el eje del mal” y ha adoptado su propia moneda de intercambio intraregional.
Frente a esa nueva situación y con miras a neutralizar la tendencia autonomista que avanza en Sudamérica, Estados Unidos ha visto la necesidad de reforzar su presencia militar y política en la región. Dentro de su mentalidad guerrerista, el primer paso en esa dirección ha sido la reactivación de su IV Flota Naval, y el segundo, la ampliación del número de bases militares en la región. Siendo Colombia un sitio geoestratégico privilegiado en el continente y el gobierno de Álvaro Uribe su único aliado en la región, escogió a Colombia para instalar aquí sus nuevas bases militares.
Objetivos.
Todo indica que el primer objetivo de las bases es frustrar los actuales procesos de integración sudamericana, UNASUR y ALBA, y el segundo, controlar sus inmensos recursos de petróleo, agua y biodiversidad. Al lado de sus habituales mecanismos económicos y políticos de dominación, Estados Unidos instala ahora un poderoso aparato de guerra. Una maniobra militar con fines políticos, a la cual el gobierno colombiano aporta el terreno.
A los gobiernos, en general, poco se les puede creer, pero a los de Washington y Bogotá, campeones mundiales de mentiras y engaños, no se les puede creer nada. El gobierno de Uribe afirma que las bases norteamericanas no son norteamericanas sino colombianas, que sólo se utilizarán para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y que no serán utilizadas para atacar a otro país. Patrañas para negar la evidencia. Las bases militares son norteamericanas, no se establecen para combatir el narcotráfico y están diseñadas para dominar a Sudamérica. Nadie medianamente consciente cree que el imperio más poderoso del planeta, cuyo principal objetivo es dominar el mundo, va a establecer bases militares en Colombia sólo para perseguir el narcotráfico y el terrorismo local y no para afianzar su política de dominio continental.
Pero el embuste más burdo e inadmisible de los dos gobiernos, es el de decir que garantizan que las bases estadounidenses no atacarán a otros países. Los colombianos tenemos suficiente experiencia sobre las promesas y garantías de Estados Unidos. En el Tratado Mallarino-Bidlack, firmado entre la Nueva Granada y los Estados Unidos en 1846, estos se comprometieron expresamente a defender la soberanía granadina en el Istmo de Panamá, amenazada por potencias extracontinentales. Sin embargo, en 1903, cuando Estados Unidos estaban interesados en la construcción del canal interoceánico por el Istmo, ¿qué hicieron? ¿cumplieron el Tratado de 1846, cuyo principal compromiso era el de defender la soberanía colombiana sobre el Istmo? No. Propiciaron la separación de Panamá de Colombia, organizaron en el Istmo un gobierno títere y enviaron acorazados a aguas panameñas para vigilar el golpe e impedir la llegada de tropas colombianas. Esa es la manera de Estados Unidos de cumplir los tratados internacionales que firma. Así lo ha hecho numerosas veces en el mundo. Los colombianos ya tuvimos esa amarga experiencia; perdimos el Istmo de Panamá, el territorio geopolíticamente más importante del país, por confiar en la palabra de Estados Unidos. No podemos repetir, a sabiendas, esa amarga experiencia. Sería imperdonable. Los Estados Unidos no respetan los tratados internacionales ni mucho menos los convenios informales; pasan por encima de ellos cuando les conviene, como se ve todos los días; el día que consideren conveniente atacar a un país sudamericano, lo atacarán desde Colombia, con cualquier pretexto; ellos sólo respetan sus intereses nacionales.
Consecuencias en Colombia.
La primera y más grave consecuencia de la instalación de las bases estadounidenses es la desaparición de la independencia y la soberanía nacional de Colombia. La presencia de bases militares estadounidenses, significa que en Colombia el monopolio de las armas en manos del Estado desaparece. A partir del momento de su instalación, en Colombia habrá dos clases de Fuerzas Armadas, oficialmente reconocidas: una, la Fuerza Pública colombiana (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía), a la cual la Constitución encomienda, de manera exclusiva, la defensa de la soberanía nacional, la independencia y el orden institucional (arts. 216, 217 y 218), y otra, las tropas de las bases militares estadounidenses, o sea, destacamentos de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Entre las dos, obviamente, la Fuerza Pública colombiana pasa a un segundo plano.
La autorización de instalar bases militares extranjeras en Colombia implica el reconocimiento de que la Fuerza Pública nacional es incapaz, por sí sola, de defender la independencia, la soberanía nacional y el orden institucional y la aceptación de que, en adelante, la defensa de estos valores esenciales estará, por lo menos en parte, en manos de fuerzas extranjeras. Este hecho niega de plano la soberanía y la independencia nacional. Por eso, la presencia de bases militares extranjeras no está prevista en la Constitución Política; lo único que la Constitución prevé, como caso excepcional, es el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, para lo cual exige una autorización especial del Congreso (art. 173-4).
La soberanía colombiana se ha venido reduciendo desde hace mucho tiempo, en la medida en que aumenta la dependencia del país respecto de Estados Unidos. Dependencia que se expresa en aspectos como los siguientes:
En el campo político: la clase dominante, --gobernantes, políticos, empresarios, jerarquías eclesiásticas y militares, profesionales, etc.--, se ha alineado en forma total con los intereses, dictados y mentalidad de los Estados Unidos. Políticas como el neoliberalismo, la prohibición del narcotráfico, la guerra preventiva, la guerra global contra el terrorismo, preconizadas por Estados Unidos, han sido adoptadas como propias, sin discusión alguna, por la clase dominante y el Estado colombiano. El embajador norteamericano en Colombia funge como virrey que ordena, decide e interviene en las cuestiones importantes del Estado. Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos certifica o descertifica el comportamiento del Estado colombiano, y según su dictamen, autoriza o no la ayuda financiera. La clase dominante colombiana y el llamado “establecimiento” han asimilado como propio el american way of life. Saben y sienten que sus intereses y privilegios están más ligados al destino y al futuro de Estados Unidos que al de Colombia, y actúan con ese criterio. Su adhesión a las políticas económicas, militares y diplomáticas de Estados Unidos es total, incondicional e inmodificable. Tienen identidad ideológica con Estados Unidos. Para acceder a los altos cargos del Estado y de las grandes empresas, se requiere, como condición sine que non, haber sido formado en universidades de Estados Unidos, dominar el idioma inglés y haber adquirido la mentalidad estadounidense.
En el campo económico: más del 45 % de las importaciones colombianas provienen de Estados Unidos y más del 45 % de las exportaciones van a ese mercado; la políticas monetaria y fiscal colombianas son dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos dominados por Estados Unidos; la mayor parte de las inversiones extranjeras provienen de Estados Unidos y la mayor parte de la deuda externa colombiana está comprometida con sus entidades financieras.
En el campo militar: en los últimos 9 años, en el marco del Plan Colombia, Estados Unidos ha aportado más de 7 mil millones de dólares para el sostenimiento de la Fuerza Pública colombiana, la ayuda más cuantiosa otorgada después de las de Israel y Egipto. Desde 1964, la formación militar e ideológica de los oficiales superiores es impartida por la tristemente célebre Escuela de las Américas (hoy con otro nombre), y el equipamiento militar y logístico es suministrado por el Pentágono. El Comando Sur de Estados Unidos es el verdadero comando supremo de la Fuerza Pública colombiana. La Fuerza Pública colombiana depende económica, ideológica y militarmente de Estados Unidos y está profundamente comprometida con los intereses estratégicos de ese país.
En el campo internacional: la política internacional colombiana ha estado supeditada a los Estados Unidos desde 1918, cuando la cancillería colombiana adoptó la política llamada “respice polum” (mirad hacia el Norte, hacia los Estados Unidos). Desde entonces opera la llamada “relación especial” con Estados Unidos --eufemismo para designar la dependencia total a ese país--. En desarrollo de esa política, Colombia fue el único país de América Latina que envió tropas a combatir en la guerra de Corea en 1951, al lado de Estados Unidos; el que llevó la vocería de Estados Unidos para exigir la expulsión de Cuba de la OEA en 1962; el único país de América Latina que, al lado de Estados Unidos, no apoyó a Argentina en la guerra de Las Malvinas en 1983, y el único país de América Latina que en 2002 respaldó a Estados Unidos en su “guerra preventiva” contra Irak. Es claro que la dependencia de Colombia a los Estados Unidos, en los campos político, económico, militar y de política internacional, es total, incondicional, permanente y contraria a los intereses de América Latina.
En esas condiciones de extrema dependencia a Estados Unidos, la implantación de bases militares norteamericanas en territorio colombiano, constituye la entrega del último reducto de soberanía nacional. La presencia permanente de fuerzas armadas norteamericanas en el territorio nacional y la eventual puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, significarán en la práctica la anexión de Colombia a Estados Unidos. Con la completa dominación militar --a través de las bases militares--, y económica --a través del TLC--, Colombia dejará definitivamente de ser un país independiente. Quedaría como un Estado Asociado de Estados Unidos, en las mismas condiciones de Puerto Rico. Se cumpliría ahora, comenzando el siglo XXI, la propuesta de anexión a la Unión Americana formulada en 1857 por don Florentino González y don Mariano Ospina Rodríguez, destacados personajes de la burguesía granadina.
¿De qué habría servido entonces la larga, sangrienta y victoriosa lucha que sostuvieron nuestros antepasados por la independencia nacional a comienzos del siglo XIX, cuyo bicentenario comenzamos a celebrar? ¿De qué sirvió tanta sangre derramada en la lucha libertadora, tantos muertos, tanto sacrificio de nuestros antepasados, para entregar ahora la independencia que ellos nos legaron, sin lucha ni protesta? Seríamos unos descastados, unos traidores a su sacrificio, si hoy no fuéramos capaces de defender la independencia que ellos nos dejaron, que constituye nuestra dignidad como pueblo y nuestro mayor tesoro.
La autorización del gobierno colombiano para la instalación de bases estadounidenses ha producido justificada alarma en los demás países sudamericanos. Ellos se preguntan, perplejos: ¿cómo Colombia presta su territorio para instalar bases militares que amenazan a los países hermanos? Por su alineamiento incondicional y su complicidad con Estados Unidos, Colombia está quedando aislada de los países sudamericanos y enfrentada a ellos. Es el resultado más absurdo y nefasto de la política internacional del gobierno de Uribe. Está haciendo el triste papel de peón del imperio y orientando la política exterior de Colombia en contra de la integración latinoamericana. Con esa actuación, el gobierno de Uribe traiciona doblemente la Constitución que juró cumplir: en lugar de defender la independencia de la nación, como lo ordena el artículo 2 de la Carta, la entrega; y viola el mandato constitucional que dispone: “De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”. (art. 9).
Los colombianos tenemos que tomar conciencia que “la patria es América”, como decía Bolívar; que somos hermanos de los demás pueblos latinoamericanos y del Caribe, que tenemos unos mismos intereses y un destino común. Eso no lo podremos cambiar nunca y tenemos que reconocerlo. No podemos ni debemos persistir en el fatal error de actuar en contra de nuestros hermanos de América Latina. Sería actuar contra nosotros mismos. Debemos también percatarnos que Estados Unidos ha sido siempre nuestro principal enemigo, el que cercenó el territorio más importante de nuestro país, Panamá, el que nos ha explotado y saqueado durante un siglo y el principal enemigo de América Latina, como lo profetizó Bolívar cuando dijo: “Los Estados Unidos parecen destinados a plagar la América de miserias, a nombre de la libertad”.
Ante la entrega que pretende hacer el gobierno de Uribe de la soberanía nacional, los colombianos todos debemos rechazar la implantación de las bases gringas en nuestro territorio, rechazar el establecimiento de bases militares extranjeras en cualquier país de América Latina, movilizarnos con decisión y salir a defender la independencia nacional aún a costa de nuestras vidas. No podemos entregarla mansamente; no podemos ser inferiores al ejemplo heroico de nuestros antepasados de hace 200 años, ni cometer la villanía de dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria subyugada.
Efectos en los países sudamericanos.
La instalación de bases estadounidenses en Colombia no sólo afecta a este país sino también a los demás países sudamericanos. Las bases militares estadounidenses, dotadas de poderosos aviones que alcanzan a cubrir todo el espacio aéreo del subcontinente sin reabastecerse de combustible, de radares avanzados, de sofisticados satélites, de equipos de inteligencia de última generación, y respaldadas por el inmenso poderío militar y económico del imperio, constituyen una grave amenaza para todos los países de la región. No hay que olvidar que pertenecen al país más guerrerista del mundo, al abanderado de la “guerra preventiva”, al que actúa por encima de los tratados internacionales y de las leyes de los demás Estados; al país que ha intervenido militarmente en México (1846), en Cuba y Puerto Rico (1902), en Colombia (1903), en Nicaragua (1927 y 1981), en Guatemala (1954), en Cuba (1961), en Santo Domingo (1965), en Chile (1973), en Granada (1983), en Panamá (1989), en Haití (1994), para imponer sus intereses económicos y políticos y extender su imperio; al país cuya presencia en América Latina es sinónimo de dictaduras, golpes de Estado y violencia; al país que está interesado en afianzar su dominación en el continente americano para apoderarse de sus inmensos recursos de agua, petróleo, gas y otros, y detener el proceso de liberación nacional de los pueblos. Es apenas natural que los países sudamericanos se preocupen ante una amenaza de tales proporciones.
Las bases hacen parte de un plan de dominación continental y constituyen una plataforma militar lista para atacar a cualquier país de la región. En un primer momento, apuntan sobre Venezuela, Ecuador y Bolivia, países que avanzan en un audaz proceso democrático de liberación nacional, pero en cualquier momento pueden ampliar su objetivo sobre todo el subcontinente; su meta es apoderarse de sus gigantescos recursos de petróleo, gas, uranio, agua, tierras y bosques. Su sola presencia en Colombia crea una división en el continente y genera un clima bélico y de armamentismo en los diversos países.
Para gobiernos guerreristas como los de Washington y Bogotá, sería fácil exacerbar las diferencias políticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela y poner a sus ejércitos a pelear entre sí. Colombia haría el papel de punta de lanza para agredir a Venezuela, con el apoyo militar de Estados Unidos. Además de las siete bases militares ubicadas en Colombia, Estados Unidos ha sitiado a Venezuela con bases militares en Aruba, El Salvador, y la IV Flota. Teóricamente, podría ser una operación militar relativamente fácil para Estados Unidos, pero funesta para Colombia y Venezuela. Además de los terribles costos de muertes, sangre, destrucción, que implica toda guerra, esta sería la más torpe y criminal de todas, porque sería una guerra entre hermanos. Impensable por lo absurda. Colombia y Venezuela están unidas desde siempre por la geografía, la raza, la cultura y la historia, y nunca se podrán separar. Todo nos une, nada nos separa, decía el Presidente Eduardo Santos. Desde la llegada de los pueblos originarios, hace 30 milenios, hemos sido los mismos. En la época de la independencia, un ejército granadino, a órdenes de Bolívar, marchó a Venezuela en 1813, combatió por la liberación de ese país y allá se regó la sangre de muchos soldados granadinos; en 1819, un ejército venezolano y granadino, al mando de Bolívar, vino a luchar por la liberación de la Nueva Granada, ganaron la independencia y aquí se regó la sangre de muchos soldados venezolanos. Unos y otros combatieron por una causa común, la libertad, y construyeron una nación, Colombia la grande. Nuestro destino es el mismo. ¿Cómo luchar ahora entre nosotros por defender intereses de una potencia extranjera, esa sí enemiga de todos? Lo mismo hay que decir de la hermandad milenaria e indestructible entre Colombia y Ecuador.
Pero, además de Venezuela, Ecuador y Bolivia, los demás países sudamericanos también están en la mira del imperio. Estados Unidos vienen por el territorio, el petróleo, el gas, el uranio, el oxígeno, la biodiversidad, los recursos naturales y humanos de Sudamérica. Ya lo había dicho el Presidente Monroe desde 1823: “América para los americanos”; lo repitió el Presidente Polk en 1845 cuando dijo que “el destino manifiesto” de Estados Unidos era dominar todo el continente; lo reiteró después el Presidente Theodor Roosevelt cuando reconoció en 1914: “I took Panama”. Los países sudamericanos lo saben y, por eso, la noticia de la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia los alarma y preocupa.
Otros efectos ocasionados por la política guerrerista y divisionista de Estados Unidos en Sudamérica han sido el derrumbamiento del comercio internacional entre Colombia, Venezuela y Ecuador, con graves perjuicios para sus economías y en especial para las poblaciones fronterizas, y el comienzo de una política armamentista de algunos países, que temen, con razón, un eventual ataque militar del imperio. Esto ha sido un elemento de presión que empuja a los países a derivar valiosos recursos productivos, necesarios para los pueblos, hacia el sector improductivo de armamentos.

Con esa ayuda, el gobierno de Uribe sale beneficiado en cuanto obtiene un mayor respaldo político y económico de Washington que le facilitará su permanencia indefinida en el poder, reforzará su capacidad militar y obtendrá la aprobación del TLC, con el que espera enriquecer aún más a la burguesía colombiana.

Aunque los gobiernos de Estados Unidos y Colombia afirman que las bases militares estarán dedicadas únicamente a interceptar las rutas del narcotráfico y a perseguir grupos subversivos, la verdad es que su objetivo será mucho más amplia: es el objetivo político de consolidar la dominación imperial sobre el subcontinente.

que preconiza la “guerra preventiva” y ha desencadenado las guerras de Irak y Afganistán, que ha provocado más de un centenar de golpes de Estado en América Latina y en otros continentes,

Eso significa: primero, que el Estado reconoce que la Fuerza Pública colombiana --en este momento, integrada por cerca de 500.000 soldados y policías, la más grande de Sudamérica, incluso mayor que la de Brasil--, es incapaz por sí sola de dominar esas amenazas, y segundo, que decide compartirlo con una nación extranjera, en este caso, Estados Unidos.
En esas condiciones, la defensa del orden institucional, la independencia y la soberanía nacional de Colombia no está en manos exclusivamente de colombianos sino de dos fuerzas armadas: una nacional y otra extranjera, infinitamente más poderosa.

Curiosamente, la fuerza armada extranjera que entra a compartir el compromiso de la defensa de la independencia nacional con la Fuerza Pública colombiana, es la del mismo país que en 1903 nos arrebató el Istmo de Panamá.
Segundo. El hecho de que las nuevas bases militares sean de Estados Unidos, esto es, de la primera potencia militar del mundo, y del país abanderado del mundo capitalista, lo hace más preocupante aún porque implica que Colombia abandona su neutralidad –por lo menos teórica--, y queda comprometida desde ya a participar en todo conflicto internacional al lado de Estados Unidos.

Pero no sólo la presencia de tropas extranjeras y su corresponsabilidad en la defensa de la independencia y la soberanía nacional hacen precarios estos valores. El hecho de que esas tropas extranjeras sean de Estados Unidos, esto es, de la más poderosa potencia militar del mundo, del país más agresivo, del abanderado de la guerra preventiva y el que está desarrollando actualmente guerras injustas en Irak y en Afganistán, las convierte en una gravísima amenaza.

y algunos de ellos, como Venezuela y Brasil, con toda razón, han procedido a fortalecer su armamento. Uno de los efectos del establecimiento de las bases gringas en Colombia, es el armamentismo de la región. Inmensos recursos financieros, que podían solucionar graves problemas sociales como la pobreza, la miseria, la salud, la educación en sus respectivos países, son desviados hacia fines indeseados y negativos.

Ahora bien, si la independencia, la soberanía nacional y el orden institucional dependen, así sea en parte, de tropas extranjeras, ello quiere decir que esos valores no están suficientemente garantizadas, o sea, que su existencia es precaria.

Al renunciar al monopolio de la fuerza, el gobierno colombiano abdica de la soberanía nacional.

Así mismo, la política guerrerista, impulsada por Estados Unidos y apoyada por Colombia, afecta las relaciones comerciales entre los países de la región. Entre Colombia y Ecuador los intercambios comerciales han disminuido considerablemente, y entre Colombia y Venezuela han desaparecido casi por completo, con graves perjuicios económicos para las poblaciones de las zonas limítrofes y para las poblaciones nacionales en general.

El gobierno de Estados Unidos no establece siete bases militares para luchar contra el narcotráfico en Colombia porque no tiene sentido combatir el narcotráfico militarmente en Sudamérica; si estuviera realmente interesado en combatirlo, lo atacaría en su propio país, que es donde está la mayor parte de la demanda, raíz del problema; no está interesado en eliminarlo, sino en controlarlo; siempre ha sido su propio negocio que le deja gigantescas ganancias en su economía interna. Así mismo, para Estados Unidos la lucha contra la subversión colombiana es irrelevante. Sabe que es un problema local y que no podrá solucionarse por la vía militar, como se ha demostrado a lo largo de 60 años, sino por la vía negociada.
Por el contrario, el mantenimiento de esos problemas les conviene a los dos gobiernos. Al de Estados Unidos, el narcotráfico, además de producirle gigantescas ganancias económicas, le sirve de pretexto para intervenir militar y políticamente en los países productores y traficantes, y el problema de la subversión en Colombia le permite vender enormes cantidades de armamentos a este país y mantener alta su influencia militar y política en la región. Al gobierno de Colombia, por su parte, la lucha contra el narcotráfico le permite recibir la ayuda económica del Plan Colombia (US$ 700 millones anuales), y el problema de la subversión le sirve de amenaza para atemorizar al pueblo y mantenerse indefinidamente en el poder.

Al reconocer que las tropas nacionales son incapaces de defender por sí solas la independencia y la soberanía nacional, estos valores superiores dejan de existir. La presencia de bases militares extranjeras en el territorio nacional

La política divisionista y guerrerista de Estados Unidos ha tenido también otros efectos: el derrumbamiento del comercio entre Colombia, Venezuela y Ecuador, con graves perjuicios para los respectivos pueblos y, en especial, para las poblaciones fronterizas, y el armamentismo que ha surgido en varios países para tratar de defenderse de la amenaza que representan las bases militares estadounidenses apuntando sobre sus territorios.

La política imperial de Estados Unidos afecta también las posibilidades de integración latinoamericana. No hay que olvidar que la integración es el presupuesto indispensable para la independencia de la región y que Estados Unidos ha sido siempre su principal enemigo. Los diversos intentos de integración, como el Grupo Andino, Mercosur, Unión Centroamericana, han sido sus víctimas; han utilizado mecanismos como la OEA, el ALCA, los TLCs y ahora las bases militares, para romper los intentos de integración latinoamericana. UNASUR, el experimento de integración mejor estructurado hasta ahora, es su actual objetivo.